up
Directora : Rosa Chambergo Montejo

29 Años en Circulación !!!

 
 

Edición N° 1282

 
Nuestros videos :
El Clima en estos momentos :
Ve También Nuestra Edición Anterior !
 
Edición N° 1281


Anuncia Aquí!

¿Quieres que tu anuncio se vea en nuestra web?, Contáctanos!


  • Postula al decanato del Colegio de Abogados de Lambayeque con la Lista N° 1.

“Las instituciones son representativas de quienes la componen. En este caso, el Colegio de Abogados representa a sus asociados, que justamente son los profesionales del Derecho. Entonces, nuestra principal preocupación es el bienestar de estos. Consideramos que actualmente no son atendidos en sus demandas, por ello es que competimos en este proceso, presentando nuestras propuestas para mejorar la gestión del colegio”, señala César Vargas Rodríguez, candidato al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, liderando la Lista N° 1.

Vargas Rodríguez egresó de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Ejerce la docencia universitaria y tiene más de 30 años de vida profesional.

Plan de trabajo

El equipo que lidera Vargas Rodríguez ha dividido su propuesta de trabajo en varios aspectos, siendo los más importantes la previsión social, la capacitación, recreación y presencia institucional.

“El abogado actualmente tiene diferentes necesidades, entre ellas la necesidad de vivienda, asistencial y previsional, y por supuesto la capacitación. En el aspecto asistencial y previsional consideramos que se debe ampliar este servicio no solo para que se beneficie el abogado y sus familiares en casos de fallecimiento, sino también cuando se requiera apoyo por razones de salud. No debemos esperar que el abogado muera para entregar una cantidad de dinero. El apoyo del colegio debe ser en vida”, comenta.

Refiere que el Fondo Mortuorio debe ser realmente intangible, “para que responda adecuada y oportunamente a las necesidades que se requieren”.

“Sabemos que el colegio tiene deudas en este sentido y eso no debe pasar, porque se trata de un fondo creado exclusivamente para ese fin”, menciona.

Descentralización

Vargas Rodríguez señala que la gestión del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque debe ser descentralizada.

“Actualmente los servicios que ofrece el colegio en convenio con centros médicos no son extensivos a las sedes de Chota, Cutervo y Jaén. Pensamos que esto debería ser extensivo, porque los colegas de estos lugares no tienen por qué ser discriminados. La centralización se ha mantenido y por ello los servicios del colegio siempre han estado orientados a los colegiados de Chiclayo”, indica.

Agrega que esto también pasa en los agasajos establecidos en el calendario festivo, como las fiestas de fin de año.

“¿Por qué no realizar este tipo de celebraciones también allá o suscribir convenios con centros médicos o consultorios que puedan atender con calidad a los asociados en las provincias de Cajamarca?”, refiere.

La vivienda

El candidato de la Lista N°1  enfatiza en que los abogados asociados al ICAL tienen necesidad de vivienda.

“Los abogados jóvenes tienen las mismas limitaciones para acceder a la vivienda propia que tuvimos nosotros en algún momento. Como colegio no podemos decirles a los asociados que vamos a construir casas, porque eso sería mentir, pero sí podemos gestionar la donación o adquisición de terrenos para habilitar y lotizar, como lo hizo la gestión del doctor Arturo Cabrejos Falla, que fue el único decano que promovió una urbanización. Desde entonces no ha habido otro proyecto serio para atender la problemática de vivienda”, señala.

El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque tiene aproximadamente diez mil asociados, de los cuales cerca de siete mil están habilitados para el ejercicio profesional.

“Otra de nuestras preocupaciones es la capacitación, que con el avance de la tecnología debe ampliarse y mejorarse. En ese sentido proyectamos celebrar convenios con universidades nacionales y extranjeras. Por mi experiencia como docente universitario sé de la disposición de universidades del exterior interesadas en ofrecer programas académicos de calidad. Debemos ir más allá de los diplomados. Hay muchos abogados que aún no saben usar la computadora, por eso la capacitación debe ser elemental”, anota.

