La falta de eficiencia en la administración de la cosa pública, por no decir incapacidad, ha motivado que, en las últimas semanas, proyectos elaborados por la Municipalidad de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque, se caigan por su propio peso. A la reciente anulación del contrato para la ejecución del proyecto de seguridad ciudadana para Chiclayo, le acaba de suceder la aprobación para que se anule la compra de 34 ambulancias destinadas a igual número de centros de salud de esta parte del país.
A pesar de ello -en el caso del alcalde provincial, Marcos Gasco Arrobas- este no solo sigue promocionando proyectos como si fueran suyos (ya un regidor le ha parado el macho diciéndole que no lo son), sino que el burgomaestre no dice la verdad sobre que uno de ellos ya se fue al tacho y otros están a punto de seguir el mismo camino.
En cuanto al proyecto de seguridad ciudadana, el alcalde le sigue reventando cuetes en un folleto repartido a diestra y siniestra. Sin embargo, este ya no va más para Chiclayo, porque en el expediente se encontró documentación falsa. Otros proyectos municipales a punto de bajárseles el dedo, son de las obras de pavimentación de las avenidas La Colectora y Cieza de León, que también tienen serias deficiencias en su documentación, pues los trabajos se hicieron en terrenos que previamente no fueron saneados por la municipalidad de Chiclayo; es decir, donde parte de los terrenos tenían dueño.
Pero el alcalde Gasco le sigue echando la culpa de su ineficiencia a otros y hasta a la misma prensa, de la que dice “no hablan de sus obras”, según se le escuchó quejarse ante el presidente Pedro Castillo, a pesar que durante toda su intervención fue pifiado por la población que se dio cita a la inauguración de un centro hospitalario en Pósope Alto, Pátapo.
Las “situaciones adversas”
El 3 de noviembre último, la edición 1276 del Semanario Expresión, presentó un informe amplio titulado “La verdad sobre 34 ambulancias adquiridas por el sector Salud”, en el que mencionamos la serie de “situaciones adversas” encontradas por la Oficina de Control Interno de la Gerencia Regional de Salud, ante la adquisición, primero de 10 y luego de otros 24 de estos vehículos.
Esta situación fue conocida desde agosto pasado, por las entonces autoridades del Gobierno Regional y del Sector Salud, gobernador provisional Luis Díaz Bravo y Dr. Juan Alipio Rivas Guevara, respectivamente; pero ambos no hicieron nada por controlarla. Por el contrario, pusieron una serie de trabas a la investigación interna.
La Contraloría concluyó (en junio y en octubre), que se han advertido “situaciones adversas” que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Contratación Directa n.° 004-2022-GR.LAMB/GERESA-L-1, denominada: “Adquisición de ambulancia urbana y ambulancia rural en treinta y cuatro establecimientos de salud I.4, establecimientos de salud I.2, establecimientos de salud I.3 a nivel departamental”.
El primer informe se emitió el 27 de junio de 2022 por el Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, mediante oficio n.° 00965-2022-CG/OC0633. Se buscaba determinar si la Contratación Directa mencionada se desarrolla conforme a los procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aplicable vigente, disposiciones normativas internas y estipulaciones contractuales y verificar la recepción y cumplimiento de las especificaciones técnicas (primera y segunda entrega) establecidas en las Bases de la Contratación.
El último Control Concurrente fue ejecutado del 16 de setiembre al 14 de octubre, en los ambientes de la Geresa.
Un proceso con serios vicios
El viernes 18 último, el directorio de gerentes del Gobierno Regional de Lambayeque ratificó esta crítica situación, por la serie de vicios antes, durante y después del procedimiento de adquisición de las 34 ambulancias valorizadas en 12 millones de soles y acordó, por unanimidad, disponer la anulación del contrato de compra de tales bienes.
El acuerdo fue adoptado en sesión encabezada por el gobernador Anselmo Lozano Centurión, luego de que el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica del GORE, abogado Branko Antonio Flores Muñoz, expusiera los pormenores del proceso de compra de los vehículos médicos.
