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  • El decano del Colegio Médico de Lambayeque permaneció 35 días intubado en UCI.

El decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VIII, Manuel Soria Alvarado, ha combatido al COVID-19 desde los dos frentes: como galeno y como paciente. Tras 10 meses luchando de bata blanca contra el mortal virus, el 14 de enero de este año se contagió junto a otros cinco médicos que conformaban el Comando COVID. Él llevó la peor parte, pues estuvo 35 días intubado en estado de coma. Sin embargo, salió airoso de esta batalla y hoy se encuentra nuevamente dando la lucha en los hospitales. En exclusiva para Expresión, el galeno cuenta su testimonio.

“Quien habla es un sobreviviente del COVID-19 grave. Me contagié el 14 de enero junto a cinco médicos más. Todos estuvimos graves, pero yo llevé la peor parte, ya que estuve 35 días intubado en estado de coma, pero tengo que agradecerle a mi hija y colega Teresa, quien con el apoyo de mi orden profesional me logró evacuar a Lima para salir de esta etapa. Agradezco a dios por esta segunda oportunidad, por eso hoy me entrego en cuerpo y alma para defender a la comunidad lambayecana y evitar que haya más muertes por este virus”, sostiene.

Tercera ola

Lamentablemente, no todo el personal de salud ha salido airoso de la batalla frente al COVID-19. Soria Alvarado indica que a nivel nacional han fallecido 515 médicos en lo que va de la emergencia sanitaria, mientras que en Lambayeque fueron 19. En virtud de ello, exhorta a la población a mantener las medidas de bioseguridad y acudir a la vacunación, sobre todo ahora con la llegada de diferentes variantes al Perú como la Delta y la Mu.

Apunta que, si bien en este momento existe un silencio epidemiológico, pues la curva de contagiados y fallecidos ha disminuido considerablemente, se presenta un escenario peligroso, pues hace dos semanas se detectaron 25 casos de la variante Delta y hoy ya suman 185 en 12 departamentos del Perú. Similar situación ocurre con la variante Mu, surgida en Colombia, y que habría ingresado por la frontera con dicho país.

Soria Alvarado descarta que el Perú haya ingresado a una tercera ola del COVID-19, pues para ello se necesita que haya un incremento sostenido de contagios durante 15 días. Ergo, señala que las autoridades deben aprovechar este tiempo para aplicar las estrategias nacionales y regionales a fin de enfrentar con éxito la tercera ola cuando esta llegue.

Medidas

El galeno señala que se debe establecer una sola plataforma con un plan estratégico en el que se articule al Comando COVID y al Consejo Regional de Salud, presidido por el gerente regional de Salud, y que integre a todos los organismos del subsistema nacional de salud como el Ministerio de Salud, El Seguro Social de Salud – EsSalud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales, el sector privado y la sociedad civil organizada.

A ello añade, como principal medida en el caso de Lambayeque, el incremento del ritmo de vacunación para arribar a la inmunidad comunitaria o de rebaño. Explica que para llegar a esta etapa se conjugan dos factores: el porcentaje de pacientes contagiados y el de inmunizados, los cuales en conjunto deben alcanzar el 90 %. A nivel nacional, la cifra de infectados alcanza el 52 %, mientras que los vacunados el 25 %. En Lambayeque es aún menor, solo del 18 %.

“Este silencio epidemiológico nos permite implementar las estrategias principales como rectificar los errores de la primera y segunda ola. Debemos abrir con fuerza el primer nivel de atención y potenciarlo. Por eso en el Consejo Regional de Salud hemos tomado la decisión de que todo el presupuesto COVID que no se ha gastado sea implementado rápidamente en estos días para poner operativos todos los puestos y centros de salud, que deben ampliar su horario de atención a 12 horas y en los que son cabeceras de microrred hasta 24 horas”, asevera.

Equipamiento

Soria Alvarado agrega que se debe contratar a más personal de salud para cerrar la brecha en cuanto a médicos, enfermeras, técnicos y tecnólogos médicos. Además, se deben abrir triajes diferenciados en el primer y segundo nivel para cubrir la demanda de los pacientes no COVID, que fueron desatendidos en las dos olas anteriores: hipertensos, diabéticos, hipertiroideos, hipotiroideos, oncológicos, entre otros.

