Contundente es el informe elaborado por la Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional - OCI, de la Policía Nacional del Perú - PNP, en relación a los proyectos de vivienda “Carlos Stein” y “La Purísima”, con los que habría ocasionado un perjuicio superior a los nueve millones de soles.
De acuerdo con el Informe de Control Posterior n.° 037-2023-2-3792, el Fondo de Vivienda Policial - FOVIPOL, sin contar con la facultad de transferir y disponer fondos, constituyó dos contratos de fideicomiso con la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE, con la finalidad de ejecutar los proyectos de vivienda en Lambayeque.
Dicha decisión fue adoptada apartándose de la normativa de contrataciones del Estado, mediante la creación de un reglamento de contratación propio.
Asimismo, las obras a la fecha no han sido entregadas a pesar de haberse cumplido el plazo establecido en los contratados, desembolsando con cargo al citado fondo el pago de adelantos al constructor inmobiliario, afectando la finalidad pública del FOVIPOL, al contar a la fecha con solo 40 viviendas construidas en la condición de inhabitables, generando un perjuicio económico por nueve millones 621 mil 768.87 soles.
Origen de la irregularidad
En el 2019, funcionarios del Fondo de vivienda Policial, gestionaron y suscribieron los contratos de fideicomiso con COFIDE para la administración, pagos y gestión de dos programas de vivienda denominados “La Purísima” y “Carlos Stein”, en la provincia de Chiclayo, por un monto ascendente a 38 millones 487 mil 75.47 soles.
Para ello realizaron un proceso de selección al que denominaron Adjudicación Selectiva por Invitación - ASPI 01-2019-FOVIPOL-GPO-1, sin emplear la modalidad de contratación de la licitación pública exigida por la Ley de Contrataciones del Estado.
Producto de ello se contrató al Consorcio Santa Rosa de Chiclayo, como contratista constructor del proyecto inmobiliario, que consistía en la construcción para el caso del proyecto “La Purísima”, de dos tipos de vivienda unifamiliares: 98 casas, y multifamiliares: 100 departamentos distribuidos en 5 edificios, y para el proyecto “Carlos Stein”, solo de vivienda unifamiliares: 46 casas.
Dichas acciones se realizaron pese a que el FOVIPOL no tenía facultades para constituir fideicomisos, pues dicha figura no aparece contemplada en la ley de creación del fondo, que se remonta a 1993.
“En las gestiones realizadas por el FOVIPOL, no se consideró que, la normatividad que rige a los Fondos de Vivienda, establece que son de carácter intangible, para los fines no previstos por los dispositivos legales sobre la materia, establecidos en la Ley y el Reglamento que crearon los fondos de vivienda, así como los programas de vivienda debieron sujetarse a los requisitos de la licitación pública y que, a través del FOVIPOL, se administran los fondo con la finalidad de contribuir al acceso a una vivienda digna al personal policial y sus familiares como derecho”, señala el informe.
OCI indica que al no ejecutarse los programas de vivienda señalados, los aportantes al fondo no pudieron acceder a la adquisición de inmuebles. Además, que se generó un perjuicio económico al FOVIPOL.
Responsabilidades
Para el órgano de control, los responsables de dichas acciones son el teniente general Martín Severo Parra, director vocero del FOVIPOL; el general Alfredo Vildoso Rojas, director vocero y presidente del directorio; el general Pedro Villanueva Nole, director de Investigaciones; el coronel Gustavo Jiménez Peña, director de Proyectos; la coronel Rossana di Natali Suárez, directora de Asuntos Jurídicos, y la coronel Luz Castillo Aparicio, directora de Economía y Finanzas del FOVIPOL.
Asimismo, el suboficial Aurelio Mego Bravo, director de Comunicaciones e Imagen del FOVIPOL; el mayor Juan Valderrama Alva, presidente del CECB; Alan Balletich Seminario, primer miembro titular del CECB; Cristian Gaspar Rosales, segundo miembro titular del CECB; Miguel Díaz Molleda, tercer miembro titular del CECB, y José Calle Merino Carrasco, presidente del CECB.
Otros involucrados son Luis Ramírez Ríos, integrante del CEGSC; el comandante Carlos Cárdenas Barreda, presidente del CEGSC; el general Samuel Peralta Campos, gerente general del FOVIPOL, y el general Héctor Ramos Ruiz, también gerente general del fondo.
De los 16 mencionados, sobre siete existiría responsabilidad penal.
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