La crisis penitenciaria en el Perú ha alcanzado niveles críticos que ya no pueden ser ignorados bajo la retórica punitivista. Con una sobrepoblación que trepa al 151 % —albergando a más de 105 mil internos en una infraestructura diseñada para apenas 42 mil plazas—, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha presentado el "Plan Nacional de Deshacinamiento de los Centros Penitenciarios 2026-2028". Para profundizar en la viabilidad, los riesgos y los alcances de esta estrategia, Expresión conversó con el reconocido abogado penalista y docente universitario, Miguel Ángel Falla Rosado.
El especialista sostiene que el escenario actual no es producto del azar, sino la consecuencia directa de la ausencia de una política criminal coherente. Históricamente, el Estado ha respondido a la inseguridad ciudadana con una receta simplista: el aumento progresivo de las penas.
"Esta tendencia, que muchos operadores de justicia han adoptado como dogma, ha terminado por incrementar drásticamente la población penal sin que ello se traduzca en una mayor seguridad para la ciudadanía", sostiene el penalista.
Refiere que el hacinamiento es un "estado de cosas inconstitucional" que exige una revisión profunda, no solo de las normas, sino de la mentalidad con la que se administra la justicia en el país.
El abogado advierte que esta corriente punitivista, que dicta que todo ciudadano que comete una falta debe ser recluido, es financiera y operativamente insostenible. Falla Rosado pone sobre la mesa un ejercicio matemático revelador: mantener a un solo interno le cuesta al Estado aproximadamente 40 soles diarios. Si se proyecta esta cifra a 30 días, son de 1200 soles mensuales. Al multiplicar este monto por los 12 meses del año y proyectarlo a una condena de 30 años, el costo total por un solo interno asciende a cerca de 432 soles.
"Esos recursos, gestionados con eficiencia, podrían destinarse a cerrar brechas sociales, construir infraestructura en centros poblados abandonados o mejorar servicios básicos. En cambio, la cárcel termina siendo un depósito de gente donde, lamentablemente, se mezcla al delincuente común con el avezado, favoreciendo que la cárcel se convierta en una verdadera universidad del delito", reflexiona el experto.
La prisión preventiva
Uno de los puntos más críticos señalados por Miguel Falla es la desnaturalización de la prisión preventiva en el sistema judicial peruano. A pesar de que la ley establece reglas estrictas y la obligación ineludible de revisar estas medidas cautelares cada seis meses, en la práctica, la prisión preventiva se ha convertido en un anticipo de la pena.
"El juez, a menudo presionado por campañas mediáticas, el temor a ser cuestionado o la inercia de la costumbre, prefiere dictar la cárcel por encima de una comparecencia con restricciones. Se olvida que la medida cautelar no es un mecanismo para combatir la delincuencia de manera automática, sino una medida excepcional que requiere una motivación reforzada", explica.
El especialista enfatiza que si cada seis meses los jueces fueran realmente acuciosos en revisar si los motivos que originaron la prisión preventiva persisten, el panorama carcelario sería radicalmente distinto. "Si se revisan las prisiones preventivas con una mirada objetiva, se podría identificar a miles de personas que no requieren estar recluidas mientras dure su proceso", asegura.
Omisión de asistencia familiar
Dentro del plan de deshacinamiento, el tema de la omisión a la asistencia familiar emerge como un área donde el Perú requiere un cambio de visión. Falla Rosado sugiere mirar las experiencias regionales, como la de Ecuador o Chile, donde este delito no implica necesariamente el encierro tras las rejas de una cárcel común.
"En otros países, no se somete a la persona a un proceso penal paralelo que los envía a las cárceles con delincuentes avezados. Se utiliza el apremio personal, donde el juez de familia ordena reglas específicas: o paga la pensión o cumple con jornadas de trabajo o pernocte bajo supervisión. Esto permite que el deudor mantenga su capacidad productiva para cumplir con su obligación, algo que es imposible si están encerrados sin trabajar", detalla.
El penalista propone que el Perú debe transitar hacia un modelo donde el sistema familiar gestione el cumplimiento de la obligación alimentaria a través de mecanismos de control más inteligentes, como el uso de grilletes electrónicos, cuyo costo debería ser asumido por el propio deudor, o sistemas de semilibertad.
"Si logramos retirar de las cárceles a los miles de padres que hoy están ahí sin haber sido resocializados, no solo aliviaríamos el sistema, sino que tendríamos una política de justicia más humana y eficiente", argumenta.
Resocialización y el control judicial
Para el docente universitario, el mayor fracaso del Estado peruano es la ausencia de un plan real de resocialización. Aunque existen iniciativas en las cárceles, como los talleres productivos de calzado o carteras —donde muchos internos sustentan a sus familias desde el penal—, estas iniciativas son insuficientes.
"Se le quitó a la mayoría la posibilidad de redimir la pena por el trabajo o el estudio. Si no hay incentivos reales, ¿qué estímulo tienen para reformarse? Pensamos que la cárcel es la solución a todo, cuando en realidad debería ser utilizada solo en niveles extremos, bajo un cuidado y control exhaustivo", cuestiona Falla Rosado.
Enfatiza que el deshacinamiento no puede ser una medida automática ni un indulto masivo. El Instituto Nacional Penitenciario - INPE y el Poder Judicial deben realizar un filtro riguroso. "Debe haber un control judicial absoluto. Que se estudie caso por caso, con la presencia de la defensa y la fiscalía, para evaluar si el interno está preparado para acogerse a beneficios como la semilibertad. Los líderes de organizaciones criminales, los delincuentes avezados y quienes representan un peligro real para la sociedad no deben ser parte de este plan; ellos deben cumplir sus condenas íntegramente, pues la seguridad de la sociedad es innegociable", asevera con firmeza.
Madurez democrática
Hacia el final de la entrevista, Falla Rosado abordó el clima de incertidumbre política que atraviesa el Perú, marcando distancia de las narrativas de fraude electoral. Si bien reconoció que el proceso ha estado plagado de errores operativos que deben ser sancionados con todo el peso de la ley —porque la corrupción y la negligencia no pueden quedar impunes—, fue enfático en señalar que tales falencias no equivalen a un fraude sistémico.
"Debemos pasar la página. Los países vecinos y los inversionistas nos están mirando. La falta de seguridad jurídica es el peor enemigo de nuestra economía y del desarrollo que el país necesita", advirtió.
Miguel Falla sostuvo que en un país donde la pobreza y el desempleo crecen, la prioridad debe ser la estabilidad y el fortalecimiento de las instituciones.
"Necesitamos encaminar al país con responsabilidad y madurez. El Perú, pese a todo, se mantiene en pie, y es deber de todos, desde la academia hasta la política, trabajar para que los próximos años ofrezcan mejores oportunidades para todos", sentenció.