Refiere que los centros de salud del primer nivel también deben contar con equipos idóneos, tales como oxímetros de pulsos y balones de oxígeno con logística de recambio inmediata para que los pacientes no lleguen a una situación grave.

De igual forma, indica que se debe incrementar el número de diagnósticos con pruebas serológicas y moleculares, que permitan hacer el aislamiento y seguimiento comunitario. Menciona como ejemplo el paciente cero de la variante Delta detectada en Pimentel, con quien se realizó un cerco comunitario epidemiológico.

“Una vez que se ha reforzado el primer nivel tenemos que pasar al segundo nivel. Los hospitales COVID deben tener camas, balones de oxígeno y centros de alto flujo que eviten que los pacientes lleguen a un mayor deterioro. Y, si bien necesitamos camas UCI, a diferencia de la primera y segunda ola del COVID-19, el problema principal en la tercera ola ya no será la falta de camas UCI, sino la vacunación y las medidas preventivas”, sostiene.

En ese marco, exhorta al nuevo gerente de la Red Prestacional Lambayeque, Max Mejía Salazar, a que haga una convocatoria de ancha base en la que incluya a los sindicatos, gremios, federación de jubilados y colegios profesionales para hacer frente a la futura tercera ola. Asimismo, le llama a establecer la meritocracia para los cargos directivos y las jefaturas en los hospitales de EsSalud, a fin de disminuir la corrupción.

Vacunas

Por otro lado, Soria Alvarado destaca la llegada de más de 143 mil dosis de vacunas durante la última semana a Lambayeque, lo cual representa un avance respecto a semanas anteriores en las que el flujo de fármacos oscilaba entre 20 mil y 40 mil dosis.

“Hemos dicho como Colegio Médico que no podemos recibir menos de 150 mil vacunas semanales, que significan 41 puntos de vacunación con horario extendido hasta las 11:00 de la noche. Además, tenemos que cerrar la brecha de vacunación en los pacientes de 40 y 50 años que no han recibido su segunda dosis. Debemos hacer la búsqueda activa de casos, lo que significa que las brigadas de salud deben ir casa por casa de los pacientes que les falta segunda dosis y de aquellos que no se han vacunado, pues el movimiento antivacunas es muy peligroso”, anota.

Refiere que el movimiento antivacunas a nivel mundial no pasa del 5 %, mientras que a nivel nacional no llega al 3 % y en Lambayeque al 2 %. Aunque las cifras son bajas, asegura que es precisamente por las personas que no se han vacunado que aparecen las nuevas variantes del COVID-19.

“Por eso les pedimos a todas las personas que se vacunen, que no tengan temor. Históricamente las vacunas son indemnes, ayudan. Por eso a los niños los vacunamos cuando son recién nacidos. La vacuna contra el COVID-19 no evita que uno no se contagie, pero sí que el paciente agrave y pueda morir”, resalta.

+ NOTICIAS:

  • Manuel Soria destaca que a nivel nacional el Colegio Médico ha solicitado la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para los galenos, pues se ha documentado que después de los seis meses la inmunización de la vacuna desciende.
  • Como decano regional, señala que está en contra de la apertura de cines, bares y establecimientos concurrencia masiva.

MANUEL SORIA ALVARADO: “Soy un sobreviviente del COVID-19”

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  • Reforma constitucional de muerte civil para corruptos es aplicable para el exgobernador de Lambayeque.

Adiós a la función pública. El dos veces gobernador regional de Lambayeque y excongresista de Alianza Para el Progreso, Humberto Acuña Peralta, no podrá volver a trabajar en el Estado, ni como funcionario ni como autoridad elegida. La Corte Suprema de la República declaró inadmisible la casación presentada por su defensa contra la sentencia que le impuso el Poder Judicial por el delito de cohecho activo genérico, que además ordenó su inhabilitación para el ejercicio de cargo público por tres años. De este modo, la condena queda firme y él fuera del espectro político.

La Corte Suprema de la República rechazó revisar la casación presentada por Humberto Acuña al no cumplir con los requisitos mínimos, dejando fuera del análisis de fondo el cuestionamiento que la ex autoridad regional planteó a través de su defensa.

