Justicia que tarda no es justicia. Después de más de década y media de lucha, 380 de 493 beneficiarios del Fondo Mi Vivienda recibirían sus títulos de propiedad con la suscripción de la última adenda que permitirá dar cierre al fideicomiso en el que entraron las familias para ver realizado el sueño de la casa propia en el Proyecto Las Garzas.
Las Garzas es un proyecto del programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamientoque empezó en el 2003. En un inicio, este condominio residencial de casas ubicado en el kilómetro 7 de la carretera a Pimentel estaba proyectado para mil 200 unidades, pero tras idas y vueltas fueron 493 las familias que pudieron acceder al bono familiar de tres mil 600 dólares que entregaba el Estado.
Quienes intervinieron en un primer lugar fueron: el Fondo Mi Vivienda, con los bonos; la inmobiliaria Veritas Edificaciones SAC, con la construcción; las familias como beneficiarios, el Banco Wiesse, como administrador de los recursos, y el Fondo de Vivienda Policial – FOVIPOL, pues dentro de este grupo de familias también había policías.
PRIMERA PARALIZACIÓN
La presidenta de la Asociación de Adquirientes, Rafaela Pérez Ortiz, relata que la ejecución del proyecto como tal inició en el año 2004, año en el que la empresa Veritas tenía pensado construir viviendas para 109 familias en una primera etapa.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año la construcción se paralizó, quedando las obras entre un 50 % y 70 % de avance. Ortiz Peralta señala que quien era el administrador de los bonos y ahorros en ese momento, el Banco Wiesse, alegó haberse quedado sin fondos en su cuenta, motivo por el cual renunció y quedó la obra paralizada. Según supieron después los beneficiarios, aparentemente la constructora había utilizado el fondo de los bonos y ahorros en habilitar los terrenos cuando estos ya debían haber estado totalmente saneados.
Fue así que en el 2005 los beneficiarios denunciaron este caso ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que en aquel momento era presidida por el parlamentario Javier Velásquez Quesquén. En esta comisión se citó a todos los actores para que den las explicaciones del caso y se arribó a la firma de un nuevo contrato de fideicomiso.
En el nuevo contrato aparece el Fondo Mi Vivienda como el fideicomitente, el Banco de Comercio como nuevo administrador (fiduciario), continuó FOVIPOL y la inmobiliaria Veritas a cargo de la ejecución de la obra al ser esta la propietaria de los terrenos, promotora y constructora.
Las obras continuaron en el 2005 y en septiembre del año siguiente la constructora hizo entrega del primer paquete de casas que en este caso no fueron solo 109, sino 140. A estas edificaciones les faltaba aún regularizar la documentación (escrituras, testimonios de propiedad y el paso técnico, es decir, la conformidad de la obra y la declaratoria de fábrica por parte de la municipalidad). Sin embargo, relata Pérez Ortiz, el entusiasmo fue tal que las familias obviaron ese detalle y esperaron que la empresa regularice posteriormente.
Cuenta la beneficiaria que el día de la entrega estuvo el entonces ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca, quien señaló que, de acuerdo a la fiscalización que iba a llevar esa cartera, se iba a entregar 80 casas cada tres meses hasta completar las 493.
SEGUNDA PARALIZACIÓN
Se empezaron a construir 80 casas más, pero en el 2007 la obra volvió a ser paralizada. Según las averiguaciones que realizaron los beneficiarios, la cuenta del Banco de Comercio que administraba los bonos del Estado, los créditos de FOVIPOL y los ahorros de las familias, quedó con solo dos mil soles.
Pérez Ortiz cuenta que tras varias gestiones ante la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Fiscalización del Congreso y el Órgano de Control Interno del Ministerio de Vivienda, el Banco de Comercio les señaló que con el dinero de los ahorros y bonos se habían pagado comisiones, pues el fideicomiso no era gratuito. Les señalaron que el Fondo Mi Vivienda cobraba una comisión como fiduciario, también cobraba un inspector y el mismo Banco de Comercio una cuota por administrar los bienes.
Narra que al quedarse el fideicomiso sin recursos, el Fondo Mi Vivienda como fideicomitente y garantizador de que se concluyan las obras buscó diversas alternativas de solución, pues dentro de las condiciones que tenía este como fideicomitente era que, en el caso de quedarse el proyecto sin dinero, el Fondo Mi Vivienda devolvía el dinero que había recibido para salvaguardar y garantizar la finalización del proyecto.
No obstante, Rafaela Pérez cuenta que el Fondo Mi Vivienda luego emitió una adenda de modificación del fideicomiso donde prácticamente asumió la figura de mejorador que tenía en salvaguarda del Proyecto Las Garzas, desligándose de esa responsabilidad.
