La violencia contra las mujeres por su orientación sexual o su identidad de género suele darse con la motivación de castigar a quienes se considera que desafían las normas sobre género y se catalogan como actos de violencia por motivos de género. Entonces, no solo las mujeres son discriminadas por su género sino que la violencia se agrava al expresar su nueva identidad de género y reconocer que son parte de la comunidad LGTBI.
De enero a septiembre del 2023 los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional registraron 174 casos de violencia contra la población LGTBI, de estos 118 casos corresponden a víctimas mujeres y 56 a víctimas hombres. Las víctimas en más del 80% de los casos tienen entre 18 a 59 años y los tipos de violencia más recurrentes son la física (40,8%), psicológica (29,9%) y sexual (29,3%).
Graciela Tiburcio, señala que además de las violencias de género que vulneran sus derechos por su identidad de mujeres, también son afectadas por la discriminación basada en su orientación sexual o expresión de género. Estas violencias se expresan de diferentes formas: rechazo hacia las mujeres que no tienen una expresión de género femenina; violencia sexual como las violaciones “correctivas”;terapias de “conversión”; dificultad para acceder a atención médica en salud sexual y reproductiva, y otras especialidades; afectaciones a su salud mental (mayor probabilidad de sufrir depresión, ansiedad, etc.); negación de las autoridades a registrar sus denuncias de violencia (acceso a justicia); matrimonio forzado; violencia, acoso y negación del trabajo.
Pamela Vallejos, comunicadora y especialista en género y diversidad, menciona que es importante comprender que la violencia por orientación sexual se refiere a todo acto o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona por su orientación sexual. La violencia hacia la diversidad sexual tiene como expresión más grave a los homicidios, asesinatos y violaciones sexuales a los cuales se les denomina “crímenes de odio” o “violencia por prejuicio”.
Políticas de protección
La experta señala que desde el 2015 se cuenta con políticas en referencia a la violencia contra la mujer y población LGTBI como la Ley 30364, Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Mimp entre otras políticas que buscan proteger los derechos de esta comunidad. No obstante, señala la especialista existe una realidad que es imposible no analizar, ya que el impacto de la violencia se va agravando más cuando aparecen otras variables como la orientación sexual.
Según Vallejos, hay una serie de limitantes que es importante evaluar: existe un gran desconocimiento e insensibilización a nivel operativo sobre esta problemática; pese a que existen políticas públicas no se cumplen adecuadamente; se presenta una desarticulación de las herramientas de gestión multisectorial; existe un nivel alto de machismo, misoginia, lesbobifobia; y además hay una imposición fuerte de la heterosexualidad en la sociedad lo que genera una mayor discriminación hacia la población LGTBI.
Responsabilidad colectiva
Frente a la problemática de la violencia contra las mujeres por orientación sexual que nos muestran los reportes mencionados, se hace necesario enfatizar la responsabilidad colectiva nacional, como las instituciones públicas que atienden, brindan orientación y dan seguimiento a estos casos para que estos no queden ocultos y/o impunes.
En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres “Mujeres libres de violencia”(MIMP), se impulsa un trabajo multisectorial desde la familia, la escuela, las instituciones públicas, las empresas y los medios de comunicación que cumplen un rol fundamental en la prevención de la violencia basada en género, buscando deconstruir estereotipos de género, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y brindando información de los servicios y canales de ayuda, con el apoyo de AECID y UE.
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