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El Colegio de Ingenieros del Perú cumple 59 años de presencia en Lambayeque, siendo en la actualidad la orden con mayor número de colegiados, a sumar a más de 21 mil profesionales. Su decano, Pedro Reyes Tassara, resalta el rol técnico de la institución y cómo esta se involucra en la solución de los problemas que afectan a la sociedad local.
El 22 de febrero pasado Reyes Tassara asumió la conducción del colegio, siendo uno de sus objetivos continuar con la mejora de los servicios a los asociados y sus familias, así como consolidar la institucionalidad del CIP Lambayeque.
Esto último se ha concretado al cierre de la presente edición, luego que la Zonal Registral II Chiclayo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Sunarp, extendiera la Anotación de Inscripción Título n.° 2025-02165229, inscribiendo en la Partida n.° 11321732 al Consejo Directivo 2025-2027.
El CIP Lambayeque cuenta con seis directivos, una asamblea conformada por 20 integrantes y ocho capítulos profesionales. Además, 13 comisiones técnicas especializadas con planes de trabajo.
Situación regional
Siendo la orden que agrupa a los profesionales de la ingeniería, el CIP, a través de su decano, hace pública su preocupación por la situación actual de Lambayeque, como departamento, así como de las provincias y distritos, debido a la ausencia de obras de gran impacto para el desarrollo y la productividad, lo que limita las posibilidades de bienestar social.
Esta realidad ha motivado a que las comisiones técnicas se orienten a evaluar y proponer alternativas viables a situaciones complejas como la presentada con el Proyecto Olmos, el Terminal Portuario Regional, la Autopista el Sol, la ampliación del aeropuerto de Chiclayo y el drenaje pluvial, proyectos que son materia de análisis por la Comisión de Grandes Proyectos.
“Semana a semana nos reunimos con los representantes de las diferentes instituciones, tanto del gobierno nacional, como regional y local. De ahí, por ejemplo, que hemos manifestado nuestra preocupación junto a los 25 colegios profesionales de Lambayeque que conformamos el Consejo Regional de Decanos – Conrede, donde tenemos la vicepresidencia, respecto a los proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN, debido a la falta de presupuesto. Asimismo, nos hemos pronunciado por la proximidad del vencimiento de la concesión del trasvase Olmos, exhortando al gobierno nacional a tomar una decisión entre las alternativas que existen para evitar que el proyecto se paralice. La posición del CIP, como la de los demás colegios, es imparcial y defiende únicamente los intereses de Lambayeque”, asevera Reyes Tassara.
Entre las actividades destacan también visitas técnicas, como la realizada recientemente al distrito de Tumán, debido a las demoras en la rehabilitación del puente que conecta a dicha localidad con Chiclayo y el riesgo que existe por la instalación de alcantarillas que han reducido el ancho del cauce del río Túman.
“La mayoría de los puentes de todo el departamento tienen una existencia que supera los 50 años, presentan situaciones de riesgo, y por ello hemos cursado escritos a las instituciones correspondientes pidiendo la elaboración de expedientes y la ejecución de obras nuevas”, manifiesta.
Actividades desarrolladas
A través de la Comisión de Riesgos de Desastres, el colegio ha realizado un foro internacional a fin de preparar a los profesionales de diferentes sectores ante eventos que puedan ocasionar escenarios críticos en Lambayeque, teniendo como experiencias previas el fenómeno El Niño y el ciclón Yaku.
“Como parte de estas iniciativas, hemos logrado suscribir un convenio con el Centro de Altos Estudios Nacionales – CAEN, para que los profesionales de la orden puedan acceder a estudios de maestría, doctorado y cursos de especialización en Gestión de Riesgos y Desastres. Del mismo modo hemos suscrito convenios con universidades locales y nacionales, y pronto lo haremos a nivel internacional, siempre apuntando a la mejora de la capacidad de nuestros ingenieros”, refiere.
El CIP ha buscado acercamientos con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel, para alcanzar sus aportes técnicos ante la ejecución del expediente de saldo de obra del proyecto de los emisores principales de Chiclayo, recientemente adjudicada, así como ante la paralización del proyecto de agua y alcantarillado de los pueblos jóvenes carretera a Pomalca, obra que tiene el 86 % de avance.
