Para el economista Lindon Vela Meléndez, reconocido investigador de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, la agudización de la crisis de la Empresa Agroindustrial Tumán se debe, en parte, a las erráticas decisiones del Poder Judicial, con la designación de las administraciones que han destruido el patrimonio de la azucarera hasta sumirla en la situación actual.
Vela Meléndez participó en el panel fórum organizado por el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE Lambayeque, en el que se analizó la problemática de la agroindustrial y se formularon propuestas de solución desde la perspectiva de la academia y la sociedad civil.
“¿Por qué interesa analizar la situación de una empresa privada? Porque sus resultados comprometen generacionalmente no sólo a sus trabajadores, sino a toda una población, y segundo porque se trata de una entidad emblemática para Lambayeque. Tumán llegó al modelo cooperativo y luego a una sociedad anónima, y se puede afirmar que el problema de Tumán ha sido asumido de manera recurrente por el Poder Judicial, a través de sus administraciones nombradas. Son aproximadamente seis las administraciones identificables, lo que evidencia que el caso de Tumán ha tenido un manoseo judicial”, señaló.
El economista precisó que valiéndose de los auxilios judiciales se ha generado un ciclo recursivo para el manejo de la empresa. “El accionar de parte del Poder Judicial ha sido errático, con motivaciones hasta contradictorias y ninguna de ellas ha servido para resolver el problema central, que es el pago de las deudas. Además, se dejaron de pagar impuestos, que es otro problema que afecta a toda la sociedad”, dijo.
Crisis y trabajadores
Lindon Vela sostiene que la intervención de los trabajadores no ha generado recursos para reflotar la industria azucarera, esto debido a su falta de conocimiento para manejo financiero, principalmente.
A ello se suma que los niveles de conflictividad instalados impiden la gobernanza de la empresa y eso la ha entrampado. “Se generan condiciones para los malos manejos, invasiones de terrenos, decisiones societarias no autorizadas, ventas no regularizadas, pero además que son propicias para otro problema que no aún no se aborda de manera directa, como es la concentración de la propiedad de la tierra, aspecto en el que ya es necesaria la intervención del INDECOPI”, manifestó.
Medidas de solución
“Se necesita un pacto de conciliación entre los trabajadores para dejarse apoyar por la academia y entidades como los colegios profesionales. Se tiene que sincerar la situación económica, realizar un inventario de las tierras y maquinaria, de la deuda, incluida la deuda social. En un escenario de cese de la conflictividad es posible que las universidades locales puedan ayudar”, sostuvo.
Vela Meléndez afirma que la situación de insolvencia de la empresa califica para la aplicación de un proceso concursal.
“Se puede buscar inversionistas con un concepto claro del valor compartido, con una salida empresarial y social. La prelación de la deuda, la de los trabajadores, debe respetarse. Se podría diversificar productos, algunos con menos dependencia del agua, dada la deuda que se tiene por ese concepto. También se podría aplicar la protección del patrimonio de la empresa mientras dure el proceso”, señaló.
Finalmente, precisa que sin inversión no se podrá pagar lo más elemental que es la deuda laboral.
“Debemos ser conscientes de que en las condiciones actuales ningún inversionista va a querer poner su dinero en la empresa. Ante ello el mecanismo de sinceramiento más adecuado será el reconocimiento de las acreencias y una junta de acreedores vía proceso concursal, que, además, paralizaría la intervención judicial”, enfatizó.
Lindon Vela es doctor en Economía, especialista en Banca y Finanzas por ESADE, docente universitario e investigador RENACYT. Tiene registro como investigador a nivel internacional y participa en publicaciones con la Universidad de Alicante, de España. Es fundador del Instituto de Economía y Desarrollo – INDES.
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