De este modo, con la decisión de la Sala Suprema Penal Transitoria el fallo de tres años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, e igual período de inhabilitación para el ejercicio de la función pública contra Acuña Peralta quedó firme.

El caso

En el 2014, cuando se conoció el caso “Limpios de la corrupción”, por el cual se investigó al ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, funcionarios, familiares y empresarios, se obtuvo como parte de las escuchas telefónicas autorizadas por el Poder Judicial las conversaciones sostenidas por el ex agente de la Policía Anticorrupción Joel Ugaz Cubas y el abogado Elver Díaz Bravo, cuñado de Acuña Peralta.

En dichas comunicaciones, ambos trataban sobre el pago de sobornos para que Ugaz Cubas redactara una falsa declaración a nombre de Humberto Acuña, quien era investigado por el delito de asociación ilícita para delinquir.

Parte del acuerdo consistía en que Acuña Peralta solo acudiría a firmar, sin necesidad de que concurra a la dependencia policial, evitando que se disponga su conducción compulsiva; siendo él quien daría el dinero del soborno.

El delito se corroboró con audios y tráfico de llamadas de los números telefónicos del ex gobernador regional y del policía, así como por la revisión del celular de este; entre otros medios de prueba.

La investigación fue asumida por la fiscal Ana Zegarra Azula, quien logró la sentencia en primera instancia contra el ex gobernador, dada por el Décimo Juzgado Especializado en Corrupción de Funcionarios, que condenó a Acuña Peralta a tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución e igual período de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, así como al pago de 83 mil soles, equivalentes a 274 días multa.

Asimismo, Elver Díaz Bravo, ex procurador público anticorrupción y esposo de la actual congresista María Acuña Peralta, fue condenado a cuatro años de prisión suspendida. En el caso de Joel Ugaz, la acción penal se extinguió debido a su fallecimiento ocurrido a fines del 2019.

Apelación

Frente a la condena, la defensa de Humberto Acuña presentó el recurso de apelación que fue revisado por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, conformada por los magistrados Víctor Torres Sánchez, Reynerio Díaz Tarrillo y María Rodríguez Llontop, quienes confirmaron por unanimidad la decisión de primera instancia.

Durante la lectura de sentencia, a cargo del director de debates, juez Reynerio Díaz, en dos horas y media se sustentaron los argumentos por los que ratificaron la sentencia, demostrando la participación del excongresista como cómplice secundario, “porque tuvo conocimiento que estaba siendo investigado y proporciono el dinero para que sea entregado al policía a cargo de las investigaciones en su contra”.

Ante la decisión del Corte de Lambayeque, Humberto Acuña presentó un recurso de casación extraordinario, con el objetivo de conseguir la nulidad del fallo, el mismo que fue rechazado.

No hay marcha atrás

“Humberto Acuña cometió un delito por el cual ha sido sentenciado por corrupción de funcionarios en una de sus formas, por la cual es aplicable su inhabilitación para que no pueda desempeñar ninguna actividad en el sector público ni por designación ni por elección popular. Se puede decir que el señor Acuña ya concluyó su participación en las actividades públicas”, señala el abogado Gilberto Carrasco Lucero, especialista en Derecho Electoral.

Añade que, con la decisión de la Corte Suprema, de no pronunciarse sobre el fondo de la casación, Humberto Acuña queda impedido de postular o recibir algún tipo de encargatura dentro del Estado, ya sea por cargo de confianza o designación.

Explica que no es aplicable el criterio empleado por el Poder Judicial a favor de los candidatos al Congreso de la República que participaron del reciente proceso electoral, quienes teniendo sentencias por corrupción en su historial solicitaron medidas cautelares para que el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, los deje participar de la contienda.

Ese es el caso del expostulante de Alianza Para el Progreso Hildomaro Rodríguez Alvarado, sentenciado por peculado de uso en agravio del Gobierno Regional de Lambayeque.