Al respecto, Pedro Reyes menciona que con la Comisión de Saneamiento se evalúa ambas situaciones, por lo que se ha solicitado a la empresa del agua que exponga con detalle en qué estado se encuentran los proyectos a su cargo, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.
“Nuestra exhortación es que los expedientes técnicos sean bien ejecutados, precisamente para evitar contingencias futuras como la paralización de las obras con inconsistencias. Del mismo modo, nuestra exigencia es que tanto ejecutores como supervisores garanticen calidad y capacidad técnica, con socialización entre la comunidad. Una alternativa que hemos propuesto es que entidades como Epsel convoque a nuestro colegio o del Colegio de Arquitectos para la revisión de expedientes previa a su aprobación, a fin de que se asegure una buena ejecución de obras”, comenta.
Añade que ese pedido también se ha expresado a las autoridades regionales y municipales, en tanto la orden mantiene activos su centro de arbitraje y Junta de Resolución de Disputas.
“Con las autoridades locales también tenemos acercamiento. En el caso de la comuna de Chiclayo, hemos acompañado en las inspecciones técnicas a los centros comerciales y al Mercado Modelo, para evaluar la situación de los aleros y situaciones de riesgo. También se han coordinado acciones sobre pistas y veredas, el cambio de la red de alcantarillado, el terminal terrestre y tratamiento de los residuos sólidos”, detalla el decano del CIP Lambayeque.
Consolidación institucional
En lo que va de la gestión 2025-2027, la orden ha incorporado 1165 colegiados, siendo el Consejo Departamental de Lambayeque el tercero a nivel nacional con mayor número de asociados.
Recientemente, el colegio desarrolló una feria de innovación tecnológica, confirmando su acercamiento con la academia, que es uno de los aliados importantes en los que se apoya la gestión que lidera Reyes Tassara.
“Con el registro ante Sunarp, recién a partir de ahora nuestra gestión tendrá acceso a las cuentas del colegio, pues durante este tiempo hemos cubierto las actividades y necesidades más elementales de la institución con los ingresos directos en caja. Eso significa que ha habido un ahorro importante y ahora sí estaremos en condiciones de emprender algunas acciones planificadas, como la continuidad de la construcción de la Clínica del Ingeniero”, refiere.
Pedro Reyes añade que se han mejorado las plataformas de atención virtual, así como los canales informativos del colegio. En los próximos días se ampliará el horario de atención virtual los sábados y domingo para que se puedan tramitar pagos y certificados de habilidad, todo en tiempo real.
En el marco del 59.° aniversario de la orden, se han realizado hasta el momento 50 conferencias técnicas, con la participación de los capítulos profesionales y comisiones.
El decano anuncia, además, que se ha creado dos nuevos capítulos profesionales: Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Minas y Metalurgia, cuya documentación ya se encuentra en el consejo nacional.
“Uno de los anuncios más importantes de ese aniversario es que vamos a relanzar la segunda etapa de la clínica, para lo cual se trabaja en la actualización del expediente y de los costos, que como es lógico han variado. Es un proyecto que debe continuarse, previas las gestiones correspondientes-. Lo que queremos es poner en funcionamiento los primeros niveles para que los ingenieros y sus familias puedan empezar a recibir atención”, enfatiza.
El 2 de agosto venció el plazo para que los partidos políticos presenten su solicitud de inscripción de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones - JNE. Se elevaron cinco peticiones, de las cuales una desistió en el camino. Hasta la fecha, ninguna alianza se encuentra formalmente inscrita, señala Jorge Valdivia Javier, coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, puesto que aún se encuentran, o subsanando observaciones, o resolviendo tachas.
“De las cinco solicitudes que se presentaron, la integrada por Ahora Nación y Salvemos al Perú desistió. Esa alianza ya no va. Las que están más avanzadas son las de ‘Unidad Nacional’ y ‘Fuerza y Libertad’, cuyas tachas que se presentaron en su contra ya fueron resueltas por la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, pero han sido apeladas y estamos a la espera del pronunciamiento final del pleno del JNE”, señala Valdivia Javier, quien agrega que la alianza del ‘Frente de Trabajadores y Emprendedores’ todavía está en una etapa de subsanación de observaciones.
En consecuencia -afirma- a la fecha sigue habiendo 43 partidos políticos, cifra que podrá disminuir en la medida en la que las alianzas logren su inscripción, cuya fecha límite para su conformación es el 1 de septiembre.
