La Comisión de Producción del Congreso de la República tiene un proyecto que apunta a modificar la Ley General de Pesca, en cuya oposición se han pronunciado los representantes del sector a nivel nacional. En Lambayeque, David Custodio Zavaleta, vocero de las empresas pesqueras del departamento, señala que el principal problema de la iniciativa es que no ha recogido la opinión de los actores directos: pescadores, armadores y propietarios de embarcaciones.
El proyecto de ley fue presentado en la legislatura anterior por el congresista Jaime Quito Sarmiento con el objetivo de a aplicar diversas modificatorias a la norma vigente, como propiciar la creación de un Consejo Nacional de Pesca, que tendría competencias consultivas; incorporar la categoría de ‘recurso sobreexplotado’, la protección de las cinco millas (la cual busca proteger la pesca artesanal y reducir el uso de artes de pesca de alto impacto), estandarizar los plazos de vigencia de los permisos, entre otras.
“Nosotros venimos sosteniendo ante la Comisión de Producción que no se ha escuchado a los representantes del sector en Lambayeque, que no ha sido tomado en cuenta para la formulación de la nueva Ley General de Pesca. Hay personas que se han atribuido representatividad que no tienen, hay un importante número de asociaciones y gremios, con planes de innovación y mejora que no han sido escuchadas”, manifiesta.
Permisos de pesa
Custodio Zavaleta indica que uno de los principales riesgos del proyecto es el establecimiento de un plazo de 10 años de vigencia de los permisos de pesca, que actualmente son indeterminados, lo que afectaría – asegura – directamente el desarrollo del sector, afectando a miles de familias.
“Es necesario que los congresistas conozcan la posición de los pescadores. Se han realizado marchas y otras actividades de rechazo a este proyecto, porque su autor no conoce y probablemente esté mal informado sobre la situación del sector. Lo que reclamamos es que se llegue a un consenso y se dé participación a los gremios pesqueros, porque de lo contrario el problema se va a agudizar”, indica.
Añade que es necesario que el Estado atienda el reclamo de los gremios pesqueros, porque en la actualidad el 80 % de la biomasa de anchoveta en el Perú se encuentra en manos de unos pocos, lo que genera una situación de inequidad y descontento entre las familias que dependen directamente de la explotación hidrobiológica.
“Primero que el Congreso nos diga cómo se piensa modificar la Ley General de Pesca si no se soluciona lo que genera el Decreto Legislativo 1084, que beneficia a siete grupos de poder que dominan el mercado, las especies, el precio y que se preocupan más por abastecer el mercado internacional antes que el nacional. Con la nueva ley pretender desparecer a las empresas medianas y pequeñas, cuyas flotas han costado 30 o 40 años de subsistencia. Son muchos los escenarios que se han presentado en el sector y es inaudito que se quiera desaparecer en 10 años, siendo el resultado de décadas de trabajo”, enfatiza.
Fuentes de trabajo
Custodio Zavaleta menciona que la gran mayoría de embarcaciones existentes son producto del trabajo de pequeños pescadores y armadores, quienes han accedido a créditos para implementar su flota y correrían el riesgo de perder su fuente de ingresos si se aplica la reducción de los permisos de pesca a 10 años.
“Hay que cuidar las fuentes de trabajo que son el sostén de miles de familias a nivel nacional. No estamos de acuerdo con la vigencia de permisos por solo 10 años. Es muy difícil sostenerse en el sector por solo 10 años. Nuestras embarcaciones tienen una vida útil aproximada de 25 a 40 años, por lo que crear una norma que establezca que los permisos serán solo por 10 años genera incertidumbre jurídica para un pequeño pesquero o armador. La norma actual establece el plazo indeterminado, pero con ciertas reglas de caducidad”, explica.
En la actualidad, si un armador pesquero, con permiso otorgado por el Estado, no cumple con la normatividad como las tallas mínimas de especie, el pago de derechos de pesca, la gestión correcta para la extracción, usa artes y aparejos inadecuados, incumple con sus declaraciones de derechos de pesca en los plazos establecidos o descarga volúmenes excesivos no autorizados, incurre en causales que se sancionan con la caducidad del permiso.