“La diferencia en el caso de Rodríguez Alvarado con el Acuña Peralta es la temporalidad de la sanción. Recordemos que la norma penal solamente es aplicable de manera retroactiva en tanto beneficie al reo, pero la reforma constitucional de prohibir la postulación a cargo público de un sentenciado por corrupción es posterior a la sentencia de Rodríguez Alvarado, por lo tanto, no podía ser aplicada a su caso, pero sí es aplicable en el caso de Acuña Peralta”, detalla.

Carrasco Lucero menciona que la sentencia de Acuña Peralta fue dada en el 2019, cuando la reforma constitucional de muerte civil para sentenciados por corrupción ya había sido aprobada.

Sentencia firme

El abogado precisa que, al negarse la Corte Suprema a pronunciarse sobre la cuestión de fondo en la casación, por no cumplir esta con los estándares para su admisibilidad, la sentencia contra Humberto Acuña confirmada en segunda instancia el 2 de septiembre del 2020 queda firme y se contabiliza a partir de esa fecha.

“La sentencia fue confirmada en segunda instancia, ahí terminó el proceso. Sin embargo, de manera excepcional su defensa presentó un recurso de casación, que no es una tercera instancia, buscando que la Corte Suprema pueda unificar la jurisprudencia o identificar algún vacío de la ley, pero al no existir dicho pronunciamiento la sentencia queda firme desde el día en que fue confirmada por la segunda instancia. Desde ese día se contabiliza el plazo de cumplimiento de la condena”, detalla.

Acota que ante la Corte Suprema no existe ningún recurso de reconsideración válido, salvo el de revisión de sentencia, que es mucho más extraordinario aún, pero que solo es procedente cuando aparece una nueva prueba que puede variar el sentido de la condena.

“Por ejemplo, si a una persona la sentencian por homicidio y luego resulta que su supuesta víctima está viva, entonces ahí cabe la revisión de la sentencia. Pero si el caso del señor Acuña Peralta no ha pasado siquiera el filtro de admisibilidad de la casación, entonces es menos probable que se pueda recurrir a una revisión”, manifiesta.

Añade que tampoco habría posibilidad de una acción constitucional, como un hábeas corpus alegando vulneración al debido proceso, pues aun cuando se inicie una pretensión de ese tipo la sentencia debe ser ejecutada.

HUMBERTO ACUÑA: Suprema rechazó su casación y queda impedido de volver a cargo público

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El abogado lambayecano Sergio Rodríguez Salinas es autor del libro “La responsabilidad penal del empleador como garante de la seguridad en el trabajo”, editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, como parte de la serie Centenario, conmemorativa por los 100 años de su Facultad de Derecho.

En la publicación, el autor analiza la legislación nacional y alcanza propuestas para entender la aplicación del tipo penal cuando un empleador vulnera los derechos de seguridad y salud en el trabajo de manera individual y colectiva.

En el Perú se promulgó hace diez años la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma que a lo largo de este tiempo ha recibido una serie de ajustes, principalmente en lo referido a la responsabilidad penal del empleador cuando se pone en riesgo o atenta contra la vida del trabajador. ¿Cuál es la situación normativa al respecto en la actualidad?

La ley incorporó como una disposición adicional el artículo 168-A al Código Penal, que es el que sanciona penalmente, luego tenemos las sanciones administrativas que corren por su cuenta de acuerdo a la Ley General de Inspección del Trabajo, pero es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo la que habla por primera vez del atentado contra el trabajador.

Lamentablemente este tipo penal tenía cláusulas que impedían su operatividad. Una de las principales críticas es que se incorporó la necesidad de una notificación previa. Es decir, los fiscales no podían operar con ese tipo penal mientras la autoridad administrativa, que por lo general es SUNAFIL o los gobiernos regionales, no hubiera llegado a los centros de trabajo previamente a notificar alguna infracción, lo cual complicaba mucho el asunto, debido a las propias limitaciones de la autoridad administrativa y porque dejaba de lado las actividades que estaban fuera del foco de esta por tratarse de trabajos informales.

Otra cláusula que generaba mucha controversia era la que excluía la responsabilidad penal del empleador cuando el trabajador era responsable del incumplimiento. Eso llevaba a que se flexibilizara el nivel de vigilancia del empleador.

¿Y la situación normativa sigue así o ha cambiado?

