A menudo se cuestiona la idoneidad profesional y ética de los magistrados del sistema de justicia, pero ¿qué hay de los abogados litigantes o que laboran en otras entidades del Estado? El Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional – RNAS, administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Minjus, arroja luces al respecto, al reportar que 41 profesionales del Derecho, con registro en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, aparecen en la lista.
Debe quedar claro que las sanciones vigentes o no vigentes permanecen inscritas en el registro hasta por cinco años, a menos que hayan sido revocadas judicialmente. Además, en caso las sanciones superen dicho periodo se mantendrán registradas hasta que culmine su vigencia, esto de acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo n.° 1265, del 15 de diciembre del 2016.
Las sanciones – dice el cuerpo normativo – deben ser reportadas por las entidades que las imponen en un plazo de 48 horas. Los abogados suspendidos para el ejercicio de la profesión o para la defensa de particulares, están impedidos de prestar servicios legales al Estado por el período que dura la medida.
Congresista expulsado
El nombre más saltante de la lista es, sin duda, el del congresista por Lambayeque José María Balcázar Zelada, quien se desempeñó como juez superior de la Corte de Justicia de Lambayeque.
Balcázar Zelada fue expulsado de manera definitiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque con la Resolución n.° 10, del 13 de agosto del 2022, emitida por la Consejo de Ética Profesional de la orden, por contravenir el artículo 104 del Código de Ética, al haber “incurrido en conductas antiéticas en agravio de los intereses del ICAL, estando todas las faltas imputadas basadas en hechos concretos”.
Dicha resolución fue confirmada – tras varios recursos de nulidad y apelaciones presentados -, con la Resolución n.° 3, del 2 de diciembre del 2024, emitida por el Tribunal de Honor de la orden. El actual legislador fue denunciado por malos manejos de los recursos del ICAL cuando fue decano, en el período 2019-2020.
De este modo, Balcázar Zelada, quien dejará la función parlamentaria en julio del próximo año, no podrá retornar a la defensa libre, al no tener colegiatura vigente que lo faculte para ello.
Los destituidos
Más de la mitad de la lista está conformada por 16 abogados quienes han sido destituidos por la Junta Nacional de Justicia – JNJ, entre el 2021 y este año. Es el caso de Marco Bocanegra Tanta, con registro ICAL 1017, quien se desempeñaba como juez del Juzgado Mixto de Santa Cruz, Cajamarca, destituido por incurrir en inconducta funcional en la carrera judicial, decisión que fue adoptada por la JNJ en noviembre del 2022 y ratificada en diciembre de año pasado, al quedar corroborado que el exmagistrado condujo una audiencia judicial en estado de embriaguez.
El caso del abogado Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, con registro ICAL 2456 es bastante llamativo. Contra él existen cuatro sanciones de destitución registradas en el RNAS, todas aplicadas por la JNJ en su actuación como juez del Juzgado Mixto de Sechura, Piura. La primera data de septiembre del 2021, cuando se le apartó por haber incumplido su deber funcional de motivación de resoluciones y haber tramitado un proceso de amparo a pesar de estar impedido de hacerlo.
Luego, en febrero del 2023, la JNJ emitió una otra resolución de destitución en su contra, esta vez por emitir ocho resoluciones sin la debida motivación, en tanto en marzo de ese mismo año la JNJ lo volvió a destituir por no haber motivado adecuadamente una resolución que declaró improcedente una demanda en materia laboral. Sin embargo, el hecho más grave ocurrió en mayo, cuando la Junta Nacional de Justicia lo destituyó, con Resolución 05-2023-PLENO-JNJ, ante la denuncia de acoso sexual presentada por una secretaria judicial.
Otro abogado destituido por la JNJ es Albarino Díaz Arrobas, con registro ICAL 1226, también con cuatro destituciones. Fue destituido del cargo de juez del Juzgado Mixto de Bagua Grande, Amazonas, haberse avocado al trámite y haber concedido una medida cautelar fuera de proceso (Resolución 122-2021-PLENO-JNJ); por vulneración del debido proceso (Resolución 092-2022-PLENO-JNJ); por admitir un amparo sin tener competencia territorial ni en la materia (Resolución 121-2022-PLENO-JNJ), y por infringir la carrera judicial (Resolución N.° 194-2024-PLENO-JNJ).