Sobre esto, David Custodio refiere que una cosa es que caduque el permiso de pesca por las faltas graves cometidas y otra muy distinta a que el permiso, per se, tenga una vida útil.
“Lo que se le está diciendo al armador es que en 10 años se renovarán los permisos, pero no se explica ni las formas ni las circunstancias. Tampoco se explica qué pasaría con aquel que no recibe la renovación del permiso. La Ley General de Pesca si bien ha establecido criterios de renovación posteriores a los 10 años, no ha fijado cuáles serían los criterios de renovación ni el destino que se le daría a la embarcación en caso se niegue el permiso. ¿Se destruye?, ¿se despide al personal?, ¿se funciona? Nada de eso está especificado”, acota.
Rol del IMARPE
Cuestiona también que se le pretenda restar participación al Instituto del Mar Peruano – IMARPE, en la formulación de la nueva norma.
“Los impulsores del proyecto de ley pretenden que otros organismos, ajenos al sector pesquero, que tienen otro tipo de motivaciones y no tienen incidencia científica en el estudio de las especies, como pasa con algunas ONG, sean lo que señalen la política pesquera del país. Eso no lo vamos a permitir. Por muchos años el IMARPE ha realizado un trabajo estrictamente científico, no político, en aras de que se preserve no solo la anchoveta, también especies como el jurel, la caballa, el bonito, que sirven para la alimentación de millones de familias”, acota.
Añade que en el caso de Lambayeque, gracias a la existencia de la flota pesquera de Santa Rosa y San José se genera una cadena de comercialización de productos marinos hacia Cajamarca, San Martín, Amazonas e incluso Tumbes y Piura.
“Si no existiera esta flota dedicada a la extracción de este tipo de recursos, desaparecerían del mercado y eso es lo que no queremos”, señala.
Custodio Zavaleta sostiene que es urgente que el Estado tenga una política integral del sector pesquero.
Nuevos mercados
Refiere que si bien es positivo que se avance en la construcción de desembarcaderos, no hay mercados mayoristas que permitan la concentración de cargas, como sucede en Tarapoto, Cajamarca o Jaén, por ejemplo.
“Quisiéramos que el Estado intervenga de manera activa construyendo mercados mayoristas exclusivos, a los que el armador pesquero pueda trasladar sus recursos a menores precios. Lamentablemente no podemos llegar a esas zonas por varios factores como la inseguridad, los altos costos de transporte y porque no hay la infraestructura que permita almacenar productos frescos. La política pesquera del Estado descuida ciertos aspectos de la alimentación de la población. Se concentra solo en la extracción y en las embarcaciones, pero no mira el objetivo de la comercialización y distribución a los mercados más importantes. Si no hubiera el terminal de Santa Rosa, Lambayeque y muchas otras regiones del país no tendrían acceso a productos como el jurel y la caballa. Esos son temas que se deben abordar en la nueva Ley General de Pesca”, manifiesta.
La falta de mercados regionales, indica, obliga a que los pescadores comercialicen sus productos desde Lambayeque al 30 o 40 %.
“La anchoveta, con sus medidas de protección y preservación, ha servido como fuente ingresos y trabajo para miles de familia en los últimos 20 años. Sin embargo, esa mista condición debería lograrse para todas las especies. Si nosotros que somos pesqueros medianos e industriales, que trabajamos dentro de la formalidad y cumpliendo con las exigencias normativas estamos afectados, no quiero imaginarme cómo están los pescadores artesanales. Ellos se encuentran en mayor desventaja”, acota.
Enfatiza al señalar que quienes se benefician de la falta de articulación del sector, por desidia del Estado, son los intermediarios, quienes ofrecen los productos hidrobiológicos en las regiones vecinas hasta al 400 % del valor que se tiene en costa.
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