Más de cuatro años después de iniciado el caso “Limpios de la corrupción”, el fiscal a cargo del equipo exclusivo, Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, concluyó la investigación preparatoria con una escueta disposición, por lo que en los próximos días se sabrá si acusa o pide el sobreseimiento por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por los que fueron detenidos y luego encarcelados bajo prisión preventiva el exalcalde Roberto Torres Gonzales y los funcionarios de su entorno.
El 22 de octubre, Zapata Orozco emitió la Disposición N° 337, de la Carpeta Fiscal 2447-2014, con la que resuelve concluir la investigación preparatoria del sonado caso.
Con solo tres párrafos, el representante del Ministerio Público finaliza el procedimiento en el que se ha mantenido a exclusividad en los últimos cuatro años. Así, se concluye la investigación contra Roberto Torres Gonzales y otros por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, “imputaciones que fueron formalizadas mediante las disposiciones fiscales correspondientes”, en el 2014.
El artículo 343, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Penal, establece que el fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aún cuando no hubiere vencido el plazo. Sin embargo, en el presente caso el plazo se excedió, llegando Zapata Orozco a solicitar diferentes prórrogas.
TIEMPOS VENCIDOS
El 18 de julio del 2014 la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo emitió la Disposición N° 01 mediante la cual se inició la investigación preliminar en la Carpeta 2447- 2014. Meses después, el 30 de septiembre, la fiscalía logró que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria disponga la detención de 22 personas, acción que repitió el 11 de diciembre sobre otras 10 personas, varias de estas enviadas a prisión bajo mandato preventivo.
El 7 de octubre de ese año, Zapata Orozco dispuso formalizar la investigación preparatoria contra 12 investigados por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado y la municipalidad de Chiclayo. Al año siguiente, el 29 de mayo del 2015, se prorrogó la investigación preparatoria vía proceso complejo por el lapso de ocho meses, pedido que fue atendido por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria mediante Resolución N°46 el 1 de junio del 2015.
El 12 de enero del 2016, mediante Disposición N° 145, el Ministerio Público, de acuerdo a su competencia, adecuó las actuaciones de la carpeta fiscal 2447-2014 a los lineamientos de la Ley Contra el Crimen Organizado - Ley 30077 y modificatoria según Ley 30133. Asimismo dispuso adecuar el plazo de investigación preparatoria a 36 meses.
El 30 de mayo del 2016, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lambayeque, mediante Resolución N° 11, estableció un plazo judicial de investigación preparatoria de 36 meses que venció el 1 de junio de este año, decisión que quedó firme al no ser apelada por Zapata Orozco.
DECISIONES FIRMES
Empero, al no cumplir con la totalidad de diligencias programadas, como tener las pericias económicas y financieras para acreditar el desbalance patrimonial de los investigados y probar el delito de lavado de activos, tres días antes que venciera el plazo de la investigación (1 de junio del 2018) el fiscal solicitó ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios una prórroga de seis meses para continuar con el caso, requerimiento que el 17 de septiembre le fue negado por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, hermano de unos peritos contratados para el caso por el Ministerio Público.
Pese a que el fiscal en audiencia dijo que apelaba la decisión del juez, este no fundamentó su pedido, por lo que la negativa de la prórroga fue declarada consentida con la Resolución N° 249, del 28 de septiembre, emitida por Leonardo Carrillo.
En la audiencia en la que Zapata Orozco fundamentó su pedido de prórroga señaló que necesitaba de mayor tiempo a fin que los peritos concluyan con sus informes. El plazo para la entrega de las pericias venció en mayo de este año.
Por estas razones, queda confirmado que el Ministerio Público no tiene los informes económicos y financieros, encargados a los peritos César Augusto Casanova Quesquén, Alicia Reyna Montoya y Rubén Leonardo Carrillo, para acusar a los investigados por el delito de lavado de activos. Más aún, porque de acuerdo a la norma procesal, las pericias deberían haber sido notificadas a los abogados de los investigados a fin que estos realicen sus observaciones de parte, hecho que no se ha producido.
Finalmente, al tratarse de un caso complejo y tipificado bajo la norma de criminalidad organizada, el fiscal tiene 30 días para acusar o requerir el sobreseimiento. Si esto último sucede, el Ministerio Público admitiría que los delitos madres del caso (asociación ilícita para delinquir y lavado de activos) nunca existieron, pese a que por su supuesta comisión fueron enviados a prisión preventiva Roberto Torres y sus allegados.
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