A raíz de la muerte de dos jóvenes en Lima, a finales del 2019, en un centro de comida rápida, los legisladores se dieron cuenta que había cosas que mejorar y entonces se modificó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y se incluyeron algunas disposiciones para optimizar la facultad de fiscalización de la SUNAFIL y se aprovechó para modificar el Código Penal.

Así fue que se eliminó la cláusula de la notificación previa, que hacía inoperable el tipo penal, y se modificó el último párrafo que permitía la exclusión de la responsabilidad cuando dependía del trabajador.

¿Con esas modificaciones, a partir del caso McDonald s, en el que dos jóvenes murieron electrocutados realizando sus labores de trabajo, ahora los empleadores sí son penalmente responsables por lo que suceda con sus trabajadores durante el cumplimiento de deberes?

Sí, ya lo eran antes, pero por la existencia de ese requisito previo (la notificación), la configuración de la responsabilidad nunca se iba a cumplir. Según tengo entendido que se cumplió solo una vez, en un caso en el Cusco, donde se procesó a una autoridad edil, donde el control y fiscalización es mayor.

Ahora las puertas están abiertas para que se pueda aplicar el tipo penal sin necesidad de esperar una notificación previa. Lo que teníamos antes era una forma de desobediencia a la autoridad que le quitaba peso a lo señalado en el Código Penal.

Una de las limitaciones que siempre ha tenido la autoridad administrativa para la fiscalización laboral es la falta de inspectores. Cuando se creó la SUNAFIL se creyó que esta ayudaría a resolver el problema, recibiendo competencias que antes estaban a cargo de las gerencias o direcciones regionales de Trabajo, pero el problema persiste. ¿Cuál es la situación actual de este aspecto tan importante para la protección de derechos de empleados y empleadores?

Efectivamente, uno de los grandes problemas que tiene que ver con el eje de la fiscalización en algunas regiones tiene que ver con la falta de inspectores y recursos. El año pasado SUNAFIL hizo un gran concurso público, convocando a un gran número de plazas para inspectores, pero lamentablemente fue muy cuestionado por el desarrollo de las evaluaciones.

Las estadísticas de accidentes de trabajo de SUNAFIL se siguen basando en lo que el trabajador puede reportar, que no es la cifra exacta de lo que realmente ocurre. Nos estamos quedando en la reacción.

La Ley de General de Inspección de Trabajo autoriza las acciones de orientación y asistencia técnica para prevenir accidentes que se pueden evitar con mayor información o preparación, pero esto no es lo que se da.

Sabemos que los sectores de riesgo son minería y construcción, pero para hacer trabajo preventivo se necesita inspectores con la logística necesaria, y además se necesita atender otros aspectos que también son importantes como trabajos forzosos o trabajo infantil, entonces la capacidad se ve limitada.

Quiere decir que además de la falta de recursos falta una estrategia clara de cómo intervenir desde la autoridad administrativa, ya sea en la prevención o en la reacción, porque pareciera que todos los esfuerzos se concentran en lo segundo…

No se pueden visitar todos los centros de trabajo para labores preventivas, pero si la autoridad administrativa se abocara a visitar centros específicos, que se conviertan en referente se podría generar un efecto multiplicador de la acción preventiva, de tal manera que se expanda el conocimiento.

En cada región hay actividades específicas en las que se podría hacer mayor incidencia específica. En Lambayeque, por ejemplo, tenemos a las agroindustriales y las agroexportadoras, en otras regiones hay mayor actividad de la construcción o minera, y en estas se puede hacer énfasis.

¿Qué rol cumplen los sindicatos en el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo?

Su rol es muy importante, porque por más que las condiciones de seguridad a veces sean individuales, siempre se puede hablar de una posibilidad de afectación al colectivo. La característica del tipo penal de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es que protege derechos colectivos.

Si en una fábrica falla una máquina y esta genera la muerte o discapacidad de uno o dos trabajadores, también cabe la posibilidad de una afectación mayor y, por lo tanto, el riesgo se hace colectivo. No se puede individualizar quién puede ser el afectado. El sujeto pasivo en este caso son todos los trabajadores.

