El Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, conocido como ex penal de Picsi, se ha convertido en el reflejo más crítico del colapso que enfrenta el sistema penitenciario peruano. Ubicado a quince kilómetros de la ciudad de Chiclayo, en el distrito de Picsi, este recinto a cargo del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, alberga una población que triplica largamente su capacidad y enfrenta severas deficiencias en infraestructura, servicios básicos y seguridad, lo que lo sitúa en una situación de emergencia que exige respuestas inmediatas.
De acuerdo con el reporte estadístico del INPE al mes de abril de 2025, el penal tiene una capacidad diseñada para 1143 personas, pero en la actualidad aloja a 4160 internos. Esto significa un hacinamiento del 357 %, una cifra alarmante que lo coloca entre los más sobrepoblados del país. De este total, 3270 se encuentran en régimen cerrado ordinario y 890 en régimen cerrado especial. El impacto del hacinamiento no solo recae en la convivencia diaria, sino también en la imposibilidad de garantizar condiciones básicas de salud, seguridad y acceso a programas de reinserción.
Área para crecer
La infraestructura actual resulta completamente insuficiente frente a la magnitud del problema. El penal ocupa un área construida de apenas 2.9 hectáreas, pese a que el INPE es propietario de un terreno de 120 hectáreas inscritas en la SUNARP en 2022. No obstante, dentro de esta extensión se encuentra la Huaca El Médano, una zona arqueológica de más de 50 hectáreas declarada Patrimonio Cultural de la Nación, lo que reduce el espacio utilizable a poco más de 70 hectáreas. A pesar de que existe disponibilidad para edificar un nuevo y moderno establecimiento, con módulos de talleres, aulas educativas, auditorios y campos deportivos, hasta el momento no se ha concretado un proyecto de esa magnitud.
Servicios básicos
La precariedad se extiende a los servicios básicos. El abastecimiento de agua potable, por ejemplo, se realiza solo por horas, a través de un tanque elevado administrado por la empresa EPSEL en el distrito de Picsi. Las filtraciones provocadas por la antigüedad de la infraestructura hacen que el servicio sea deficiente, y la solución más urgente pasa por la construcción de un tanque propio con agua de subsuelo. El sistema de desagüe interno, en tanto, se encuentra colapsado, lo que genera riesgos de salubridad que amenazan con convertirse en focos de epidemias si no se conecta de inmediato a la red de alcantarillado de Picsi. A ello se suma la precariedad del sistema eléctrico, que presenta instalaciones clandestinas realizadas por los propios internos en pabellones y aleros. Estas conexiones ilegales no solo elevan los costos de facturación, sino que también incrementan el riesgo de accidentes. Los grupos electrógenos disponibles son antiguos y la infraestructura eléctrica requiere de manera urgente la construcción de una nueva casa de fuerza.
Seguridad interna y externa
La seguridad es otro de los puntos críticos. Los equipos de control en el ingreso al penal se encuentran inoperativos. Los dos arcos detectores de metales y las tres máquinas de rayos X para la revisión de paquetes, economatos y víveres no funcionan, lo que deja abierta una peligrosa brecha en el control de objetos prohibidos. El sistema de cámaras de videovigilancia y el centro de control de seguridad (CECOM) están aún en proceso de implementación, lo que limita la capacidad de supervisión y reacción frente a posibles incidentes. La situación se agrava con la precariedad del parque automotor: el establecimiento cuenta únicamente con una unidad acondicionada como ambulancia, insuficiente para cubrir la demanda de traslados a los hospitales de Chiclayo, más aún considerando que actualmente existen diez internos hospitalizados en distintos nosocomios de la ciudad.
El déficit de recursos y personal también se refleja en hechos recientes que pusieron en jaque la seguridad del penal. En la madrugada del 28 de agosto de 2024, el interno Iduvis Trujillano Bustamante se fugó del Hospital Regional Lambayeque, donde permanecía internado bajo custodia del INPE. Dos efectivos a cargo de su resguardo fueron detenidos por orden judicial, acusados de encubrimiento personal. Este episodio evidenció no solo la fragilidad en los protocolos de seguridad, sino también la sobrecarga que implica la custodia de internos hospitalizados, una responsabilidad que en ocasiones comparte la Policía Nacional, pero que sigue demandando recursos extraordinarios del sistema penitenciario.
Pedido de ayuda
Ante este panorama, las autoridades del penal han emprendido diversas gestiones buscando apoyo interinstitucional. Al Gobierno Regional de Lambayeque se le ha solicitado la construcción de talleres productivos y aulas educativas, así como la donación de una ambulancia. También se le ha pedido la ejecución de un tanque elevado con agua de subsuelo y la construcción de un sistema de desagüe que conecte al penal con la red de Picsi.
A la Gerencia Regional de Salud se le ha planteado la necesidad de campañas médicas permanentes, donación de medicinas, implementación de equipos médicos y capacitación al personal de salud penitenciario. A la Municipalidad Distrital de Picsi se le ha solicitado delimitar el terreno del INPE, a fin de evitar invasiones de terceros. En paralelo, a la Presidencia del INPE se le ha planteado la urgencia de ampliar y construir nuevos pabellones, erradicar una antena de telecomunicaciones cercana y resolver judicialmente la presencia de una vivienda ubicada dentro de los límites del penal. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por su parte, ha sido instada a acelerar la entrega de sentencias y a organizar charlas sobre beneficios penitenciarios para los internos.
Sin embargo, estas gestiones todavía no se traducen en soluciones concretas. El informe del propio INPE es contundente al señalar que el penal de Chiclayo requiere atención “muy urgente” para garantizar condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento. En sus recomendaciones, el documento enfatiza en la mejora de la infraestructura y equipamiento, pero también se plantea la necesidad de ferias que permitan la venta de productos de los talleres penitenciarios, una mayor coordinación con la Policía Nacional para custodiar a los internos hospitalizados y la ejecución de operativos intramuros junto al Ministerio Público para reducir riesgos de seguridad.
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