La Contraloría General de la República detectó transacciones irregulares por más de S/ 16 mil millones en contrataciones públicas realizadas por el gobierno nacional, regional y local entre los años 2018 y 2023.
Así lo reveló el contralor general Nelson Shack Yalta durante su exposición en la sesión descentralizada de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, realizada en el distrito de Mochumí, el último 2 de marzo.
El representante de la Contraloría precisó que, en seis mil 685 informes de control ejecutados y publicados en más de seis años en materia de contrataciones públicas, se identificaron a 13 mil funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad civil, penal y administrativa.
Procedimientos sospechosos
Informó que sólo en el 2023, de los S/ 58 mil 306 millones gastado por el Estado Peruano en contrataciones, S/ 19 mil 304 millones están fuera de la Ley de Contrataciones y sólo S/ 27 mil 4 millones se gastaron dentro de esta norma.
Durante la presentación del “Análisis de la contratación pública en el Perú 2018-2023”, reveló que, en promedio, sólo un proveedor participa en los procesos para la selección de obras, servicios y consultorías de obras; mientras que sólo dos en la adquisición de bienes, lo que demuestra que estos tipos de licitaciones “son una farsa”.
El contralor expresó también su preocupación por la identificación de 242 entidades (siete del gobierno nacional, 11 del gobierno regional y 224 del gobierno local, que realizaron el 100 % de su gasto en contrataciones sin proceso en el año 2023. El monto de estas entidades ascendió a S/ 285 millones.
Nueva ley
Ante ello, Shack Yalta hizo un llamado al Congreso de la República para discutir y aprobar una nueva ley de contrataciones públicas, con su respectivo su reglamento, el cual debe adecuarse a cada región y realidad del territorio nacional.
“Esto es una exigencia del Estado mismo desde hace más de un lustro, por eso, desde la Contraloría hemos formulado una serie de iniciativas técnicas para colaborar y discutir este tema. Cuando hablamos de la Ley de Contrataciones, menos de la mitad de toda la plata que se gasta en contrataciones en el Perú se hace por fuera de la ley. Lo que hay que hacer es coger los mayores beneficios y estrategias de contratación que tienen los otros mecanismos y eliminarlos, e introducirlos en la nueva ley de contrataciones si es que se quiere que esta sea integral y permanente”, afirmó.
Shack Yalta reiteró su preocupación por el abuso desmedido en las contrataciones sin proceso, lo que evidencia direccionamiento a determinados postores.
“El año pasado, el Estado nacional, regional y local gastó S/ 19 mil 300 millones a dedo en contrataciones de menos de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”, anotó.
Pérdidas por corrupción
La Contraloría General de la República calculó que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24,268 millones, lo que significó un nivel de incidencia del 12.7 % respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado y eso refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022.
El titular de la Contraloría precisó que del monto calculado para el 2023 aproximadamente S/ 11 992 millones corresponden al Gobierno Nacional, lo que significó un nivel de incidencia del 11.3 %, seguido de S/ 7615 millones a nivel de los gobiernos regionales con una incidencia de 15.4 % y S/ 4660 millones registrados en los gobiernos locales, cuya incidencia es de 13.1 %.
Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con S/ 8963 millones (incidencia de 17.5 %), seguido de Abastecimiento con S/ 8836 millones (incidencia del 17.2 %) y Recursos Humanos con S/ 6469 millones (7.3 %).
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