El 7 de septiembre, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví Olarte, presentó las 19 propuestas en las que enfocará su gestión, las cuales se agrupan en el documento denominado Agenda 19. Sobre esto, el abogado laboralista Carlos Palomino Guerra señala que hay algunos puntos en los cuales el titular de Trabajo ha sido mal asesorado, como en el retiro de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 31188, que regula la negociación colectiva en el sector público.
“Toda norma es perfectible, pero ¿se puede desistir de una demanda de inconstitucionalidad? la respuesta es contundente: no se puede. Si ya se inició el proceso, este va a terminar con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que declarará si la Ley de negociación colectiva es constitucional o no (…) Me parece que el ministro no ha tenido un buen asesoramiento, todos los abogados sabemos que no se puede retirar una demanda de inconstitucionalidad”, sostiene.
Suspensión perfecta
Sobre la propuesta que plantea la eliminación del Decreto de Urgencia N° 038-2020, que regula la suspensión perfecta de labores, apunta que esta ley puede ser cuestionada, pero ha sido un salvataje para que muchas empresas subsistan. Apunta que el gobierno se está dejando guiar por la percepción de la población, que considera que este dispositivo legal solo ha favorecido a las grandes empresas.
“Así como ha favorecido a los cines y algunos bancos, no debemos olvidar que también favoreció a miles de pequeñas y medianas empresas. Si los restaurantes no hubiesen tenido este decreto de urgencia, tendrían que haber seguido pagando a sus trabajadores, pese a estar cerrados. Debemos pensar en las peluquerías, en las bodegas, en todas las empresas para las que ha sido un salvataje”, explica.
Indica que sí se deberían hacer algunos ajustes a este decreto, tales como que a las empresas de mayor capital se les prohíba mantener a sus trabajadores en suspensión perfecta, aunque anota que esto requiere de un análisis técnico.
Añade que el decreto también ha permitido que los trabajadores en suspensión perfecta reciban subsidios estatales. “No se pueden tomar decisiones en base criterios de percepción, en lugar de criterios técnicos”, afirma.
Tercerización de servicios
Respecto a la prohibición de la tercerización de servicios, indica que tampoco debería eliminarse por completo esta facultad, pues el espíritu de la tercerización es que las empresas busquen a otras para que desarrollen actividades en las cuales las primeras no son especialistas. De esta forma, se brinda un producto o servicio de mayor calidad.
Indica que el problema con los trabajadores en el rubro de la agroexportación no tiene su raíz en la Ley N° 29245 – Ley que regula los servicios de tercerización, sino en que las empresas intermediarias no han cumplido con la norma, teniendo a su personal fuera de planilla y sin ningún tipo de seguridad para la realización de sus labores.
Sin embargo, anota que sí se deben hacer modificaciones a la norma. Una de estas es que la repartición de las utilidades alcance también a los trabajadores de las empresas tercerizadoras.
“Las minas, por ejemplo, contratan transporte, limpieza, personal para excavar, casi todo lo tiene tercerizado, pero a la hora de la repartir las utilidades solo les cancela a los trabajadores de su planilla, cuando en realidad son los de las tercerizadoras el motor de la producción. Allí hay un tremendo vacío”, afirma.
Pensiones
En tanto, ve con agrado que una de las propuestas de la Agenda 19 sea el aumento de las pensiones de quienes están dentro de los Decretos Legislativos N° 1990 y 20530.
“En el caso de los pensionistas de la N° 19990, ellos perciben desde el 2002 la misma pensión de jubilación, es decir, 852 soles. Es así hace hace 18 años y no aumenta. Lo único que ha hecho el gobierno es aumentarles a los que recibían la pensión mínima de 415 soles”, comenta.
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