Javier Cusma Benel, con registro ICAL 3312, fue destituido como juez de Investigación Preparatoria de Luya, Amazonas, por “haber vulnerado su deber de impartir justicia con respeto al debido proceso”; Rudecindo Damián Sandoval, ICAL 2963, juez del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, apartado por “conceder una medida cautelar sin tener competencia por territorio y materia”; Julio Encajima Pantaleón, ICAL 5085, fue destituido por la JNJ del cargo de fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Purús, Ucayali, por diversos motivos, entre ellos la liberación de detenidos en flagrancia por el delito de homicidio calificado, retrasos injustificados en el trámite de una carpeta fiscal y recibir S/300 de una investigada.
Clinio Fernández Hernández, con registro ICAL 2951, recibió igual sanción de la JNJ por infringir el deber de impartir justicia del debido proceso en su actuación como juez mixto de Ramón Castilla, Loreto; Rolando Flores Segura (ICAL 1524), fue destituido por incurrir en falta grave como fiscal provincial de Jaén, Cajamarca; Jorge Javiel Cherres (ICAL 913), destituido como juez de paz letrado de Monsefú por haber solicitado y pedido dinero para favorecer a una de las partes en la tramitación de una medida cautelar, y Víctor Llanos Tello (ICAL 2808), destituido del cargo de fiscal adjunto de Nueva Cajamarca, San Martín, luego de haber sido condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho (coima).
También fueron destituidos por la JNJ: Ricardo More Custodio (ICAL 3358), sancionado por tramitar cautelares como juez mixto de Datem del Marañón, Loreto; Henry Muñoz Sánchez (ICAL 4283), fiscal provincial penal de Tarapoto, San Martín, por haber sostenido una relación extraprocesal con una investigada; Iván Osorio Solís (ICAL 3093), fiscal provincial penal de Chanchamayo, Junín, por la liberación de un investigado por feminicidio sin la debida motivación; Diessy Panduro Zacarías (ICAL 2910), jueza de paz letrado de la Banda de Shilcayo, San Martín, por incongruencias en la tramitación de expedientes, y César Vásquez Chávarry (ICAL 3366), juez de Investigación Preparatoria de Nueva Cajamarca, San Martín, por no haber motivado objetivamente una resolución judicial e inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales.
Esta lista también incluye a Víctor Rodríguez Monteza (ICAL 1438), quien se desempeñó como fiscal supremo y fue destituido bajo el argumento de inconducta funcional por su presunta vinculación al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Procuraduría y otros
Tres abogados colegidos en el ICAL han sido destituidos por la Procuraduría General del Estado. Ellos son: Eberth Ruiz Sánchez (registro 4301); quien se desempeñó como procurador público de la Municipalidad Distrital de Huarango, Cajamarca, y fue sancionado en julio del 2024 por haber incurrido en falta muy grave a la idoneidad de la defensa jurídica; Martínez Huamán José (registro 4287), procurador público de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, Cajamarca, sancionado en diciembre del año pasado por inconducta funcional, y Luis Bazán Ciurlizza (registro 2334), quien cumplió funciones como procurador público del Gobierno Regional de Lambayeque.
Bazán Ciurlizza fue destituido el 17 de enero del 2024 por haber incurrido en falta muy grave, al no apelar una sentencia de prescripción adquisitiva de dominio en perjuicio de la entidad que defendía y del Estado.
Otro caso también es el del abogado Pepe Rodrigo Villalobos (ICAL 6874), quien se desempeñó como abogado del Centro Emergencia Mujer de la comisaría de Zaña, fue destituido por actos de hostigamiento sexual contra el personal de su entorno laboral, según consta en la Resolución Directoral Ejecutiva 136-2021-MIMP/AURORA-DE, del 21 de mayo del 2021, la misma que fue confirmada con Resolución 001385-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala, del 23 de julio del 2021.
En la segunda entrega de este informe se presentarán los casos de abogados litigantes que también han sido sancionados por conductas que quebrantan el correcto desempeño profesional.
(*) Periodista especializado en bases de datos abiertos y contrataciones públicas.
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