Wilfredo Becerril Rodríguez, hoy prófugo de la justicia, fue – según Registros Públicos – gerente de la empresa Red Medical Dental & Business E.I.R.L, la misma que ganó más de 30 procesos de contratación con el Estado pese al impedimento existente dada la posición ventajosa de su hermano, el parlamentario fujimorista Héctor Becerril Rodríguez, como autoridad. Es tal la inobservancia de lo señalado en las normas nacionales que el año pasado la Gerencia Regional de Salud – GERESA, le otorgó un contrato para el mantenimiento de equipos odontológicos.
El 9 de mayo pasado, el especialista en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita recurrió al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, para denunciar la irregular participación de Red Medical Dental & Business EIRL en dos diferentes procesos de licitación convocados por entidades públicas. Dos días después, OSCE notificó al denunciante el inicio del proceso sancionador a la empresa.
IMPEDIMENTO
Los fundamentos invocados por Chávez Pita es que la empresa, que desde el 2014 nombró como gerente a Wilfredo Becerril Rodríguez, según la Partida Registral N° 11147904, estaba impedida para contratar con el Estado debido al parentesco directo de este con el legislador por Lambayeque Héctor Becerril Rodríguez.
La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 11, señala que están impedidos de contratar con el Estado (literal f) el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado consanguinidad y segundo de afinidad de (literal a) “los congresistas de la República”.
DENUNCIAS
Chávez Pita presentó dos denuncias contra la empresa. La primera, por participar y adjudicarse la buena pro de la Licitación N° 131-2017-GRAP, realizada por el Gobierno Regional de Apurímac, para la “Adquisición de equipos médicos correspondiente al componente de equipamiento y mobiliario del proyecto: Mejoramiento del acceso a la atención materna infantil a los servicios que brinda el Centro de Salud del pueblo joven Centenario – Abancay”.
La segunda denuncia fue por la participación y adjudicación en la Licitación Pública de Bienes N° 005-2015-MDSMV, efectuada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle – Huánuco, referida a la “Adquisición de equipos e instrumental médico para la obra: mejoramiento y equipamiento de los servicios de salud del Valle, distrito de Santa María del Valle, Huánuco”.
Ambas denuncias fueron admitas a trámite por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, pero extrañamente hasta el momento la empresa de la que Wilfredo Becerril fue gerente no ha recibido la sanción respectiva por parte de la entidad fiscalizadora.
CONTRATO CON LA GERESA
El 11 de octubre del 2018, la Gerencia Regional de Salud - GERESA Lambayeque, suscribió el Contrato N° 359-2018 derivado de la Adjudicación Simplificada N° 011-2018-GR.LAMB/GERESA-II Convocatoria, con Red Medical Dental & Business E.I.R.L., referido al “Servicio de Plan de Mantenimiento de Equipos Odontológicos”, valorizado en 140 mil soles.
El contrato fue suscrito por la jefa de la Oficina Ejecutiva de Administración de la entidad, Carolina Ramos Delgado y la representante legal de la empresa, Cristy Cruzado Jiménez.
La cláusula novena del contrato señala que la empresa declaró bajo juramento que se comprometía a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, bajo sanción de quedar inhabilitada para contratar con el Estado en caso de cumplimiento.
En la cláusula siguiente, la empresa se obligó a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 248-A.
EMPRESA CON SUERTE
Red Medical Dental & Business E.I.R.L. fue fundada por Cristy Cruzado en el 2009 y solo desde que nombró a Wilfredo Becerril como su gerente, en febrero el 2014, empezó a tener un notable éxito en las contrataciones con el Estado, al punto que entre el 2014 y el 2017 facturó por licitaciones casi cinco millones de soles.
Lo particular de la empresa es que en los procesos en los que ha participado ha consignado siempre direcciones falsas. Una investigación del diario La República a los movimientos de la empresa confirmó que tres de las direcciones presentadas en las diferentes convocatorias no le pertenecían: una era una bodega, otra un condominio y la tercera una vivienda familiar.
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