A través del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, la investigadora Andrea Carrasco ha desarrollado el estudio “Características de la respuesta estatal frente al delito de trata de personas migrantes con fines de explotación laboral y sexual en las regiones de Piura, La Libertad y Lambayeque#, en relación con los ámbitos de gobernanza, prevención, asistencia y protección, y persecución del delito. Esta investigación se enfoca en la percepción que tienen las personas, tanto víctimas como quienes trabajan con víctimas, respecto a la respuesta que tiene el Estado al problema de la trata de personas.

“El trabajo de la institucionalidad creada en cada región depende en su gran mayoría de la voluntad de funcionarios comprometidos con el tema, esto pues existe una alta rotación del personal encargado y una serie de limitaciones referidos a la ausencia de recursos humanos y económicos, que hace que el trabajo de los actores involucrados se realice con dificultad”, explica Carrasco, abogada de profesión.

De acuerdo con la información presentada, se evidencian una serie de limitaciones de la respuesta estatal advertidas en la investigación. En particular, las limitaciones encontradas se relacionan a los ejes de persecución del delito y de asistencia y/o protección.

“En este sentido, preocupa la falta de casas de acogida para víctimas de trata en todas las regiones estudiadas y los testimonios sobre el actuar de las autoridades policiales y fiscales en estos casos. Asimismo, se observó que la institucionalidad en cada región es altamente dependiente de la existencia de funcionarios comprometidos con la lucha contra la trata de personas, en tanto un problema persistente y que se repite en cada una de las regiones materia de la investigación es la alta rotación de funcionarios estatales, situación que dificulta la coordinación y realización de proyectos a largo plazo”, menciona.

Otra limitación resaltante es la falta de vinculación por parte del Estado entre la xenofobia y discriminación a la población migrante y la trata de personas, a pesar de que se observa que son problemáticas relacionadas.

Institucionalidad

Respecto a la institucionalidad puesta en marcha y el papel de las Comisiones Regionales que trabajan en el tema, Carrasco señala que éstas han venido incorporando una agenda y posicionamiento de la problemática a nivel social e institucional. Empero, aún existen limitaciones y debilidades que deben ser atendidas.

En el caso de Piura, por ejemplo, se ha identificado una articulación más armoniosa y funcional que en el resto de las regiones materia de la investigación, que se entiende por la mayor y más antigua articulación en la zona a causa de su ubicación geográfica fronteriza.

“En el caso de La Libertad se advirtió presencia más activa de instituciones de carácter religiosa, que abordan el tema desde un enfoque de ayuda humanitaria, de acuerdo con su visión institucional, y que suplen a las organizaciones del Estado en situaciones de trata de personas a las que no llegan. Por otro lado, se observó que la institucionalidad de Lambayeque referida al tema de trata de personas es la más reciente, por lo que no se observó una articulación entre los actores tan cercana como en las otras regiones, debido también a situaciones de tensiones entre las partes involucradas en el particular”, explica.

Cumplimiento de los Derechos Humanos

La investigación da cuenta de que se han cumplido parcialmente con los estándares de derechos humanos relacionadas con la trata de personas, recogidos en instrumentos internacionales y nacionales, en tanto aún existen deficiencias relacionada estrechamente con la ausencia de comprensión y abordaje de las causas del problema, falta de enfoque en las necesidades de las víctimas, y la ausencia de medidas focalizadas que incorporen la situación especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes que a su vez son víctimas de trata de personas.

“Este es el eje principal de los hallazgos de la investigación, si bien se han diseñado instrumentos y una institucionalidad que tome en cuenta la problemática desde una mirada integral, en base a normativa nacional que a su vez recogió obligaciones internacionales sobre la materia de los principales estándares de derechos humanos sobre la materia, no se está garantizando que su implementación, dotación de recursos, modificación, entre otros, se realice de acuerdo con un enfoque basado en derechos humanos, con especial énfasis en la protección y atención de las necesidades de las víctimas”, anota.

Andrea Carrasco añade que a la fecha existe únicamente un estudio sobre trata de personas situado en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad, por lo que la investigación ha pretendido abordar un vacío bibliográfico sobre el asunto, relacionando la problemática con la situación de discriminación que viven las personas migrantes, y problematizando su análisis desde un enfoque más amplio del que comúnmente se ha usado para tratar el asunto.

Aspectos a mejorar

Entre las recomendaciones que plantea el estudio están la necesidad de diseñar una ruta de acción específica para la lucha contra la trata de personas, que tiene como víctimas a mujeres extranjeras y debe enfocarse en los momentos de protección de la víctima, su rehabilitación y la  búsqueda de garantías para la sanción del delito y la consecuente no revictimización.

Asimismo, esta ruta de acción debe ser de carácter interinstitucional, involucrando tanto a las entidades encargadas de perseguir el delito (Ministerio Público y el Ministerio del Interior), como a aquellas encargadas de proteger a poblaciones en situación de vulnerabilidad (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).

“Es preciso también incluir a gobiernos regionales, locales y sociedad civil organizada. Asimismo, el Estado peruano deberá incluir a las organizaciones de sociedad civil conformadas por migrantes en su diseño e implementación, con la finalidad de recoger sus necesidades y demandas, desde una perspectiva de derechos humanos e interculturalidad”, señala la investigadora.

También resalta la necesidad de fortalecer las medidas destinadas a acoger a las víctimas en espacios seguros en los cuales no solo cuenten con los servicios básicos para la subsistencia, sino también aquellos destinados al cuidado de la salud (física y mental), el fortalecimiento de capacidades orientadas a la autonomía económica y la asesoría para la regularización de la situación migratoria de la víctima.

“En todas las regiones materia de estudio, es menester incrementar el número de casas de acogida o de refugio. En ese sentido, es necesario el incremento en el presupuesto económico destinado a la lucha contra la trata de personas, especialmente en el ámbito de los gobiernos subnacionales. Asimismo, debe mejorarse el uso del presupuesto con que se cuenta actualmente, ya que se ha evidenciado que el manejo presupuestal es deficiente”, enfatiza.

Del mismo modo, recomienda fortalecer las capacidades para los funcionarios de instituciones estatales involucradas en la lucha contra la trata de personas cuyas víctimas son extranjeras, enfatizando el enfoque de derechos humanos, es decir, la búsqueda del bienestar integral de la víctima, garantizando un trato digno. En ese sentido, dicho énfasis debe incidir en la lucha contra las actitudes discriminatorias y estigmatizantes hacia las víctimas extranjeras.

“Se debe fortalecer el involucramiento de la sociedad civil en las campañas informativas referentes a la lucha contra la trata de personas. El contenido de dichas iniciativas debe orientarse hacia la exposición de los problemas que experimentan las mujeres migrantes víctimas de trata. El objetivo de tales campañas será incidir positivamente en las actitudes de las poblaciones locales hacia las poblaciones migrantes, fortaleciendo la opinión pública respecto de la necesidad de luchar contra la trata de personas cuyas víctimas son extranjeras, así como el involucramiento en las acciones impulsadas por el Estado y la sociedad civil”, precisa.  

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