Branko Flores reveló que, en primer lugar, no debió haberse convocado a la adquisición sin antes contar con la autorización del gobernador (entonces, el gobernador provisional era Luis Díaz Bravo y el gerente de Salud Alipio Rivas); y, en segundo lugar, la acción a tomar no debió ser contratación directa sino licitación. Sin embargo, se hizo contratación. Eso, con respecto al procedimiento.
Con relación al contrato, mencionó que este tiene varios vicios. Para empezar, las bases sufrieron alteraciones durante todo el proceso. Incluso, habiendo sido integradas, las bases fueron modificadas al momento de suscribir el contrato, dijo.
Explicó que esto sucedió, por ejemplo, puntualmente, en la cantidad de entregas y la forma de pago. Así, establecen en la primera entrega 120 días; después, que eran 24 ambulancias y un pago único. Luego, en el momento del contrato, se dividen en dos entregas: una de 14 unidades; la otra de 10 y un pago secundario, conforme se vayan entregando los vehículos.
El abogado Branko afirmó ante los gerentes de la repartición regional, que el contrato también está lleno de vicios porque establece modificaciones a los términos de referencia, que estaban dentro de las propias bases.
Señaló que por esa razón, el área especializada en contrataciones de la Gerencia Regional de Salud-Geresa, recomendó en un primer momento la nulidad del procedimiento. Asimismo, el área de administración ha ratificado ese informe y asesoría general de la Geresa lo ha validado; así como el titular de la Gerencia de Salud. Finalmente, la oficina de Asesoría Jurídica del gobierno regional también está validando este informe.
Igualmente, el especialista en derecho añade que a ese informe se le deben adicionar las consecuencias posteriores del contrato. "Ello, porque después de la entrega tambien ha habido irregularidades. Por ejemplo, se debió conformar una comisión para la recepción, por el tipo de la complejidad de los bienes que se estaban adquiriendo. Sin embargo, no se hizo".
Sobre el particular precisa que la propia directiva 05-2015 del Gobierno Regional, establece cómo se deben recibir los bienes que se adquieren, donde se indica que debe contar con la firma del jefe de Almacén; y sin embargo, en las actas de recepción, que son dos, no aparece tal firma. Lo que sí aparece es una firma, reemplazando la del jefe de Almacén, aunque está su sello, de un señor que es el jefe de Logística. Es decir, firma dos veces, como jefe de Logística y como jefe de Almacén.
"De ahí que, si no existían esas características, no tenía por qué haberse tramitado ninguna conformidad de recepción y, por lo tanto, ningún pago".
Funcionalidad de ambulancias
El funcionario regional siguió explicando que, además, las propias bases y el propio contrato, establecen que para darle conformidad tenía que hacerse la prueba de funcionalidad de cada una de las ambulancias; cosa que tampoco se ha hecho.
Indica, asimismo, que hay dos documentos que acreditan la recepción: uno, redactado por la propia empresa (tiene los membretes y los logos de la empresa); y el otro, de dos hojas, redactado por la institución (Geresa), en donde solamente dice: "habiendo verificado la entrega de las 34 ambulancias y visto los TDR es conforme., cumple con el contrato" y firma. "De esa manera no podemos recibir ni siquiera una ambulancia. Lo que se tendría que haber verificado es el funcionamiento, la capacidad, de que cada uno de los elementos que están en los términos de referencia se encuentren ahí".
Añade que lo que se tiene entonces es que ha habido falencias antes del procedimiento, durante y después del contrato.
El jefe de Asesoría Jurídica aseveró que existe un informe contundente del servicio de equipo mecánico, en el que se precisa que aún sin estar en funcionamiento ya se tiene una inclinación de más de un grado en la parte posterior, debido a que el chasis que pertenece a una pickup, ha sido alterado, se ha montado sobre una cabina de ambulancia y el peso de esta está haciendo que se incline.
Aseguró finalmente que, independiente de estas, por lo menos hay 83 observaciones que se han encontrado, algunas de las cuales fueron dadas a conocer por la Oficina de Control Interno de la Geresa al mismo titular de la Gerencia, Alipio Rivas, como al entonces gobernador provisional, Luis Díaz. No obstante, se pagó más de 3 millones por las 10 primeras unidades.
Aparte de anularse el contrato, se establecerán los procesos administrativos correspondientes para sancionar a los responsables de que este proyecto se vino abajo.
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