Durante su intervención en el Panel Fórum “Tumán: Crisis y posibles soluciones”, organizado por el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE Lambayeque, el abogado Gilberto Carrasco Lucero expuso al detalle la situación de la empresa agroindustrial a partir del inicio del clima de inestabilidad y cómo el manejo irresponsable de los activos de la azucarera ha ocasionado una pérdida de más de 800 millones de soles.
“Desde el 2015 se inició una lucha por el poder económico y personal en la empresa, que fue tomada por la fuerza en mayo de ese año”, señaló el penalista.
Explicó que las administraciones judiciales instaladas desde el 2015 en adelante, han generado una distorsión absoluta del manejo empresarial, afectando de manera directa a los trabajadores, jubilados, viudas y herederos, pero además a la productividad y economía de todo el departamento.
Administración de Marcelino Llontop
La empresa Tumán fue tomada de facto en mayo del 2015, tras la expulsión violenta de la administración judicial liderada por Segundo Ordinola Zapata y el IV Directorio de la empresa.
Recién el 12 de septiembre de ese año el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, a cargo del juez Erick Pérez Alquízar, otorgó una administración judicial a favor de Marcelino Llontop Suyón, Diómedes Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado. Dicha administración estuvo vigente hasta el 15 de septiembre del 2016.
Dicha administración – indicó Carrasco Lucero – abrió cuentas personales para depósitos de dinero por cuatro millones 916 mil 287 soles, pagó por servicios no realizados y por préstamos simulados.
“Se emitieron recibos sin valor por tres millones 172 mil 87.31 soles, dados por Candelario Fernández, entonces tesorero de la empresa, y se entregaron bolsas de azúcar a favor de terceros”, comentó.
Dijo también que a las empresas Servicios Universal Click SAC y Aseo y Servicios Diversos SA, se le entregó pagos por un millón 481.24 soles, mientras que a la empresa Kapaucar por dos millones 536 mil 787.30 soles. “Empresas de un mismo dueño”, acotó.
“Algo que resulta absurdo es que se haya pagado al Estudio Jurídico GB&V SAC, de un abogado chiclayano, para elaborar un informe financiero de la empresa. Un informe financiero debería hacerlo un economista o un contador, pero se lo encargaron a un abogado, al que se le pagó por servicios del 5 de octubre al 24 de diciembre del 2015, 778 mil 166 soles. Por otro lado, por servicios legales dicha administración pagó un millón, 178 mil 683.06 soles”, señaló.
Las presuntas irregularidades de la administración de Marcelino Llontop están denunciadas y se investigan en la Carpeta Fiscal n.° 216-2021, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Los presuntos delitos son: lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado, aunque los dos últimos ya han prescrito dado el tiempo transcurrido.
Administración de Alejandro Zevallos
Del 16 de septiembre al 31 de octubre del 2016 estuvo vigente la administración judicial de Alejandro Zevallos Gonzales, Leoncio Egúsquiza Sánchez y César Sandoval Lozada, otorgada por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
En dicho período, de tan solo mes y medio, se abrieron cuentas bancarias en el BBVA Banco Continental y el Interbank a nombre de Alejandro Zevallos, a las que ingresaron recursos de la empresa azucarera.
Asimismo, se adquirieron suministros por un millón 970 mil 302.16 soles; se pagaron “gastos legales” por 156 mil 738.60 soles, además del pago al abogado Carlos Martín Castillo Olazo por 84 mil 653.20 soles.
“Se le pagó al abogado penalista Castillo Olazo esos 84 mil 653.20 soles por actuaciones en procesos civiles, pese a que no era su especialidad. Peor aún, siendo él juez en Ayacucho. Los 84 mil soles pagados fueron por servicios entre el 22 de septiembre y el 14 de octubre del 2016, menos de un mes”, explicó.
Otro hecho fue el pago de recibos provisionales, pendientes de rendición, por un millón 89 mil 62.25 soles.
Administración de César Sandoval
“Luego llegó una tercera administración judicial, dada por el Juzgado Mixto de Ferreñafe, a favor de César Sandoval Lozada, que estuvo entre el 26 de octubre del 2016 y el 20 de marzo del 2017. Recordemos que Sandoval Lozada era parte de la administración de Alejandro Zevallos”, comentó.
Entre las acciones de dicha administración se tienen el contrato con Alimenta Perú, suscrito en Bagua, por seis millones 315 mil soles, dinero que fue depositado en cuentas personales.