Valla electoral
El especialista explica que existen dos umbrales electorales: el referido a la distribución de escaños y el concerniente a la cancelación de la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. En el caso de esta última, señala, la valla incrementará en 1 % solo si la alianza está conformada por más de dos agrupaciones.
“Si hablamos de tres partidos en adelante, se aumentará 1 % al 5 % de votos válidos que tiene que lograr la alianza a nivel nacional. Esto será independientemente del número de partidos que la conformen. Esto sí ha cambiado, porque antes sí incrementaba en 1 % según el número de partidos que se iban sumando, pero ahora no. De tres en adelante solo se aumentará 1 %”, manifiesta.
En cuanto a la valla para la distribución de escaños, señala que la agrupación política o alianza electoral debe lograr no menos del 5 % del número legal de miembros. Es decir, tres para el Senado y siete para la Cámara de Diputados. Además, deben lograr el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva cámara.
Publicidad estatal
De otro lado, Pedro Ramos Moscaiza, asesor legal de la Gerencia General del JNE, señala que el pasado 12 de marzo se publicó la Resolución n.° 112-2025- JNE, la cual define el reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en período electoral. Precisa que, convocadas las elecciones, se prohíbe la publicidad estatal, salvo dos excepciones: por utilidad pública o por impostergable necesidad.
Además, señala que en esta publicidad no debe haber semejanza de colores con la organización política del funcionario o autoridad y que tampoco puede identificársele, ya sea por voz, nombre o cargo.
Ante una situación de este tipo, los fiscalizadores del JNE comunicarán el hecho al Jurado Electoral Especial de la zona, a fin de que pueda determinarse una sanción para el funcionario que incurra en la violación de esta norma.
“De igual forma, convocadas las elecciones, todo funcionario o servidor público está obligado a mantener el principio de neutralidad, que quiere decir ser imparcial. Esto está enmarcado en el Artículo 31, penúltimo párrafo, de nuestra carta magna, en el Código de Ética de la Ley de Servicio Civil y en el Decreto Supremo n.° 054-2025 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Están puestas las reglas de juego en las cuales todo funcionario público o servidor está prohibido de usar, por ejemplo, sus redes sociales con la finalidad de inclinar la aceptación hacia su organización política. Es su deber de ellos ser imparciales en el marco de un proceso electoral”, menciona.
Fact checking
En tanto, Gianmarco Vila Solano, miembro del equipo de fact checking del JNE, comenta que, desde el 2021, a raíz de la propagación de fake news (noticias falsas), el JNE creó un Comité de Fact Checking para verificar la información electoral que se difunde en redes sociales y poder desmentirla cuando se trate de hechos que no se ajustan a la verdad.
“Desde la convocatoria de las elecciones en marzo de este año, hemos emitido más de 150 alertas de desinformación. Esto se debe a que realizamos un monitoreo constante de las redes sociales, viendo diversos temas como neutralidad, publicidad estatal, propaganda electoral y encuestas. Por ejemplo, hay encuestas que no cumplen con los requisitos, las fichas técnicas. Se están evaluando todos estos temas para ayudar a la ciudadanía a que no caigan en estos fakes news”, menciona el comunicador.
Apunta que las redes sociales donde más abunda la desinformación son X (antes Twitter) y en Facebook. No obstante, su monitoreo alcanza Tiktok, Instagram y plataformas de streamming como YouTube y Kick.
“Estamos realizando un trabajo colaborativo con las Big Tech (grandes empresas tecnológicas) como Google, Facebook, Meta y TikTok, que algunas tienen oficinas en Perú y otras en Latinoamérica, para que nos brinden la capacitación constante para realizar este monitoreo y poder contar también con un software que permita hacer esta labor de forma masiva, ya cuando la campaña electoral sea más intensa”, sostiene.
Explica que el Comité de Fact Checking sigue un protocolo y una metodología específica para la verificación de datos, basada en el cumplimiento de ciertos requisitos. Por ejemplo, no verifican sátiras o publicaciones que vengan de trolls (cuentas falsas), así como tampoco de temas que estén en curso como un trámite jurisdiccional que todavía no tiene un veredicto final, una resolución.
Comenta que este año han verificado desinformaciones relacionadas a vacancias de autoridades y a la suplantación de identidad de magistrados del JNE.