+ NOTICIAS

  • La lista de Vargas Rodríguez está integrada por los abogados: Karim Olivera (vicedecana); Ervis Valdiviezo (director secretario); Segundo Timaná (director de Economía); Delsy Alarcón (directora de Estudio Jurídico Gratuito); William Tantajulca (director de Derechos Humanos); Mirian Infante (directora de Biblioteca); Danny Uceda (director de Comunicaciones e Informática Jurídica); Ruth Gamonal (directora de Bienestar y Extensión Social); Carlos Chanamé (director Académico y de Promoción Cultural); Edilbrando Coronel (director de Ética Profesional) y Carmen Talledo (directora de Defensa Profesional).

CÉSAR VARGAS RODRÍGUEZ: “El ICAL debe descentralizar sus servicios”

Leer más
 
 

“Tenemos experiencia de gestión, sabemos lo que es el colegio y la importancia del abogado”, señala Jorge Alarcón Gasco, candidato a decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque como cabeza de la Lista N° 2.

El postulante, asegura que conoce cuáles son las necesidades de los asociados y qué puede hacer la orden profesional por ellos. En ese sentido – sostiene – refiere que se diseñado cuatro ejes de gestión como parte de su propuesta en el presente proceso electoral.

Actualización académica

Como primer eje está la capacitación y actualización jurídica, con el objetivo de reforzar los diplomados y congresos nacionales e internacionales, así como cursos que organiza la orden, asegurando la más amplia participación de los abogados, así como de conferencistas y docentes de primer nivel.

“En la gestión del Consejo Directivo 2021-2022 se implementó el Aula Virtual del colegio y ello ha permitido la amplia participación de los colegas que se encuentran fuera de Lambayeque, sobre todo de las provincias de San Ignacio, Chota, Jaén y Cutervo. Ese paso importante debemos fortalecerlo y seguir mejorando en cuanto a las tecnologías, para que de esta manera más asociados se beneficien de la actualización académica”, comenta.

Menciona que una iniciativa que propone es implementar un área dedicada exclusivamente a la capacitación, que dependería de la Dirección Académica, a fin de generar programas de complementación formativa para los asociados a la orden.

“Celebraremos convenios con universidades nacionales y extranjeras para que se apliquen descuentos en estudios de postgrado, esto con el mayor rigor académico”, anota, agregando que también propone la creación del Fondo Editorial del ICAL, “porque es importante que se incentive la producción y publicación de la investigación jurídica entre los abogados”.

Asimismo, ofrece la implementación de una biblioteca digital.

El abogado y su familia

Un segundo eje es trabajar por el bienestar del abogado y su familia.  Alarcón Gasco destaca que la gestión 2021-2022 ha desarrollado campeonatos deportivos con amplia participación de los asociados, con más de 40 equipos solo en fulbito.

“Tenemos que procurar que eso continúe, seguir alentando la participación y que el colegio siga participando de los campeonatos inter colegios profesionales, así como en las olimpiadas inter colegios de abogados”, refiere.

Propone construir el segundo y tercer nivel del complejo deportivo del colegio, esto para el funcionamiento de los juegos de sala y un gimnasio y talleres de danza.

“Queremos que el colegio ofrezca vacaciones útiles y talles deportivos para los hijos e hijas de los abogados”, afirma.

Asimismo, precisa que se continuará generando convenios con clínicas de salud para atención de los asociados y sus familias con costos accesible, cautelando el bienestar de la familia del ICAL.

“Debemos generar convenios con laboratorios clínicos, así como de servicios de imagenología, pues es necesario cubrir las necesidades de salud de los asociados. Podemos generar también descuentos con empresas de transporte interprovincial y de servicios diversos”, manifiesta.

El mejoramiento del servicio mortuorio es otro de los planteamientos, así como la prestación de asistencia a los abogados con problemas de salud. “Es necesario adecuar el reglamento, porque hay abogados que se encuentran muy delicados de salud y a los que no se puede atender con el Fondo, porque el reglamento lo prohíbe”, explica.

 

Mejoramiento de la infraestructura

Añade que uno de sus compromisos es el equipamiento del Centro de Convenciones – Edificio Elvira García, a fin de ponerlo en funcionamiento.

