Los obstetras, a nivel nacional, demandan al Ministerio de Salud el respeto a su profesión, pero además que se mejoren las condiciones en las que realizan su trabajo diario, considerando que es el personal de salud que se encuentra más próximo a la población rural y del que depende no solo la prevención, sino también el adecuado tratamiento de las gestantes y recién nacidos.
Ada Chicoma Sotomayor, decana del Colegio de Obstetras en Lambayeque, refiere quehace dos años los obstetras empezaron su lucha profesional, debido a que se han modificado sus funciones en el sistema de salud, recortando labores para que han sido formados, pero que además se encuentran normadas.
“Somos los que estamos desde la zona más lejana hasta la más cercana y en malas condiciones salariales, climáticas y geográficas. Pese a todas esas adversidades, siempre van a encontrar un obstetra presente. Hace dos años empezó esta lucha porque se planteaba recortarnos funciones, decisiones que llegarían a afectar a la población. Por ejemplo, habíamos avanzado científicamente en hacer una ecografía en el primer nivel de atención, lo que es hacer un diagnóstico temprano, no tratar la complicación o la patología. Simplemente detectar y pasarla al especialista. El obstetra hace una especialidad y puede realizar ese procedimiento. No es necesario derivar a la paciente a otro nivel de atención, salvo que así se requiera. Sin embargo, hemos encontrado una dura oposición por parte del gremio médico de ginecobstetras, que nos está vetando de hacer este tipo de examen”, comenta la representante profesional.
A la controversia por las ecografías surgió la referida a planificación familiar. Se pretende que los obstetras dejen de colocar la T de cobre o el implante para la protección anticonceptiva. Para hacerlo se exige que tengan la supervisión de un médico.
“Nosotros le preguntamos al Ministerio de Salud y a las regiones si se han puesto a pensar cuántos ginecobstetras hay. Lambayeque tiene aproximadamente solo 138 ginecobstetras distribuidos en los hospitales y la gran pregunta es si un ginecobstetra, un especialista, va a trabajar a Incahuasi si se le manda. ¿Iría a Cañaris, a Mórrope o a las zonas más lejanas de nuestra sierra? La idea es seguir trabajando como siempre, en equipo, multidisciplinario y cada quien respetando sus competencias y su perfil profesional, pero lamentablemente surgió una corriente desde el Colegio Médico que no estaba de acuerdo y que vulnera nuestro derecho a seguirnos especializando y avanzando en procedimientos para los que estamos capacitados”, refiere.
AVANCE Y RETROCESO
La obstetricia es considerada en el país, según ley, como una carrera médica y se ajusta a los perfiles que se requieren para la realización de procedimientos como los antes mencionados a favor de la población.
“Un obstetra se prepara durante seis años en algunas universidades y en otras durante cinco años, y si quiere ser especialista estudia dos años más. Tiene toda la preparación científica y humanista para ejercer sin ningún problema”, manifiesta Chicoma Sotomayor.
A nivel nacional, tras una serie de gestiones, los obstetras lograron que el Ministerio de Salud retroceda en algunas modificaciones que vulneraban su ejercicio profesional. Sin embargo, en menos de 48 horas se emitió un nuevo clasificador de cargos que estipula sus funciones en los establecimientos asistenciales, retornando al estado de vulneración.
“Nos han retirado desde el trabajo adolescente y preconcepción, no podemos hacer ecografías, no podemos trabajar con la familia y la comunidad que es parte de nuestro campo. El trabajo de planificación familiar lo podemos hacer, pero con algunas restricciones porque al modificarnos el clasificador de cargos va a ser una puerta de entrada para poder modificar nuestras funciones. Sale el clasificador de cargos que se viene trabajando desde mediados del 2016 secuencialmente y a las 48 horas fue cambiado sin seguir el procedimiento correspondiente. Entonces nosotros preguntamos qué está pasando con la profesión. ¿No hay acaso otros intereses de por medio?, ¿qué pasa que no se piensa en la población?, ¿qué pasa que no se sientan a legislar para se ejerza la salud pública en el Perú de una manera equitativa para todos?”, cuestiona la decana.
VULNERACIÓN
Los cambios dispuestos por el Ministerio de Salud afectan no solo a los obstetras que trabajan en los puestos, centros y hospitales de su competencia, sino también en los establecimientos de la seguridad social. Existe – como señala Ada Chicoma – un daño colateral.
“Esta situación está presentándose en todos los sectores: marginación, acoso laboral, órdenes en los hospitales. El perfil dice que nosotros atendemos el parto normal, pero hoy en día hay muchos hospitales, de las diversas regiones del país, en los que no se está dejando entrar al obstetra y se dispone que quien atienda el parto sea el interno de medicina, el residente o el gíneco. Sin embargo, esa formación del médico es solo una parte, no se dedica solo a ello. Ahora, si el médico o el residente atiende, ¿acaso no debe estar presente el obstetra para que ayude al médico y enseñe? Nosotros estudiamos cinco o seis años para eso. Debe mantenerse el respeto a la profesión, el respeto a los obstetras, a su perfil profesional y a sus competencias”, enfatiza.
AVANCES
Ada Chicoma comenta que pese a las limitaciones que existen, se ha logrado algunos avances en la atención a las gestantes, como, por ejemplo, en lo referido al parto institucional; es decir, que las madres sean atendidas en establecimientos de salud a fin de garantizar su cuidado y el del recién nacido.
La Encuesta Demográfica y de Salud Familia – ENDES, desde el 2017, muestra que el parto institucional está en un 91.2 % y ha sido una de las estrategias para disminuir la mortalidad materna, resultado que no es de ahora, sino de varias décadas de articulación y acercamiento de los servicios de salud a la población, principalmente rural.
“Hoy la ENDES señala que el 91.2 % de partos son institucionales y atendidos por los obstetras en el primer nivel, estrategia que se tomó en el país para disminuir mortalidad materna y neonatal”, refiere.
En Lambayeque hay aproximadamente 750 obstetras que cumplen labor en los establecimientos del MINSA, la seguridad social y las Fuerzas Armadas y Policiales.
“Trabajamos situaciones adversas muchas veces. Sabemos que el sector salud carece de presupuesto y no contamos con las condiciones de infraestructura y equipamiento. Sin embargo, pese a ello hemos puesto el hombro y hemos salido adelante. El personal en el sector salud debe usar la creatividad y el ingenio porque si yo no tuve en ese momento algo de lo que técnicamente debo usar, tengo que encontrar la salida y no dejar de dar atención al paciente”, comenta Chicoma Sotomayor.
Menciona que hace cinco años había serios problemas para atender los programas de planificación familiar, sobre todo por la carencia de insumos. Actualmente, las limitaciones por disponibilidad de anticonceptivos se han superado.
Los obstetras también están a cargo de las gestantes portadoras de VIH y de trabajar en las acciones preventivas para el cuidado del recién nacido. Todo profesional está en la obligación de disponer las pruebas de sífilis y VIH a las gestantes, además de la consejería y acompañamiento necesario.
“Esa es función nuestra. Es una exigencia según la Organización Panamericana de Salud que el carnet perinatal y la historia clínica perinatal sean correctamente llenados, porque si la paciente tuviera una complicación, es importante que los antecedentes estén consignados. Sin embargo, en la seguridad social se han presentado casos en los que ambos documentos son llenados por los médicos y estos omiten la información, lo cual es perjudicial para la paciente y el sistema de salud”, manifiesta.
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