“Hemos verificado desinformaciones sobre cobros por Yape a autoridades que estaban inmersas en procesos de vacación y suspensión. También hemos verificado una información sobre el papa León XIV, de quien circulaba una cadena que señalaba que estaba afiliado a un partido político, lo cual se desmintió. En la plataforma del Registro de Organizaciones Políticas, que es de acceso público, los ciudadanos pueden verificar la afiliación de determinada persona a un partido político. Se ha desmentido también que se estén cocinando fraudes o campañas contra los posibles candidatos”, manifiesta.
Agrega que el trabajo colaborativo con las Big Tech les ha permitido reportar las cuentas que desinforman, como ha ocurrido en los casos de suplantación de identidad. La comunicación directa con Meta en el Perú permitió bloquear estas cuentas que suplantaban, con fotos, la identidad de funcionarios y miembros del pleno del JNE. Lo mismo se hizo con las cuentas que extorsionaban a las autoridades. En estos casos se procedió también a hacer la denuncia ante el Ministerio Público.
“Ya en la campaña electoral en sí vamos a poder identificar rápidamente estas cuentas para bloquear la fuente de desinformación”, enfatiza.
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Uno de los retos, no solo en Lambayeque, sino en el Perú, es reducir la tasa de anemia. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – Endes 2024, el índice de anemia en el Perú es de 43.7 %, cifra que incluso se incrementó respecto a la data del 2023, donde se registraba un 43.1 %. En regiones altoandinas como Puno, la situación es aún más dramática, alcanzando un 70.7 %. En Lambayeque, felizmente, las cosas han cambiado. Según refiere el gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, al último corte de este año, el índice de anemia se sitúa en 24.5 %, nueve puntos menos a lo que determinó la Endes 2024 para la región.
“La Endes 2024 dijo que Lambayeque tenía 33 % de anemia, pero con el trabajo articulado y la inversión que venimos haciendo ya estamos en 24.5 %, según la estadística de la Gerencia Regional de Salud. Esto se debe también al trabajo de los coordinadores regionales que han hecho una revisión exhaustiva de los datos, porque pasaba que había niños que ya estaban diagnosticados con anemia y venían al mes para su control y -en vez de ponerle ‘repetitivo’- le ponían ‘definitivo’, lo que hacía que el mismo niño apareciera como si fueran dos niños con anemia en la región”, señala.
Apunta que la corrección de esta información ayuda a que desde el gobierno central se puedan adoptar mejores estrategias normativas para controlar la anemia en la región.
Empresa privada
Asimismo, el titular del sector Salud en Lambayeque señala que el apoyo de la empresa privada también ha sido fundamental en la labor de disminución de la anemia. En esa línea, la Gerencia Regional de Salud celebró recientemente un convenio con la empresa Hortifrut, a fin de reducir esta afección en la población de Olmos.
Señala que este convenio surge como consecuencia de uno anterior que tuvo efectos positivos el año pasado, cuando trabajaron con una población de 338 niños con anemia de Olmos, de los cuales, luego de siete meses de seguimiento, se logró reducir la anemia en el 85.5 %.
“Esta prácticamente es una segunda fase de lo que ellos (Hortifrut) ya vienen trabajando. A las familias de los niños se les otorgará una canasta de alimentos, entre los que estará incluido el arroz fortificado, algo que venimos impulsando en nuestra región desde que se creó la Ley de la Fortificación de Alimentos. En esta nueva etapa, la empresa está contratando también a un profesional de nutrición y está implementando equipos de cómputo para ayudarnos con el seguimiento de los niños en su consumo de hierro y otros alimentos”, señala.
El gerente explica que, en este nuevo convenio, la empresa se ha proyectado trabajar con 400 niños. Una de las metas será también reducir el índice de deserción, puesto que el año pasado hubo un 5 % de niños, cuyas familias abandonaron el programa de reducción de anemia.
Arroz fortificado
Yonny Ureta explica que el arroz fortificado es mucho más nutritivo que el arroz tradicional, dado que contiene vitaminas y minerales tales como hierro, zinc, tiamina, niacina, folatos, vitamina A, vitamina B1, entre otros. Y su costo es, en promedio, de solo 0.40 céntimos más.
“Sabemos que para algunas familias 0.40 céntimos es realmente mucho en sus hogares, pero a la larga, si ven costo-beneficio, es mucho más económico, porque hoy los hospitales están hacinados, no hay espacio y el desarrollo de un niño con anemia no es el mismo”, menciona.