“Se hicieron dos depósitos: uno en una cuenta del Banco Continental, por tres millones 15 mil soles y otro, en el banco Interbank, por tres millones 300 mil soles. Lo que ha arrojado el informe de auditoría es que en el período de esa administración ingresaron a la empresa 51 millones 804 mil 53 soles, estando registrado el egreso de 26 millones 319 mil 562 soles, quedando un saldo disponible de 32 millones 535 mil 425 soles”, acotó.
Administración de Daniel Rioja
El Juzgado Mixto Unipersonal de Bongará designó a la administración de Daniel Rioja Sánchez y Martín Martínez Valdiviezo, la misma que tuvo dos períodos: del 21 de marzo al 24 de abril del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 31 de enero del 2018.
De los actos más saltantes de dicha administración se tiene que el se aceptó un pagaré en Sechura por tres millones 300 mil soles, a favor de la empresa Multinegocios del Pacífico SAC, dinero que no ingresó a caja.
“Esa administración otorgó poderes a Salatiel Marrufo para aceptar un pagaré en Bagua, también a favor de Multinegocios del Pacífico SAC, por un millón 800 mil soles, dinero que tampoco entró a caja. Es más, el mismo día en que el Poder Judicial dejó sin efecto su primera designación; es decir, el 24 de abril del 2017, aceptaron una Letra de Cambio de dos millones 509 mil 40 soles, dinero que tampoco ingresó a caja”, mencionó el abogado.
Del mismo modo, el 25 de abril del 2017, al día siguiente de haber perdido vigencia, la administración vendió 259 mil litros de alcohol por 608 mil 605 soles con un cheque a nombre de un excajero. “También se retiraron dos mil bolsas de azúcar, supuestamente para donarlas a la Policía Nacional del Perú. Se han detectado depósitos en cuentas personales por 26 millones 192.627.37 soles”, detalló.
Administración de Eric Benavides
Del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2021 estuvo vigente la administración de Eric Benavides Timaná, concedida por el Juzgado Civil de Bagua.
Según explicó Gilberto Carrasco, dicha administración realizó ventas de azúcar en bolsas, caña de azúcar en planta y melaza por la suma de 25 millones 180 mil 724.17, dinero cuyo destino no se conoce.
“Se vendían los productos y luego se anulaban las facturas, detectándose operaciones por cuatro millones, 64 mil 351.74 con pretexto de error. Estos hechos y los antes mencionados forman parte de la Carpeta Fiscal n.° 018-2018, a cargo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, donde se han acumulado las carpetas fiscales 07-2022, 20-2022 y 34-2022”, explicó.
Situación actual
Actualmente, en la Empresa Agroindustrial Tumán no funcionan la Junta General de Accionistas, el Directorio ni la gerencia general.
“Tumán dispone de siete mil 800 hectáreas destinadas al cultivo de la caña de azúcar y dos mil hectáreas de tierras eriazas. Por lo menos, mil 800 hectáreas están invadidas y el 90 % de las últimas están en la misma situación. Asimismo, las instalaciones de la fábrica están destruidas y el 50 % de los equipos y materiales han sido sustraídos”, indicó.
Añadió que los 140 pozos tubulares que proveían de agua agrícola a los campos de la empresa han sido desmantelados y sustraídos, y toda la red de cables que proveían de energía eléctrica a los pozos tubulares ha sido robada.
“El servicentro donde se guardaba la maquinaria agrícola, trailers, camionetas, etc., han sido saqueado; el 100 % de los equipos del Taller de Maestranza y talleres ha sido destruido; el almacén central donde estaban depositados los equipos y repuestos ha sido saqueado. La deuda de la empresa, según la SUNAT, es de 820 millones de soles; la deuda laboral supera los 250 millones de soles; más de mil trabajadores jubilados no han recibido nada de su tiempo de servicios; la deuda a las AFP, ONP, EsSalud, la deuda comercial y a los sembradores de caña es altísima y se calcula que Tumán ha perdido 820 millones de soles hasta mediados del 2023”, enfatiza Gilberto Carrasco.
Añade que existe una pérdida de 110 millones de soles anuales por no realizar molienda en 2022, 2023 y lo que va de este año.
“El Ministerio Público debería requerir las medidas coercitivas necesarias contra quienes participaron de dichas administraciones y se debe convocar a una Junta General de Accionistas que asuma el manejo de la empresa. Tumán tiene un capital social de 33 millones de acciones a un valor nominal de 10 soles cada una”, precisó.
+NOTICIAS
Deja tu Comentario