La negociación de sentencias por parte de altos magistrados del Poder Judicial, revelada por los ya famosos audios, no es lo único irregular en la judicatura. Procesos de contratación inobservando las normas vigentes y presuntos favoritismos laborales también forman parte del problema, que en la Corte de Lambayeque también se hace sentir.
Expresión conversó con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial en el departamento, Luis Escajadillo Castillo, quien con énfasis señala que existen hechos que merecen la atención de los organismos de fiscalización y ante los cuales la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, se mantiene silente.
A raíz de caso “Lava Juez” se ha puesto en cuestión la idoneidad de muchos magistrados y la manera en la que se administra justicia en el país. ¿Cuál es la posición que frente a este serio problema asumen los trabajadores del Poder Judicial?
Justos pagan por pecadores. Esos temas que son focalizados en el Poder Judicial salieron a la luz y afectaron la imagen institucional, y en esa dinámica está el Sindicato de la Corte de Lambayeque, tratando de levantar un poco la imagen del Poder Judicial.
Es lamentable que los órganos de control no hayan actuado de manera oportuna y eficaz. Tanto la OCMA como la ODECMA no vienen cumpliendo a cabalidad con su función.
Muchas veces se persiguen unos casos que no tienen mucha relevancia. El tema de atraso obviamente que genera una desazón a los justiciables, pero hay razones por las cuales existe el atraso del Poder Judicial, por ejemplo la judicialización de las pensiones que para nosotros no debería ir a sede judicial, sino resolverse en vía administrativa.
En Lambayeque hay seis juzgados contenciosos administrativos que ven temas pensionaros que bien podría la ONP reconocerlos en sede administrativa. Eso ha generado una carga enorme y es imposible que un trabajador pueda sacar adelante su proceso, más aún porque la oficina de recursos humanos de la Corte de Lambayeque no implementa adecuadas políticas de gestión del personal.
Hay muchos cambios, ascensos indebidos, a veces no respetan la especialidad del trabajador y todos esos errores han generado que el trabajador no se sienta a gusto en el puesto que labora. Hay cambios indebidos y eso genera atraso y, sin embargo, no se investiga la corrupción que ha existido.
Hace algunas semanas Expresión informó no solo de cambios indebidos, sino también de incumplimientos de sentencia o medidas cautelares de no innovar a favor de trabajadores despedidos de manera arbitraria y recientemente en la Corte de Lambayeque se ha contratado a personal para los juzgados laborales emitiendo un aviso de invitación a través de la crónica judicial, pero sin que se conozca la lista final de ganadores, los cuales fueron designados por el titular de la entidad. ¿Qué ha hecho el sindicato al respecto?
Nosotros como sindicato hemos hecho los reclamos respectivos. Tenemos el Oficio 057-2018 que se le entregó a la doctora Elvia Barros Alvarado, vocal suprema, que llegó hace tres semanas a hacer una visita conforme lo había ordenado el PRESIDENTE del Poder Judicial, advirtiéndole que hemos detectado las irregularidades.
Hemos denunciado contrataciones indebidas, ascensos a personal que no cumple los perfiles y que no se respeta la antigüedad. Mucha gente que tiene años en el servicio sigue como secretarios de asistente. En el Poder Judicial se está abusando de la contratación CAS y hay mucha discrecionalidad al respecto.
Actualmente se está implementando un proceso de selección para los nuevos juzgados de familia. Van a crear siete juzgados más para temas de violencia de género y hemos visto que están presentando currículos y aparentemente va a haber una entrevista con el titular de la entidad y creo que ese no es el adecuado mecanismo para una selección de personal.
Nosotros que somos trabajadores antiguos hemos pasado por un filtro que es un concurso público, en el que hubo un reglamento, un estadío de tacha, y esto no se está respetando en el Poder Judicial.
Últimamente hubo trabajadores que los nombraron casi a los seis meses de contratados y no pasaron por ningún concurso o examen psicológico. Muchas autoridades creen que el Poder Judicial es su feudo y ahí viene el tema de las componendas.
¿Esto se ha agravado en la gestión actual o es algo que se presenta de manera recurrente desde las anteriores presidencias?