Esa defensa de todos los trabajadores es la que hacen los sindicatos, por ello se debe reforzar su intervención y puedan hacer las denuncias correspondientes, sobre todo porque ya no hay necesidad de la notificación previa de la autoridad administrativa, que indique en qué ha fallado previamente el empleador.

SERGIO RODRÍGUEZ SALINAS: “Los sindicatos pueden denunciar penalmente por atentados en la seguridad y salud en el trabajo”

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El 19 de septiembre del 2019, mediante el Decreto Supremo N° 289-2019-EF, se aprobaron las disposiciones para la incorporación progresiva de la metodología BIM (‘Building Information Modeling’) en la inversión pública. El ingeniero civil Guido Rodríguez Zamalloa, miembro del Comité Plan BIM Perú, explica que este sistema de modelamiento digital, implementado recién hace dos años en el Perú, ya ha tenido éxito en los países más desarrollados de Asia y Europa, lo cual ha permitido la reducción de costos, el aumento de la productividad y la mejora de la calidad en los proyectos de inversión dentro del sector construcción.

Según el Decreto Supremo N° 108-2021-EF, el cual modificó al N° 289-2019-EF, el BIM “es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, que hace uso de un modelo información creado por las partes involucradas para facilitar la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones”.

Cambios en el mundo

Rodríguez Zamolla explica que la llegada del BIM es el resultado de una serie de cambios que ocurrieron en el mundo. Menciona como punto de partida la primera Revolución Industrial a fines del siglo XVIII, que trajo consigo la llegada de las máquinas de vapor, el primer telar mecánico, entre otros; la segunda Revolución industrial, a partir de 1900, que conllevó a la primera producción en cadena, la energía eléctrica, la primera cadena de montaje, etcétera; y la tercera Revolución Industrial, en 1980, que trajo mayor nivel de automatización y la aparición de tecnologías de la información.

“Veinte años después apareció la cuarta Revolución Industrial, que comprende los sistemas ciberfísicos, los productos inteligentes, el concepto de Internet de las cosas, la hiperconectividad, el ‘big data’, entre otros. Ahora se generan cambios muy rápidos, nunca hemos tenido esta gran cantidad de innovaciones disruptivas. La aparición del internet conectado a los sistemas satelitales cambió todo, pues se generaron nuevos mercados”, indica.

Contrariamente a lo que ocurría en los diferentes sectores productivos, Rodríguez Zamalloa sostiene que el sector construcción tuvo un crecimiento muy lento.

“El sector construcción había variado muy poco. Siempre hemos pensado en los planos y después en la construcción, que es artesanal, con vaciado in situ. Incluso tenemos muchos talleres en la misma obra, ya sea de madera, de metálica. En la misma obra muchas veces hacemos las ventanas, las puertas, viene el herrero a doblar los fierros. Hemos venido construyendo de la misma forma desde hace muchos años”, sostiene.

Ejemplos en el mundo

Señala que recién sería a partir del 2010 que la metodología BIM se empezó a implementar en algunos países del mundo, siendo uno de los más emblemáticos Singapur, que ahora es una ciudad jardín sostenible.

Además de Singapur, destaca como ejemplo a Reino Unido, país que desde la implementación de la metodología BIM hace 11 años logró la reducción del 33 % de sus costos en las obras de construcción, la reducción a la mitad de los plazos, el aumento en 20 % de la productividad, así como incrementos en trazabilidad, calidad y transparencia.

“En el 2019 también se implementó el BIM en España y el año pasado en Chile, aunque estos países ya llevaban una década trabajando en esto. En Singapur y Europa, por ejemplo, existen los gemelos digitales, no solo a nivel de infraestructura, sino también a nivel de equipamiento. En Singapur se piensa en gemelos digitales para ciudades enteras, donde puedas analizar el tráfico o el comportamiento en casos de desastres naturales, a fin de estar permanentemente informado para tomar una decisión”, anota.

Construcción 4.0

Explica que hoy en el mundo se habla de la ‘Construcción 4.0’, concepto que incluye la inclusión de la robótica y la sensorización de las obras públicas en sus diferentes fases. Subraya también el término ‘big data’ o datos masivos, que permite tener una gran cantidad de información sobre insumos en una obra. Por ejemplo, señala que con el BIM se puede almacenar referencias sobre el material de la que está hecha una columna, el color, su fecha de fabricación, peso, entre otros.

