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CON LA VERDAD NO OFENDO NI TEMO: ¿QUÉ PASA EN EL MINISTERIO PÚBLICO?

Escribe: Semanario Expresi├│n
Edición N° 1043

El ministerio Publico, si bien no es uno de los poderes del Estado, ni parte del Ejecutivo ó gobierno central, si es constitucionalmente autónomo (Artículo 158° de la Constitución). Y por ende responde institucionalmente por las acciones que realizan sus funcionarios, en este caso las realizadas por  sus fiscales destinados a perseguir el delito y a su vez velar por la legalidad y los derechos humanos de las personas incluidas las que son por ellos mismos perseguidas

 

Aunque resulte difícil de entender, el mandato constitucional obliga al fiscal como un ente perseguidor del delito y acusador del transgresor de la ley (en los procesos penales) y, a la vez, es el mismo fiscal el  responsable de velar por la integridad física y los derechos del inculpado.

 

Este mandato indica que ante una denuncia, el fiscal debe  investigar,  y solo si se comprueba la comisión de un delito, está obligado a denunciar los hechos ante un Juez. Esto exige a que el funcionario fiscal debe estar preparado para realizar una correcta valoración y/o ponderación de las denuncias ciudadanas o las que se puedan conocer a través de los medios de comunicación - noticia criminis-  a fin de evitar judicializar a personas mal denunciadas y/o victimas de vendettas y/o percepciones erradas. 

 

El Fiscal no sólo debe de verificar que existen indicios corroborados de la comisión del delito, sino que se haya identificado al autor, que el hecho constituye delito y que el mismo no haya prescrito, garantizando así al denunciante y a la vez al  imputado  el  respeto a los principios de igualdad y legalidad, entendiendo la legalidad como defensa de la juricidad. Por eso, con el mismo rigor que persigue el delito (inciso 4° del artículo 159° de la Constitución) debe de velar por los derechos que otorga la misma constitución al inculpado, es decir, el respeto a la presunción de inocencia y a un debido proceso.

 

Por lo expuesto debo desde esta tribuna mostrar extrañeza  ante la falta de congruencia con la que se llevan alguno de los casos investigados bajo la ley de crimen organizado en los que evidentemente se generalizaron imputaciones y meten en un solo saco a tirios y troyanos.

 

 El caso más evidente es el del arquitecto Jorge Incháustegui Samamé que pasó casi tres años recluido en el penal y ha sido absuelto de los cargos de pertenecer a una organización criminal. Y nadie del Ministerio Público  entidad que por mandato constitucional ejerce la defensoría de la legalidad, se ha pronunciado por sus derechos.

 

Pero eso no es todo pues el martirio para el continua puesto que el Ministerio Publico ha presentado un recurso de apelación pretendiendo anular la sentencia judicial que lo absuelve y para ello sustenta la comisión de delitos en supuestas irregularidades administrativas sucedidas durante el periodo en que el Arq. Incháustegui fue gerente de urbanismo de la MPCH.

 

El área de investigación de expresión ha podido acceder a la apelación presentada por el Ministerio Publico y sin mayor esfuerzo que una simple constatación hemos podido verificar terribles incongruencias que evidencian deficiencias que atentan contra la legalidad y la juricidad con la que se debe manejar un proceso donde se define la libertad de una persona. Y al respecto en esta edición estamos haciendo un amplio informe de cómo el Ministerio Público investigó y solicito la pena privativa de la libertad por 36 meses para Inchaustegui Samamé.

 

Por ejemplo el Ministerio Público acusa al ex funcionario de haber favorecido a una contribuyente que realizo un trámite de finalización de obra sin cancelar los derechos correspondientes, se trataría de la señora Mónica  Montoya Ramos, y lo afirman porque en el expediente que obra en el archivo no está físicamente el recibo, pero en el transcurso de los más de tres años de investigación el Ministerio Público no preguntó al área responsable de la recaudación es decir al ex Satch si el pago se realizó o no. Este medio periodístico realizó la consulta y recibió copia del recibo cancelado por Mónica Montoya para el trámite de finalización de obra. El mismo que acompaño en esta Mi Expresión.

 

El Ministerio Público acusa también al arquitecto Jorge Incháustegui de permitir la construcción de edificaciones mayores a los cinco niveles cuando existía una norma que lo prohibía. Lo cierto es que desde el año 1999, existe el acuerdo municipal N° 022-99-MPCH/A que determinó que la altura de edificación se calcula en concordancia al ancho de la vía, y así lo ha corroborado el juez que absolvió a Incháustegui de los cargos. 

 

Sin embargo es relevante mencionar la incongruencia de esta imputación en razón de que el Texto Único de procedimientos administrativos  TUPA de la MPCH establece el procedimiento para el trámite de licencias de edificaciones mayores a cinco niveles, y siendo esta la principal imputación, resulta reveladora  la nula actividad de investigación o voluntad de incriminación maliciosa el hecho de que el mismo Ministerio Publico funciona en un edificio de seis niveles y peor aún la fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios y las de crimen organizado funcionan en los pisos seis, siete, ocho y nueve de un edificio ubicado en la avenida Luis Gonzales conforme lo ha constatado este medio periodístico.

 

Por lo expresado y constatado  podemos concluir que por la naturaleza  jurídica del Ministerio Público, y por haberse convertido en la institución que tiene el monopolio de la acusación, es importantísimo evaluar y reforzar en forma permanente el perfil de funcionario fiscal,  Puesto que su imparcialidad, su compromiso y la defensa de la juricidad resulta esenciales para la tranquilidad ciudadana de una buena justicia.

 

Mayor razón encontramos a nuestro análisis sin tenemos en cuenta que según Decreto Supremo N° 330-2013-EF  establece que la remuneración de un Fiscal Provincial asciende a 14,394.66 nuevos soles y la de un fiscal adjunto provincial a 9,286.88 , lo que nos lleva a calcular rápidamente que solo en remuneraciones en el caso Los limpios de la Corrupción cuyos fiscales están asignados a dedicación exclusiva, en el periodo transcurrido y solo en remuneraciones la inversión ya superaría los 3 millones de soles, pero eso será motivo de otra investigación de Expresión.

 

Aquí nos anima solo a aproximarnos a la verdad, a cruzar información, a preguntar a quienes han estudiado derecho y conocen del tema a profundidad. En Expresión apoyaremos y haremos nuestra toda denuncia fundamentada que acabe con el delito venga de donde venga, pero también seremos firmes en defender a cualquier ciudadano cuyos derechos se atenten en nombre de la “justicia”.  Seguiremos ejerciendo aquí en nuestro hebdomadario la libertad de expresión como valor supremo que en una sociedad libre y democrática  y se leve proteger a esta libertad de expresión frente a cualquier gobierno y poder porque de esta manera estaremos más cerca del ciudadano de a pie quien ve en los medios de comunicación y en los periodistas la reserva moral de una sociedad como la nuestra.

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