El panorama electoral en Chiclayo se encamina hacia una definición crucial en las Elecciones Municipales 2026, donde un total de 15 aspirantes a la alcaldía provincial buscan liderar el destino de una jurisdicción sumida en complejos desafíos. Quien resulte electo deberá asumir la conducción de un territorio caracterizado por profundas brechas en infraestructura, servicios básicos, seguridad ciudadana y gobernabilidad. La siguiente es una mirada profunda al escenario que recibirá el próximo gobernante de la “Capital de la Amistad”.
A nivel demográfico, la provincia de Chiclayo concentra aproximadamente a 880 000 habitantes, lo que representa el 67 % de la población total del departamento de Lambayeque. Con esto, se posiciona como la cuarta ciudad más poblada de todo el Perú, situándose únicamente por detrás de Lima, Arequipa y Trujillo. Asimismo, registra la densidad poblacional más alta del país, alcanzando los 11.93 habitantes por kilómetro cuadrado.
No obstante, este dinamismo poblacional contrasta violentamente con las precarias condiciones económicas de sus ciudadanos. Aunque Chiclayo genera el 65 % de la economía de la región Lambayeque, sostenida principalmente en las actividades de comercio y servicios, el mercado laboral exhibe una marcada fragilidad. El 67.3 % de la población ocupada se desenvuelve en la informalidad laboral. Además, la urbe registra el segundo ingreso laboral más bajo entre las ciudades evaluadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, situándose en el rango de S/1735 a S/2308.
Las deficiencias del entorno económico provincial también se manifiestan en el ámbito empresarial. Más del 80 % de las empresas dedicadas al comercio y los servicios operan bajo condiciones informales, al tiempo que el 82.4 % de las micro y pequeñas empresas (MYPE) registran un nivel de competitividad bajo. A este escenario se suma la ineficiencia burocrática institucional. Mientras que el plazo legal estipulado para la expedición de una licencia de funcionamiento es de 15 días, el trámite real toma hasta 60 días y puede ser aún más largo, dependiendo del tipo de licencia que se solicita, según información del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible – IDIS.
Desde luego, esta demora excesiva puede convertirse en la ventana perfecta para que aparezcan los cobros irregulares por agilización de trámites e incluso la falsificación de documentos.
Golpe de realidad
En el ámbito social, los niveles de pobreza reflejan un deterioro significado y alarmante. La pobreza estimada en la provincia de Chiclayo alcanza el 20 %, una cifra superior al promedio regional de 14.5 %. En el ámbito urbano provincial, la pobreza afecta al 12.7 % de la población, evidenciando un incremento significativo frente al 8.8% registrado en el periodo prepandemia. La situación alcanza matices críticos en distritos como Monsefú y Santa Rosa, donde los niveles de pobreza superan el 50 % de sus habitantes.
Un emblema central de la crisis comercial y de infraestructura urbana lo constituye el Mercado Modelo de Chiclayo, catalogado como un nodo comercial sumido en graves problemas, los mismos que han sido imposibles de resolver para el gobierno local. Diseñado inicialmente para albergar 950 puestos, a inicios de la década del 60, la estructura contiene en la actualidad a más de 2100 puestos formales. Sin embargo, en las mal llamadas plataformas (Balta, Arica, Cuglievan y Pardo) y los alrededores hay más de 4000 comerciantes informales que ocupan el espacio público.
El proceso de modernización del Mercado Modelo permanece paralizado debido a un conflicto legal y financiero no resuelto con 38 propietarios, cuyo plazo de ley para la expropiación ya ha vencido.
La agenda que deberá encarar el nuevo alcalde provincial incluye, de manera prioritaria, la seguridad ciudadana, percibida por los habitantes como un problema gravitante. De acuerdo con mediciones del año 2025, el 90.8 % de los chiclayanos teme ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses. En el plano delictivo, se reportan mensualmente 42 denuncias por extorsión, cifra que la Policía Nacional del Perú considera un dato subestimado debido a la falta de denuncias de muchas víctimas. El mapeo de la criminalidad identifica 75 zonas consideradas peligrosas en la provincia; de estas, 36 carecen por completo de cobertura regular o permanente por parte del serenazgo municipal.
Frente a la criminalidad, las capacidades de respuesta operativa del Estado y de la comuna se encuentran seriamente disminuidas. Respecto al equipamiento logístico policial, el 45 % de la flota vehicular adquirida recientemente para la Policía se encuentra paralizada desde el año 2023. En cuanto a los sistemas de vigilancia municipal, el 50 % de las cámaras de videovigilancia instaladas están fuera de servicio, siendo esta falla más acentuada en los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria.