“Por ejemplo, si se coloca una luminaria, se puede tener información sobre la marca, la energía que produce, el calor que genera, la energía que gasta. Todos estos datos me van a servir para hacer una serie de cálculos de forma rápida como el metrado de cargas, que lo puedo lograr si sé el peso de cada objeto incluido en el modelo, desde los muebles, puertas y ventanas”, refiere.

Sostiene que la implementación de la metodología del modelamiento digital (BIM) ha sido posible gracias a otros elementos como la información en la nube, la realidad virtual aumentada, la ciberseguridad (blockchain), la impresión 3D, la integración vertical y horizontal, entre otros.

BIM en el Perú

El especialista señala que el 90 % de la inversión en el sector construcción es pública, mientras que solo el 10 % es privada, por lo cual las políticas estatales respecto a la implementación del BIM tienen un impacto relevante. No obstante, enfatiza en que es necesario conocer cuáles son los principales problemas que afectan al sector construcción.

“En los últimos años, el problema no ha sido que no hayamos invertido en infraestructura, porque recursos sí ha habido, aunque no hemos superado los 24 mil millones de soles en inversión. El problema ha sido la baja ejecución presupuestal. Se ha entregado dinero a las diferentes regiones, pero no se ha gastado y se ha devuelto, generando retrasos y sobrecostos”, anota.

Según datos de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, el principal problema que afecta la ejecución de las inversiones tiene que ver con deficiencias en los expedientes técnicos (30 %), seguido de problemas de saneamiento físico legal (15 %), consultas y observaciones en las bases (10 %), incumplimiento contractual (7 %), deficiencias en los Términos de Referencia (6 %), recursos financieros insuficientes (6 %) y otros (26 %).

En tanto, según la Contraloría, la paralización de las obras públicas en el sector construcción obedece a deficiencias técnicas o incumplimiento contractual (39 %), arbitrajes (28 %), limitaciones presupuestales (15 %), disponibilidad de terreno (2 %), cambios de profesionales (2 %), entre otras.

Metodología BIM

Rodríguez Zamalloa señala que la metodología BIM se usa durante todo el ciclo del proyecto de inversión, aunque donde más provecho se le saca es en la etapa de operación y mantenimiento.

“Yo empiezo el modelo y lo instalo en un entorno común de datos. Le doy el acceso a ese mismo modelo al proyectista para que continúe con su ejecución. Una vez que él hace el expediente técnico se lo entrega al constructor, todos continúan con el mismo modelo (…) A medida que avanza el proyecto en activos físicos, también lo hace en activos digitales, los dos avanzan en simultáneo”, refiere.

Subraya que también se irán agregando más detalles a este modelo, pues se genera un incremento de información, tanto gráfica como no geométrica. Esos datos permitirán tomar mejores decisiones. Ese Modelo de Información del Proyecto – PIM, se continúa en la etapa de operación y mantenimiento con el Modelo de Información en Activos – AIM.

“Tenemos que aprender a hacer lo que antes hacíamos, pero dentro de este nuevo hábitat digital (…) Si soy proyectista, tendré que aprender a modelar. Antes tenía a un cadista (dibujante técnico) al costado, ahora tendré que hacer la construcción virtual, tendré que aprender a utilizar el BIM, incluso para hacer cálculos y comprobar lo que estoy haciendo. Siempre tendré modeladores que me podrán ayudar, pero como profesional tendrá que aprender a expresar mis diseños en modelos de información”, manifiesta.

En el Perú, desde el 2019 existe el ‘Plan de Implementación de Ruta del Plan BIM Perú’, documento que define los objetivos y acciones a corto, medio y largo plazo para lograr que la metodología BIM sea implementada con éxito en las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Para lograr esto, el especialista señala que se requiere de un cambio profundo en los procesos, métodos y paradigmas de las organizaciones. Apunta que se necesitan nuevos procesos de trabajo colaborativo y que el software y equipamiento tecnológico sea específico, de acuerdo a las necesidades del proyecto, usos y objetivo del BIM.

INVERSIÓN PÚBLICA: El impacto de la metodología BIM en el sector construcción

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