Con el Informe de Control Posterior n.° 065-2023-2-0425, relacionado a la designación y aceptación de cargos de directivos de libre designación y remoción de segundo nivel organizacional en la Municipalidad Distrital de Zaña, el Órgano de Control Institucional - OCI, de la comuna provincial de Chiclayo, con facultades para intervenir, detectó una serie de irregularidades, las mismas que arrojan responsabilidad penal y administrativa en siete funcionarios.
El informe da cuenta que el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, designó en los cargos de gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, y gerente de Desarrollo Social y Económico a Jamely Sayuri Cóndor Mena, mediante las Resoluciones de Alcaldía n.° 006 y 020-MDZA, del 3 y 18 de enero de este año, respectivamente.
Asimismo, designó a Maritza del Pilar Chafloc Tirado en el cargo de jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante la Resolución de Alcaldía n.° 005-MDZA, del 3 de enero del 2023. De la misma manera, el alcalde encargado, Luis Felipe Belopú Silva, designó a Merany Ardinson Tullume Farroñay, en el cargo de confianza de jefa de la Oficina de Secretaría General, Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, mediante la Resolución de Alcaldía n.° 113-2023-MDZA, del 18 de mayo de este año.
Infracción a las normas
“Las designaciones se realizaron a pesar que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en el numeral 18.2° del artículo 18 del Reglamento de la Ley n.° 31419 para el acceso y ejercicio de los puestos o cargos de directivos públicos. Asimismo, las citadas servidoras aceptaron el cargo sin cumplir con los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso y ejercicios de la función pública establecidos en la Ley y su reglamento”, afirma el informe del OCI.
Dichas designaciones se dieron contraviniendo con lo dispuesto en el artículo 59° de la Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio del 2013, en relación a la incorporación y asignación de puestos a los directivos públicos y el artículo 263° del Reglamento de la Ley n.° 30057, en relación al ingreso de los servidores de confianza.
“Las acciones antes descritas han afectado el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, al no asegurar el acceso a directivos que cumplan con los requisitos mínimos para el cargo, que garanticen su idoneidad para el puesto y las funciones que desempeñan”, señala.
Caso por caso
Respecto a Cóndor Mena, quien fue designada como gerente de Servicios Municipales y de Gestión Ambiental, se tiene que sólo contaba con dos años, siete meses y 14 días tanto en la experiencia general como específica, contabilizados desde su egreso de la carrera como Ingeniera Ambiental, el 6 de agosto del 2020. Fue designada pese a que la norma exige, para dicho cargo, como mínimo cuatro años de experiencia general y tres años de experiencia específica.
Al no cumplir con los requisitos para dicho cargo, tampoco los reunía para ocupar, por encargo, el puesto de gerente de Desarrollo Social y Económico.
OCI no encontró en el área de Recursos Humanos algún documento que evidenciase que se realizó el estudio de perfil y evaluación correspondiente antes de la designación.
En el caso de Maritza del Pilar Chafloc Tirado, quien asumió la jefatura de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, también se ha demostrado que cuenta únicamente con dos años de experiencia general y específica, período contabilizado desde su egreso de la carrera de Contabilidad, el 15 de agosto del 2019, pese a que la exigencia era de cuatro años como experiencia general mínima y tres años como experiencia específica. Tampoco hubo evaluación del perfil previa a la designación.
Sobre Mareny Ardinson Tullume Farroñay la situación es la misma, pues asumió la jefatura de la Oficina de Secretaría General, Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, cuando sólo tenía dos años, 10 meses y 17 días como experiencia específica, contabilizados desde su egreso de la carrera de Derecho, el 22 de diciembre del 2017.
Por estos hechos, Contraloría señala responsabilidad penal en el alcalde, Aladino Mori Centurión, así como en el primer regidor, Luis Felipe Belopu Silva, quien actuó como alcalde encargado.
Asimismo, responsabilidad penal y administrativa en Chafloc Tirado, Tullume Farroñay y Cóndor Mena. El ente de control ha solicitado la intervención de la procuraduría para las acciones legales correspondientes.
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