Desde que trabajo en el Poder Judicial siempre ha habido esos temas. Tengo 10 años ahí y siempre he visto selecciones irregulares, contrataciones a dedo. Ha debido implementarse concursos en el Poder Judicial y pocos ha habido en los últimos años.
¿Tiene el sindicato copia del informe de auditoría a la gestión de la juez Ana Salés del Castillo como presidente de la Corte de Lambayeque?
Tenemos unos alcances. La Contraloría hizo una observación al alquiler del local para los juzgados laborales porque no reúne las condiciones. Hasta ahora no vemos responsables directos, pero tenemos conocimiento extraoficial de los procesos de selección. En varia ocasiones ha habido irregularidades.
El año pasado se contrató para el servicio de limpieza a una empresa que era una MYPE y que no reunían las condiciones para realizar el servicio. Esa empresa no le canceló los haberes remunerativos a sus trabajadores. Después se resolvió el contrato en vía de regularización, pero sobre ese punto nadie asumió responsabilidad.
Tengo entendido que los trabajadores de limpieza pidieron al Ministerio de Trabajo una inspección y se dieron cuenta que el domicilio fiscal de esa MYPE era el domicilio de una operario de limpieza. O sea, habían utilizado los datos de una trabajadora para presentarse a un concurso. Eso es totalmente irregular y a la fecha no hay responsables.
¿Cuántos trabajadores tienes la Corte de Lambayeque?
Actualmente somos 850 trabajadores de los tres regímenes: 728, 276 y CAS, pero el grupo de contratados CAS ha crecido.
¿En el caso de Lambayeque, cuánto ha crecido la contratación?
Se están creando los juzgados de familia, han creado dos juzgados laborales transitorios para descarga de la nueva Ley Procesal del Trabajo, también crearon los juzgados anticorrupción, después crearon unos juzgados de descarga procesal. Puede haber crecido en un 40 % la población de trabajadores CAS, quienes no han pasado por el filtro adecuado.
¿Cuántos trabajadores han adquirido estabilidad laboral sin cumplir los requisitos?
Serán alrededor de 25 o 30. Ese tema se observó porque entraron sin una evaluación. Ingresaron en esta gestión.
Al problema se suman la demanda de mejoras salariales a nivel nacional en el Poder Judicial…
Ahorita está pendiente el tema remunerativo, porque la ley de presupuesto de este año se nos había aprobado una escala remunerativa. Tenemos el sueldo estancado desde el 2012, pero a raíz de los audios y el problema que hay actualmente, se ha estancado el trámite.
El MEF ha ofrecido una escala remunerativa, sin embargo todavía no está concretado el tema y eso nos preocupa porque, si bien es cierto, hemos dado una tregua, este año no ha habido huelga y la población está un poco más tranquila porque sus procesos no se están dilatando, pero todavía queda desazón en el trabajador y esto internamente puede explotar con una lucha en las calles.
Nosotros tendremos una asamblea en dos semanas donde evaluaremos la situación actual. No se descartan medidas de lucha, pero depende de la autoridad. Nosotros exigimos el cumplimiento de la ley y es lamentable que para el próximo año los magistrados pretendan un incremento adicional.
¿En qué quedó el reclamo que ustedes le presentaron al expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez sobre las sentencias no atendidas por la Corte de Lambayeque en casos de despido arbitrario?
De parte del presidente no obtuvimos ninguna respuesta, solamente un comunicado que decía que se tenía presente para cualquier tipo de indagación. Nosotros tuvimos que recurrir con los trabajadores a presentar quejas ante la OCMA para que nos den una solución.
¿Cuántos casos identificaron?
Teníamos como 15 casos de reposición. Se han repuesto a 13 trabajadores, restan dos, pero están llegando más trabajadores con juicios, quienes ya tienen cautelares a su favor. Hemos apoyado en lo que se ha podido a esos compañeros.
El problema es que estas reposiciones no se hacían efectivas porque se abusaba de las contrataciones directas. No había plazas, pero había gente que indebidamente estaba en el cargo. Se ha hecho presión a través de la prensa, a través de los documentos a las autoridades, para que esas contrataciones queden sin efecto y puedan regresar los trabajadores que fueron indebidamente despedidos.
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