La millonaria pretensión del exconsejero regional Miguel Bazán Zárate y su esposa, Catherine Flores Neyra, tendrá que esperar. A través de un arbitraje exigían que tanto el Gobierno Regional de Lambayeque como la Municipalidad Provincial de Chiclayo los indemnicen como sociedad conyugal, por el presunto perjuicio ocasionado por la ejecución de la pavimentación de la avenida Colectora. Empero, un embargo generado a partir del caso Odebrecht contra el también exregidor de la ciudad, impide que el proceso arbitral continúe.

Los problemas en torno a la ejecución de la avenida Colectora no acaban. El expediente fue formulado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y ejecutado, en el marco de un convenio, por el Gobierno Regional de Lambayeque, durante la gestión del exgobernador Luis Díaz Bravo.

Sin embargo, la obra no pudo ser finiquitada y, en consecuencia, liquidada debido al inicio de una demanda arbitral por parte de Flores Neyra, quien a partir de su sociedad conyugal con Bazán Zárate, reclamó haber sido supuestamente afectada por la obra, concretamente en la parcela F por lo que exigió una indemnización de 12 millones de dólares.

Se archivó denuncia

En abril del 2022, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo archivó la denuncia presentada por Flores Neyra contra el entonces gobernador Luis Díaz Bravo y el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, por el presunto delito de abuso de autoridad.

La denunciante argumentó que la ejecución de la avenida Colectora la había afectado directamente, a ocupar parte de su propiedad, la parcela F del expredio San Jacinto, que tenía como titular al exconsejero Miguel Bazán Zárate.

Empero, el Ministerio Público detectó que la titularidad del predio se había dado tras una serie de transferencias, pese a que existía una orden judicial respecto de inhibición sobre las propiedades de Bazán Zárate, investigado en el marco del caso Odebrecht por su actuación como consejero regional de Lambayeque en la aprobación de adendas sobre los contratos de concesión del Proyecto Olmos.

Por tales consideraciones, Bazán Zárate estaba impedido de transferir el 50 % de acciones correspondientes al predio a favor de Flores Neyra. Otro de los hechos que valoró la fiscalía fue el inusual incremento del valor comercial del predio presuntamente afectado, pues la denunciante lo había valuado en más de 11 millones de dólares, cuando meses antes de la denuncia, al momento de la partición de acciones se había tasado en 22 mil soles.

En consecuencia, el fiscal del caso, Javier Quiroz Grosso, decidió archivar la denuncia, meritando, además, que ni el gobernador regional ni el alcalde eran quienes aprobaban los expedientes técnicos de una obra pública.

Arbitraje

Aun cuando inicialmente Flores Neyra había informado que se desistía del inicio de un arbitraje para hacer valer su pretensión indemnizatoria, este finalmente se inició, quedando paralizado el 28 de diciembre pasado.

Esto porque se ha tomado en consideración que Bazán Zárate es investigado por el presunto delito de colusión agravada en el Expediente n.° 02-2022, ante el Juzgado Nacional Permanente de Investigación Preparatoria, en cuyo trámite la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht ha pedido que los involucrados (Caso Proyecto Olmos), paguen al Estado Peruano una reparación civil de más de 60 millones de dólares, habiéndose establecido un embargo de bienes y, por lo tanto, la inhibición sobre los mismos, contra el exconsejero por uno monto que ascendería a 22 millones de dólares.

Dentro de esos bienes figura la parcela F del exfundo San Jacinto, habiéndose configurado la conexidad entre el embargo e inhibición por el Caso Odebrecht y el proceso arbitral iniciado por Flores Neyra, razón para haberse dispuesto la suspensión del segundo procedimiento.

El arbitraje se inició ante el Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas Ad Hoc de Lima.

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