ARBITRAJE Y OTRAS SOLUCIONES
Pérez Ortiz señala que en el 2010 la inmobiliaria denunció al Fondo Mi Vivienda a través de un arbitraje en el cual no se le permitió participar a los beneficiarios porque de acuerdo al contrato de fideicomiso ellos no tenían ni voz ni voto.
En el 2015 se emitió el laudo arbitral en el que se eximió de responsabilidad tanto al Fondo Mi Vivienda como a la inmobiliaria Veritas. El único beneficio que obtuvieron con ese laudo las familias – cuenta - fue que se consignaba que a las 109 familias debía transferírseles el título de propiedad con conformidad, declaratoria y toda la parte técnica faltante.
Mientras tanto, ya desde el 2009 un grupo de aproximadamente 120 familias había tomado posesión de los terrenos cuyas casas quedaron a medio construir (algunas al 90 %, otras al 80 % y 70 %). Este grupo de familias culminó la construcción de sus casas con sus propios recursos, por lo que ahora estas casas ya aparecen como terminadas. La inmobiliaria se comprometió a darles el expediente técnico a estas familias con la condición de que los costos del proceso de regularización lo asuman las familias, con lo cual se sumó a un total de 220 casas ya saneadas técnicamente.
Anota que al grupo restante de las 493 familias que se quedaron sin construcción alguna, la inmobiliaria les ofreció hacer una transacción extrajudicial consistente en la renuncia por parte de las familias al primer contrato de compra – venta de casa y realizar un nuevo contrato, esta vez de compra – venta de un terreno.
Son alrededor de 160 familias las que han aceptado realizar ese nuevo contrato. El costo que ha fijado la inmobiliaria para estos terrenos es de cuatro mil 400 dólares.
“Como este era un proyecto de vivienda social, los costos de las viviendas en un inicio eran cómodos. Iban desde cinco mil dólares hasta ocho mil dólares, pero ya que el Estado otorgaba un bono de tres mil 600 dólares, las familias solo cancelaban el dinero restante de acuerdo a al modelo de casa que compraban”, señala.
Sin embargo, apunta que hoy a esas familias solo se les está reconociendo el ahorro que pusieron (algunas mil, otras mil 200 dólares), con lo cual tienen que cancelar el dinero restante para llegar a los cuatro mil 400 dólares. En cuanto a los bonos familiares, estos se pierden al momento de hacer este nuevo contrato porque este significa que se está renunciando al primero y, por lo tanto, este grupo de familias salen del fideicomiso.
Mientras tanto, a las familias restantes que no quisieron firmar este nuevo contrato, un promedio de 130, la empresa inmobiliaria les ha enviado una notificación de prescripción del contrato, debido a que ya transcurrieron más de 10 años desde la firma del mismo.
Pérez Ortiz manifiesta que la Asociación de Adquirientes que ella presidente ya no puede entrar en defensa de este grupo de familias, pues ellas ya entrarían en un proceso judicial aparte con la inmobiliaria.
ADENDA DE CIERRE
El 22 de febrero de este año, a través de la Carta Nº 137-2019-FMV/GPIS, el Fondo Mi Vivienda se comunicó con el congresista Clemente Flores Vílchez, quien estuvo ayudando a las familias en las diligencias, para comunicarle que “las negociaciones de los términos de la tercera adenda que permita dar cierre al fideicomiso y salvaguardar los intereses de los beneficiarios se encuentran en la etapa final entre el FMC y el promotor, esperándose tener los acuerdos cerrados durante el primer trimestre del presente año”.
Pérez Ortiz señala que han tenido conocimiento que la adenda ya ingresó al directorio para su aprobación, lo cual esperan que se realice sin ningún contratiempo, pues en otras ocasiones también estuvieron a puertas de firmar una adenda de solución y esta al llegar al directorio fue desaprobada.
Señala que del grupo de las primeras 140 familias que fueron beneficiadas, 90 ya tienen por lo menos las escrituras, siendo lo único faltante la ratificación del Fondo Mi Vivienda ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, ya que en el 2010 el Banco de Comercio también renunció a la administración de los recursos y le transmitió la fiducia al Fondo Mi Vivienda, que actualmente aparece en Registros Públicos como administrador de las propiedades.
“Con esta adenda ya se contempla la solución para este proceso, pues al liquidarse el fideicomiso nos transferirán a las 220 familias los títulos de propiedad y a las 160 familias que hicieron la transacción se les dará también la transferencia de su compra – venta de terreno”, explica.
Por ahora solo queda esperar que los ofrecimientos no caigan en saco roto.
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