Pone de ejemplo que, si una familia antes compraba dos kilos de arroz, puede reducir y comprar solo kilo y medio si se trata de arroz fortificado, pues -aunque la porción en el plato sea menor- lo que está ingiriendo el niño es mucho más nutritivo.
“En vez de estar comiendo dos kilos de arroz, que a la larga solo me va a engordar, mi niño puede comer kilo y medio de arroz, pero fortificado, que tiene un porcentaje realmente importante de hierro. Incluso la cantidad de agua que se usa es menor. Normalmente es taza y media de agua por taza de arroz, pero con el arroz fortificado es igual cantidad de agua que tazas de arroz”, precisa.
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En el Perú persiste una brecha de médicos que no ha podido cerrarse. Según datos del Ministerio de Salud, solo hay 17 médicos por cada 10 mil habitantes. Y en el primer nivel de atención, solo cuatro. En cuanto a médicos especialistas, se tienen 42 profesionales por cada 100 mil habitantes. Para paliar esta brecha, la oferta educativa de la carrera de Medicina en el Perú se incrementó exponencialmente en los últimos años, sin embargo, esto no ha ido acorde a la calidad en la formación de los médicos, lo cual se ve reflejada en la poca capacidad resolutiva que hay en el primer nivel de atención, según opinión del Colegio Médico del Perú.
Al respecto, Pedro Riega López, decano nacional de la orden profesional y decano presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, señala que en el último quinquenio se incrementó el número de estudiantes de Medicina en 40 %; mientras que en las regiones de la costa norte es casi el doble.
Lambayeque
En tanto, Humberto Rosas Lavado, decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VIII, señala que en Lambayeque hay 3.8 galenos por cada 1000 habitantes y cuatro universidades, tres privadas y una pública, que ofrecen la carrera de Medicina.
“En Lambayeque egresan un aproximado de 600 médicos al año para hacer su Serums (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud), cifra que genera una desproporción entre lo que sale y lo que ofrece el campo clínico. Esto condiciona a que, en su último año de formación, el estudiante deba hacer su internado en establecimientos de la periferia, que no son apropiados. Eso preocupa mucho. El 60 % hace su internado en lugares que no son adecuados, cuando el internado debería ser intrahospitalario, es decir, dentro de un hospital. No se está garantizando que el médico que sale de las universidades tenga la suficiente capacidad para resolver los problemas de salud de la sociedad”, señala Rosas.
Propuesta
En ese marco, Pedro Riega señala que el Colegio Médico del Perú, con la iniciativa legislativa que tiene, está proponiendo una norma que ajuste los estándares y las características de la formación médica.
“Hoy tenemos más de 60 mil estudiantes de Medicina y cada año egresan 5500, y esto va en incremento, pues este año se aprobó por ley la creación de múltiples universidades, las cuales van sin presupuesto, condiciones ni garantías. En Lambayeque, el incremento por año de estudiantes de medicina ha sido prácticamente el doble que el de otras regiones. No se puede crecer desmesuradamente”, manifiesta.
Indica que la primera propuesta es que el licenciamiento universitario, que actualmente es permanente, tenga mecanismos de verificación periódicos para la carrera de Medicina, de tal manera que se garanticen las Condiciones Básicas de Calidad y, cuando estos no se cumplan, la universidad pierda la autorización para convocar a nuevos procesos de admisión.
“En segundo lugar, proponemos que la acreditación de las facultades de Medicina, que actualmente es obligatoria por ley, realmente lo sea, porque en la práctica no se está cumpliendo. Falta una reglamentación adecuada que garantice, que aquellas facultades que se acreditan mantengan los espacios clínicos de formación en los hospitales”, apunta.
Como tercer punto, plantea que exista un examen para todos los estudiantes que están próximos a egresar, evaluación que cuente con un nivel necesario que garantice los estándares de calidad que todo médico debe reunir para obtener su título profesional.
“También es necesario el fortalecimiento del internado y el cumplimiento del perfil médico que necesita nuestro país, el cual debe estar orientado al primer nivel de atención. Actualmente la formación está orientada solo para las especialidades”, menciona.
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Chiclayo fue sede del XI Congreso Médico Nacional, desde donde se lanzó la propuesta para ajustar los estándares de la formación médica.