“Hemos demostrado un trabajo con seriedad, con compromiso y con mucha transparencia. Los recursos del colegio no se pueden utilizar de manera irresponsable. Actualmente la Comisión Revisora de Cuentas está analizando el manejo económico y toda la información le ha sido entregada, tanto el informe presupuestal como económico, así como los proyectos integrales de mejoramiento de infraestructura, como es el caso del Edificio Elvira García”, acota.

Jorge Alarcón enfatiza que el ICAL nunca más puede vivir situaciones como la presentada en el período 2019-2020, que generaron el deterioro de la institucionalidad y la confianza entre los asociados.

 

+NOTICIAS:

  • La Lista N° 2, liderada por Jorge Alarcón Gasco, está integrada por Zelmy Rosario Camacho (vicedecana); Mónica Cruz Córdova (directora secretaria); Almanzor Toro León (director de Economía); Luis Heredia Clavo (director de Ética); Yván Pérez Solf (director de Defensa Profesional); Juan Florián Florián (director de Biblioteca); Nadia Bravo Hidalgo (directora de Informática Jurídica; Keichi Chirinos Fernández (directora Académica y Promoción Cultural); Martha Marrufo Valdivieso (directora de Bienestar y Extensión Social); Silvana Rodríguez Reyes (directora de Estudio Jurídico Gratuito) y Emilio Cuadra Alemán (director de Derechos Humanos).

JORGE ALARCÓN GASCO: “Tenemos experiencia de gestión, sabemos lo que es el colegio y la importancia del abogado”

Leer más
 
 
 
  • Postula al decanato del Colegio de Abogados de Lambayeque con la Lista N° 3.

Esta es la segunda oportunidad en la que Tito Esteves Torres postula al decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL. Antes fue integrante de la Asamblea de Delegados, espacio desde el cual buscó la recuperación del orden institucional tras la irregular gestión del decano del período 2019-2020.

“Con un grupo de colegas abogados, integrantes de la Asamblea de Delegados, nos pusimos fuertes para recuperar la institucionalidad, en razón a que el señor José Balcázar Zelada había deteriorado el orden y legalidad del colegio.  Se prolongó el mandato del vicedecano y con ello se pudo convocar a un proceso electoral y con ello recuperar el orden en el colegio”, comenta.

Modernización de procesos

Tito Esteves, quien lidera la Lista N° 3, refiere que el ICAL requiere de modernización. “Estamos en la era digital y se requiere que todos los procedimientos bancarios y administrativos se sistematicen. No hay que olvidar que los asociados no solo residen en Chiclayo, están distribuidos en provincias como San Ignacio, Cutervo, Jaén y Chota. Es hora de sistematizar los procesos para brindarles las facilidades para que puedan pagar sus cuotas o recibir sus certificados de habilidad”, señala.

Indica que también propone trabajar por la rendición de cuentas en la orden profesional.

“Todo tiene que ser transparente, que no se vuelva a repetir lo que se vivió en la gestión del señor Balcázar, cuando se crearon cuentas personales y el dinero de los asociados iban a cuentas con nombre propio. Es necesario implementar un mecanismo para que los colegas sepan en tiempo real. Eso forma parte de la modernización que proponemos”, comenta.

Liderazgo social

El candidato menciona que otro de sus propósitos es que el ICAL recupere el liderazgo institucional perdido – según sostiene – hace 20 años.

“Recordemos que hace 20 años los decanos del ICAL marcaban la pauta en el ámbito social, económico, político y jurídico en Lambayeque. Eran como el faro que la ciudadanía buscaba y respetaba. Hoy eso se ha perdido ese liderazgo y es hora de que el colegio recupere ese espacio. Estamos viviendo una situación política y social muy difícil, pero no se siente la posición del colegio respecto a la problemática”, sostiene.

Añade que también debe cumplirse con la prerrogativa constitucional que faculta a los colegios profesionales la iniciativa legislativa.

“En mis 30 años de abogados no he visto hasta ahora que el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque haya presentado una sola iniciativa legislativa. Hemos visto que a través de estos años se han aprobado leyes inconstitucionales, pero el colegio no ha cuestionado ninguna. ¿Qué acción de inconstitucionalidad ha planteado el ICAL? Ninguna. Creo que es momento que nuestra orden retome el rol de liderazgo en beneficio de toda la comunidad lambayecana y nacional”, indica.

