En Lambayeque se ha repetido hasta el hartazgo que el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, autodefinido como gestor de recursos para los municipios distritales, tiene mucho que decir sobre las obras de saneamiento. Pero quien sabe más, sin lugar a dudas, es su hermano César, antes vinculado a las cartas fianza falsas que se presentaron para los proyectos de agua y desagüe de Olmos y ahora involucrado en un caso similar en el distrito de San José.
La prensa nacional califica a César Velásquez Quesquén como el personaje clave del escándalo del saneamiento en San José, donde la población sufre a diario por la falta de agua potable y de conexiones de alcantarillado operativas, que permitan atender la enorme necesidad que allí se vive.
Los padecimientos de este pueblo no son nuevos. En las gestiones de los exalcaldes Víctor Llenque Curo y Víctor Paiva Llenque también hubo problemas con los proyectos de saneamiento básico, y ahora, en la administración del saliente alcalde Macario Fiestas Fiestas la situación es la misma. En el centro del problema una palabra resuena con fuerza: corrupción.
“Como soy hermano de un político quieren politizar el tema, entonces se me denuncia a mí”, señaló para el programa dominical Punto Final César Velásquez Quesquén.
“No llego a creer hasta ahorita, que siendo el hermano de un congresista haga esto no a una persona sino a un pueblo entero”, dijo a su turno el alcalde del distrito.
LA LICITACIÓN
El proyecto de saneamiento básico de San José fue valorizado en 30 millones 402 mil 214.35 soles, presupuesto asignado por el gobierno nacional y con el que se financió, por ejemplo, la compra de cientos de tuberías que se encuentran abandonadas en un almacén, en tanto los pobladores deben esperar a las cisternas o comprar agua para su consumo diario, almacenándola en baldes que no garantizan precisamente salubridad.
El proyecto “Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de San José” fue elaborado por el municipio para beneficiar a 13 mil 358 habitantes, alcanzando viabilidad desde julio del 2011.
El 30 de septiembre del 2014, siendo alcalde Víctor Paiva Llenque, la obra fue licitada al Consorcio San José, suscribiéndose el Contrato N° 007-2014-MDSJ/A.
Dicho contrato fue anulado dando pie a la realización de una nueva licitación, por el mismo monto, para la ejecución del saldo de obra, la que ganó el Consorcio Adonai, recibiendo la buena pro en febrero y suscribiéndose el contrato el 6 de abril del 2017.
El Comité Especial estuvo integrado por los funcionarios Juan Carlos Pinto Escobedo, Roger Humberto Obando Bardalez y Miluska Yovana Zegarra Villanueva, encargados de realizar la calificación y evaluación de ofertas.
El Consorcio Adonai fue el único postor en el proceso, recibiendo 100 puntos de calificación, pues el comité determinó que cumplía con capacidad legal, técnica y profesional, y experiencia, para hacerse cargo de los trabajos.
EL CONSORCIO
La buena pro fue otorgada al consorcio conformado por las empresas Karosi Electricistas y Constructores S.A.C. y Dering S.A.S. La primera empresa, que aparece con condición de “no habido” en el registro de la SUNAT, tiene domicilio fiscal en Trujillo, presenta una abultada deuda en situación coactiva por incumplimientos a Essalud, la ONP y el Tesoro Público. Al momento de la suscripción del contrato tenía solo dos trabajadores, uno de ellos era su gerente general Jorge Enrique Ruiz García.
La segunda integrante del consorcio tiene domicilio en Lima, también acumula deuda coactiva con la SUNAT y tiene como representante legal a Camilo Becerra Vanegas. Este fue acusado del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado y su empresa tiene, desde el 19 de octubre del año pasado (siete meses después de firmado el contrato en San José) una sanción de 38 meses, que vence el 19 de diciembre del 2020, para contratar con el Estado.
La sanción se contiene en la Resolución N° 2304-2017, emitida por la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado y fue impuesta al probarse que Dering S.A.S presentó documentos falsos o adulterados.
LAS CARTAS
De acuerdo a la cláusula novena del contrato firmado en marzo del 2017 entre la Municipalidad Distrital de San José y el Consorcio Adonai, representado por Ruiz García, la contratista podía recibir un adelantos para el inicio de los trabajos.
Previo a ello, siguiendo lo indicado en la cláusula octava, el municipio le exigió a la empresa la presentación de cartas fianza que permitan garantizar el fiel cumplimiento del contrato.
