Los gobiernos locales y regionales tienen, de acuerdo a sus leyes orgánicas, la tarea asumir la planificación integral del territorio y hacer frente a problemas vigentes como el trágico de tierras y la corrupción en las autorizaciones para la construcción en zonas vulnerables. Todo ello forma parte de una gestión mucho mayor que se enmarca en la prevención de desastres, responsabilidad que al parecer no es aún de comprensión general entre los gobernantes de turno y la ciudadanía.

En esto último trabaja el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres  - CENEPRED, adscrito al Ministerio de Defensa, cuya labor es normar y brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades que las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos – SINAGER, deben ejecutar.

Sin embargo, como explica la especialista Mariela Gálvez Meléndez, la labor es aún compleja, más por la falta de consciencia que existe respecto de la prevención y su importancia para asegurar el desarrollo sostenible de las comunidades.

“Definitivamente tenemos mucho trabajo por hacer, porque es débil realmente la incorporación del enfoque de gestión de riesgos de desastres a nivel de los entes ejecutores del SINAGER, sobre todo a nivel local y regional, y es que no se termina todavía de entender que el riesgo de desastres es parte del desarrollo sostenible. No podemos asegurar ni garantizar desarrollo de una región o de un nivel provincial y distrital si no incorporamos este concepto de la prevención, que implica evitar construir vulnerabilidades y hacer un mejor uso y ocupación del territorio, y reducir la vulnerabilidad de la población que ya está asentada en zonas de alto riesgo. Si no trabajamos bajo estos conceptos y solamente pensamos en la parte reactiva, seguiremos siendo todavía débiles”, señala.

PRINCIPIO DE AUTORIDAD

Gálvez Meléndez explica que en la gestión del territorio hay competencias compartidas entre municipios y gobiernos regionales, pero son los primeros los que deberían tener principio de autoridad en lo referido al uso y ocupación con fines urbanos, sobre todo en los espacios en los que se generan asentamientos poblacionales.

“Definitivamente necesitamos planificar pero no podemos pasarnos todo el tiempo en eso, la planificación se tiene que implementar, tiene que ir a la aplicación y lo que está pasando es que o le restamos importancia a la planificación o nos involucramos mucho en la planificación y no ejecutamos o no tomamos en cuenta esa planificación para la ejecución. Yo creo que la decisión y el principio del uso del territorio tienen que estar incorporados en todos los elementos de trabajo que tenga la política pública, sea de un gobierno regional o un gobierno local”, afirma.

SANCIONES POSIBLES

Refiere que la planificación es lo que menos interés motiva entre las autoridades pese a las exigencias expresas señaladas en las leyes orgánicas de municipalidades y de los gobiernos regionales, por lo que se hace necesaria la permanente fiscalización de las entidades autónomas relacionadas con el control, para que no se desatienda la importancia de la planificación y prevención a nivel nacional.

“Hay organismos en el nivel nacional que tiene que ver con el control y también con la sanción, por tanto estamos hablando de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público. En este caso, el incumplimiento de las competencias en el marco de las leyes orgánicas debería ser también sancionado y trabajado inclusive como parte de la prevención del delito por el Ministerio Público, para así generar las sanciones correspondientes, o en el caso de la Contraloría sobre el marco de los procesos de control que tiene que darse internamente, porque muchas veces se violan las propias normativas de planificación y uso territorial para habilitar zonas que no deberían ser habitadas o hacer inversiones públicas en zonas de riesgos cuando los marcos normativos lo restringen”, indica.

LA CORRUPCIÓN

Otro serio problema es la corrupción para la gestión del territorio y la delimitación de las zonas vulnerables, el cambio de la zonificación y la oferta inmobiliaria sin considerar los riesgos que existen frente a desastres en determinados espacios geográficos.

Mariela Gálvez señala que esto tiene estrecha relación con las consecuencias e impactos de los desastres naturales sobre la población una vez que ocurren, momento en el que se empiezan a hacer reflexiones sobre los riesgos sin tener en cuenta los factores pre-desastre, que en muchos casos se generan por negligencia de los gobiernos e irresponsabilidad de los propios ciudadanos.

“Ahora, por ejemplo, estamos hablando de reconstrucción, pero también tenemos que hablar del pre-desastre y todos estos factores se generan por malas decisiones o por los actos de corrupción. Las emergencias nos pone en luz la oportunidad que tenemos de hacer correctivos, porque  definitivamente un elemento que tenemos escondido es la corrupción e inclusive detrás de esto el tráfico de tierras. Ley de Reconstrucción dada por el Niño Costero está colocando en la cartera algo importantísimo que antes no se tocaba y es cómo vamos a declarar zonas de riesgo no mitigable, en las que ya no va a ser posible la inversión pública para la reconstrucción y donde la propiedad o el derecho de posesión de las personas que se ubicaban en estas zonas de riesgo se va a perder. Algo saludable de la norma es que inclusive se está facultando al gobierno regional no solamente la declaratoria de zonas de riesgo, sino también su custodia”, comenta.

Anota que imponerle el carácter de intangibilidad sobre áreas vulnerables frente a los desastres naturales demanda que el proceso de reconstrucción se emprenda en los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional, con un carácter eminentemente correctivo y que restituya el principio de autoridad sobre la gestión del territorio.

“Hay necesidad entonces de que se tracen políticas nacionales, líneas maestras que se deben ser respetar sí o sí respecto al territorio. Definitivamente es parte de una política pública, el trabajo ahora debe darse en el marco de lo que es la ocupación del territorio de manera sostenible, segura, garantizando los derechos fundamentales de las familias pero con seguridad. La vivienda o el techo es un derecho fundamental, pero no es una justificación para que la población se convierta en vulnerable al exponerse en territorios de alto riesgo, eso no es posible. Tenemos que usar los instrumentos que nos dice la ley, las competencias técnicas y todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se sigan cometiendo los mismos errores constructivos y expansión urbana”, señala.

LECCIONES NO APRENDIDAS

Anota que lamentablemente desde 1998 poco se ha aprendido en el Perú sobre los riesgos que existen frente a los desastres naturales, sobre todo en la zona norte por la presencia del Fenómeno El Niño.

“La lección no la hemos aprendido, algo importante y una reflexión que tenemos, sobre todo en la zona norte, es que la naturaleza nuevamente nos ha abofeteado y nos ha dicho que como Estado somos malos planificadores o malos gestores del territorio. En este caso, más allá de las leyes y competencias, lo que debemos tener claro es que las autoridades y funcionarios somos responsables transitorios de la administración pública y, por tanto, tenemos que garantizar el principio emanado de la Constitución Política que es salvaguardar la vida e integridad de las personas. En ese sentido tenemos que trabajar y aprovechar el proceso de reconstrucción como una oportunidad para hacer los correctivos que correspondan con una visión de corto, mediano y largo plazo”, expone. 

 respuesta de Miguel Segura Vasquez el 2020-08-22.

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