Capacitación

Sobre la capacitación de los asociados, Tito Esteves menciona que la universidad peruana, en la carrera de Derecho, no otorga especialidades. Es decir; el abogado puede desempeñarse en todas las disciplinas.

“Los abogados seguimos una maestría en Derecho Penal y decimos que somos especialistas, pero eso es falso, porque la maestría o el doctorado no otorgan la especialización. Nuestra propuesta es que podamos suscribir convenios con universidades extranjeras para que se pueda ofrecer especializaciones en Derecho a los asociados y que esta sea reconocida por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU”, comenta.

Acota que ello no implicaría dejar de lado los diplomados que ofrece el colegio.

“Queremos que los colegas abogados de Jaén, Cutervo y Chota puedan tener su local institucional y todas las herramientas tecnológicas para que puedan acceder a los programas de capacitación. Lamentablemente en los últimos años el colegio se ha olvidado de los colegas de provincia, por eso nosotros estamos llevando en nuestra lista a representantes de Jaén, San Ignacio, Cutervo y Chota, con quienes queremos trabajar por una gestión descentralizada”, señala.

+NOTICIAS

  • La lista que lidera Tito Esteves la integran los abogados: Yuliana Sobrino (vicedecana); Hans Cusma (director Secretario); Guiuliana Saavedra (directora de Economía); Sandra Sandoval (directora de Ética Profesional); Gandi Vásquez (director de Defensa Profesional); César Samamé (director de Bienestar y Extensión Social); Yulisa Díaz (directora de Comunicaciones e Informática Jurídica); Liliana Mendoza (directora Académica y de Promoción Cultural); Thelvy Chero (directora de Biblioteca); José Millones (director de Derechos Humanos); Raúl Gonzales (director del Estudio Jurídico Gratuito).

TITO ESTEVES: “Es hora de que el ICAL recupere su liderazgo social”

Leer más
 
 
  • Siete fallecidos, decenas de heridos, millones de soles en pérdidas y el golpista expresidente sigue mintiendo al decir que está secuestrado y que es el legítimo gobernante del país.

Pedro Castillo Terrones, hasta el miércoles 7 de diciembre presidente de la república, ha empezado a dar señales de desesperación. Los constantes cambios de abogados y sus proclamas, cartas y tuits incitando al caos, así lo confirman. El Poder Judicial evalúa un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en su contra, en tanto parte de sus seguidores y operadores políticos continúan movilizando con un discurso radical que a nada conduce.

La ola de protesta se inició tan pronto Pedro Castillo, acorralado por su propio caos, denuncias de corrupción y pérdida de credibilidad, pretendió dar el autogolpe de Estado.

La entendible indignación ciudadana, así como la demanda generalizada de un adelanto de elecciones, se han contaminado con hechos de violencia que no tienen explicación alguna.

De acuerdo al reporte del Ministerio del Interior, un total de 40 edificios, hasta el miércoles por la tarde, habían sido vandalizados por quienes desvirtúan la protesta social.

A ello se suma el fallecimiento de siete personas, entre ellos dos menores de edad, seis de ellos en Apurímac, hasta el momento la región más convulsionada por el estallido social.

Llamado a la calma

La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, reiteró su llamado a la calma y la paz, así como a impulsar el diálogo para encontrar un acuerdo entre los peruanos.

"Desde aquí hago un llamado a la paz, a la calma. Cualquier situación que hubiese para ponernos de acuerdo es el diálogo", expresó tras concluir la reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el miércoles.

La jefa de Estado advirtió que el Perú está cansado de no vivir tranquilo y en paz.

La mandataria lamentó que las protestas sociales en distintas zonas del país se salgan saliendo del marco legal con la toma carreteras, comisarías, aeropuertos u obstruyendo el paso de ambulancias.

Estado de emergencia

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que durante la última sesión de Consejo de Ministros, se aprobó la declaratoria del estado de emergencia en todo el país por 30 días calendario.

"Queríamos comunicar el último acuerdo del Consejo de Ministros, que está en sesión permanente, se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos que son actos que están siendo controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas", indicó.

En declaraciones a la prensa en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, señaló que de esta manera se da una respuesta "contundente y de autoridad" de parte del gobierno.