En respuesta, Adonai alcanzó cuatro cartas, entre ellas la N° 4410066852.00, del 2 de marzo del año pasado, con la cual supuestamente la Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., garantizaba al consorcio por la suma de tres millones de soles, a fin de respaldar el adelanto directo del contrato, y la N° 4410054578.02, del 9 de marzo del 2017, con la cual presuntamente la Compañía Minera Antapaccay S.A. garantizaba al consorcio por el monto de seis millones 80 mil 442 soles para que el municipio realice el adelanto de materiales en el proyecto. Otra de las cartas fue presentada con el supuesto aval de la Minera Las Bambas S.A.
Las cuatro cartas fueron – aparentemente – emitidas por el Banco Interamericano de Finanzas - Banbif.
Valiéndose de las cartas, Adonai recibió casi la tercera parte del presupuesto total de la obra, poco más de 10 millones de soles.
Meses después la Oficina Regional de la Contraloría General de la República detectó que las cartas fianza eran falsas.
“Nosotros hacemos un procedimiento de confirmación. El banco dijo que no había emitido las cartas”, señala Walter Coello Inope, responsable de la Contraloría en Lambayeque.
NULIDAD DEL CONTRATO
El 25 de abril del año pasado, el propio Banco Interamericano de Finanzas comunicó a la Tesorería de la Municipalidad Distrital de San José que las cartas presentadas por el consorcio eran falsas, lo que encendió las alarmas de los regidores y funcionarios de la comuna.
La entidad bancaria señala en su escrito que el Consorcio Adonai no era su cliente, que los documentos que este presentó no correspondían a ninguna carta fianza emitida por Banbif y que los números consignados en el encabezado de los escritos pertenecían a otros clientes.
En virtud de ello, el municipio anuló el contrato, quedando paralizada la obra de saneamiento tan necesaria para la población de San José.
EL BRÓKER VELÁSQUEZ
Iniciadas las investigaciones en el Ministerio Público, el representante del consorcio declaró:
“Se contrató como bróker comercial a César Velásquez Quesquén para gestionar las cartas fianza y la validez de las mismas, y que serían de dudosa procedencia, por cuanto la Municipalidad Distrital de San José nos ha resuelto el contrato”.
Y es que Adonai ha denunciado por estafa, apropiación ilícita y falsificación de documentos al hermano del congresista lambayecano. La investigación está a cargo de la fiscal Karen Padilla Tenorio. Ante esto – a modo de defensa – César Velásquez refiere que no fue quien emitió las cartas.
“Yo he sido un intermediario entre la empresa y la empresa que ha emitido las cartas fianza”, asevera César Velásquez.
El bróker cobró 946 mil 435 soles al consorcio, dinero que fue depositado en diferentes cuentas bancarias a nombre de terceros.
“Con respecto a las personas de Kilber Armestar Macedo y María Antonieta Sosa Salgado, los cheques y depósitos fueron girados en garantía a su nombre por indicación del denunciado César Velásquez Quesquén”, ha declarado Jorge Ruiz a la fiscalía. Armestar Macedo y Sosa Salgado son esposos.
César Velásquez asegura que él contrató a Kilber Armestar para que gestione las cartas fianza ante el Banbif y que este fue quien se las entregó.
De acuerdo a la investigación fiscal, existen conversaciones realizadas a través de Whatsapp en las que el hermano del parlamentario solicita los depósitos a nombre de los esposos Armestar Sosa, así como los cheques. En tanto, Velásquez Quesquén recibió dos depósitos de 10 mil soles y uno de 89 mil 400 a una cuenta personal en Interbank, además de un cheque del Banco de Comercio por 100 mil soles.
VELÁSQUEZ Y ORELLANA
La vinculación de César Velásquez con las obras de saneamiento no es nueva. Hace algunos años también tuvo participación con el proyecto de agua y alcantarillado de Olmos, valorizado en 120 millones de soles.
La participación fue a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop, de la cual era socio y llegó a ser presidente del consejo de administración. Dicha entidad emitió un total de 21 cartas finanza, todas ellas fraudulentas, valorizadas en 57 millones de soles. El perjudicado directo fue el municipio de Olmos y, por ende, el Estado.
El meollo del asunto radica en que la gestión del exalcalde Willy Serrato Puse desembolsó prácticamente todo el presupuesto del proyecto a favor de las empresas Ingenieros ABC Contratistas Generales SAC y Ramca Contratistas SAC, confiándose en la garantía que las cartas de Financoop supuestamente ofrecía. Sin embargo, la entidad no tenía autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros para la emisión de fianzas.
Otro caso que involucra a César Velásquez con cartas fraudulentas es el de COOPEX, brazo financiero de la red de Rodolfo Orellana. COOPEX giró a favor del Consorcio Clorinda Matto de Turner una fianza por obra educativa en el Cuzco. Con la carta el consorcio logró un adelanto de obra de más de seis millones de soles, dejando posteriormente el proyecto paralizado.
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