"En unas horas saldrá una edición extraordinaria en el Diario Oficial El Peruano que decreta declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional, donde la Policía Nacional mantiene el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas", anunció.

El ministro Otárola recordó que la declaratoria de emergencia significa la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y seguridad personal.

"Además, que el ejercicio de estos derechos y los demás derechos fundamentales que están en la Constitución serán protegidos por el Gobierno, ello para que la ciudadanía tenga la tranquilidad y la certeza que primero controlaremos el orden interno y luego asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos", refirió.

"En consecuencia la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas aseguran el control en todo el territorio nacional y de los bienes personales y de la infraestructura estratégica y de la seguridad, así como del bienestar de todos los peruanos", dijo para luego agregar sostendría una reunión con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Pérdidas millonarias

De continuar los disturbios y actos de violencia registrados en diversas localidades del país ocasionarán pérdidas económicas calculadas en mil 728 millones de soles diarios, indicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, Rosa Bueno.

Señaló que, de la cifra mencionada, 574 millones de soles se perderían diariamente en el sector servicio 552 millones en el comercio y 14 millones en el turismo.

Bueno refirió que las diez regiones del país que vienen siendo afectadas por lo que calificó como “protestas violentas y actos delincuenciales” aportan el 49 % del Producto Bruto Interno Primario. Este consta de los sectores agropecuario, pesca, minería e hidrocarburos.

La empresaria señaló que en la Cámara de Comercio de Lima hay preocupación por lo que ocurrirá con las pequeñas y microempresas dedicadas a actividades de venta directa (retail) y comercio.

“Son las que más daño estarán teniendo, porque la campaña navideña representa para ellas el 40 % de sus ingresos del año”, apuntó.

Adelanto de elecciones

Expertos en materia electoral señalaron que sí es posible adelantar las elecciones generales para que estas se realicen en 2023, siempre que exista voluntad política del Congreso para hacerlo posible.

La presidenta Dina Boluarte expresó que se podría adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023 y que para ello se analiza la realización de reajustes, a fin de calzar con la normativa electoral vigente.

Al respecto, el analista Fernando Tuesta consideró que una primera vuelta electoral podría realizarse en octubre de 2023, o incluso antes, si el Congreso toma la decisión de ampliar la actual legislatura y adelanta el inicio de la siguiente para los primeros días de enero, ya que su inicio regular es en el mes de marzo.

El objetivo de este cambio es que el proyecto de ley de adelanto de elecciones pueda ser aprobado en dos legislaturas sucesivas, con el voto a favor de 87 congresistas, por tratarse de una reforma constitucional.

“Si es así, y se vota, entonces ya se está ganando, al menos, unos tres meses”, señaló Tuesta Soldevilla.

Por su parte, el experto en temas electorales José Naupari sostuvo que, de no efectuarse mayores cambios, las elecciones podrían efectuarse en abril de 2024, como planteó inicialmente la presidenta Dina Boluarte.

“Pero si el Congreso quiere ajustar por ejemplo temas relacionados por ejemplo con el padrón electoral, podríamos estar hablando de un plazo menor”, agregó.

Asimismo, Fernando Tuesta indicó que para un adelanto de elecciones se requiere también suspender, de manera excepcional, algunas normas de la Ley Orgánica de Elecciones.

“Por ejemplo, hay una norma que señala que un año antes de la elección no se pueden hacer modificaciones sobre materia electoral. Hay un artículo de la ley que señala que, para que uno participe, tiene que estar inscrito en ese partido un año antes”, mencionó el especialista.

Prisión preventiva

La Fiscalía de la Nación solicitó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que dicte 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y el exjefe del gabinete Aníbal Torres por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Previamente el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Pedro Castillo.

El pedido es de prisión preventiva por 18 meses, el mismo que está a cargo del Fiscal Supremo Uriel Terán.

Terán es el Fiscal Supremo Provisional Transitorio, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Pedro Castillo es investigado como coautor por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el fallido golpe de estado.

En tanto, Aníbal Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como coautor en los delitos de rebelión y conspiración.

CASTILLO: A un paso de la prisión, pero incitando al caos

Leer más