Ciudad ruinosa
El deterioro del entorno urbano es igualmente visible en el estado de las vías de comunicación. La provincia enfrenta una crítica brecha a nivel vial donde el 95 % de la red vial vecinal se encuentra en condición inadecuada, según datos de la propia Municipalidad Provincial de Chiclayo del año 2024. Como consecuencia de esta ruina vial y falta de mantenimiento, el 75 % de la población manifiesta padecer problemas de acceso adecuado para transitar cotidianamente por la ciudad.
Esta crisis en pistas y veredas alimenta un severo caos en el transporte vehicular. Chiclayo ostenta el segundo lugar entre las ciudades más congestionadas del Perú, únicamente superada por Lima Metropolitana, según datos de la Asociación Automotriz del Perú expuestos por fuentes periodísticas. Esta saturación del tráfico genera una pérdida económica anual estimada en S/500 millones para la economía local. En términos de eficiencia de movilidad, trasladarse en un vehículo por Chiclayo toma hasta tres veces más tiempo en comparación con ciudades que cuentan con un diseño vial e infraestructura adecuados.
Los servicios sanitarios y de saneamiento básico presentan un panorama que requiere intervención urgente. El colapso del sistema de desagües en Chiclayo responde a tres causas fundamentales: la antigüedad severa y el deterioro de las redes tras superar su tiempo de vida útil, pues hay sectores con tuberías de hasta 60 años; la ejecución de obras deficientes e inconclusas, como las desarrolladas en el casco central de Chiclayo en el 2014, y la ausencia de un sistema de drenaje pluvial, lo que provoca el colapso sistemático de los colectores ante lluvias e intempestivas precipitaciones intensas.
El viejo problema del alcantarillado
En lo relativo al abastecimiento de agua potable, la ciudad no cuenta con provisión continua de 24 horas al día. En el casco central y en las zonas con mejor infraestructura, el suministro alcanza un plazo máximo de 18 horas diarias. Por el contrario, en los distritos periféricos y en las zonas altas, el servicio se restringe a un máximo de 4 horas al día, registrándose periodos donde transcurren varios días consecutivos sin acceso al recurso hídrico. Un ejemplo claro es lo que vive la población de los 12 pueblos jóvenes carretera a Pomalca, que, pese al presupuesto de más de 70 millones para la instalación de ambos servicios, sigue sin tenerlos.
Este complejo escenario operativo del agua y alcantarillado coincide con un cambio institucional determinante: el eventual retorno de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - Epsel a la administración de las municipalidades a partir del 2027. No obstante, se cuestiona el grado de preparación de los municipios distritales y provinciales para asumir dicha responsabilidad. En el pasado, Epsel atravesó agudas crisis derivadas de su instrumentalización política y de haber sido utilizada presuntamente como "caja chica" y botín partidario. Durante gestiones previas, la empresa priorizó contrataciones direccionadas, la incorporación desmedida de personal sin el perfil técnico requerido y el desvío de fondos, situaciones que menoscabaron gravemente su capacidad técnica e institucional.
Reto medioambiental
Por otro lado, la gestión de los residuos sólidos constituye otra prioridad impostergable en la agenda ambiental provincial. En Chiclayo se recogen diariamente 370 toneladas de basura, pero quedan aproximadamente 82 toneladas desperdigadas sin recolectar. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, ha reportado la existencia de 17 botaderos ilegales en la provincia, mientras que en la vía pública chiclayana se han contabilizado 280 puntos críticos de acumulación de desperdicios.
A pesar de que existen 288 recicladores formalizados e integrados en el programa municipal de segregación, se calcula que operan más de mil recicladores en la informalidad en todo el ámbito provincial, superando ampliamente al sector formal. La autoridad municipal que resulte electa deberá asumir la administración del nuevo relleno sanitario situado en pampas de Reque, infraestructura integrada a un sistema que abarca plantas de valorización de residuos orgánicos e inorgánicos, aunque diseñado con una vida útil de cinco años. Un desafío adicional radica en que 13 de los 20 distritos provinciales no están comprendidos actualmente dentro de este Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
En materia del entorno natural y paisajístico, Chiclayo padece una acentuada brecha de áreas verdes. La ciudad registra un índice de apenas 0.9 metros cuadrados de área verde por habitante, una cifra alarmantemente distante de los 9 metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud - OMS. Existe un déficit acumulado de 500 hectáreas de áreas verdes para alcanzar un estándar de sostenibilidad urbana. Asimismo, solo el 2.95 % del área central de la urbe corresponde a Espacios Públicos Equipados y Sostenibles – EPES, clasificación que engloba a parques, óvalos y paseos peatonales, un contraste severo frente al 50 % recomendado por las directrices internacionales de ONU-Habitat para ciudades sostenibles.
El trasfondo institucional sobre el cual operará la futura administración provincial está marcado por antecedentes de vulneración a la ética pública. Entre los años 2014 y 2022, tres alcaldes provinciales de Chiclayo fueron objeto de denuncias e imputaciones fiscales por presuntos actos de corrupción, que abarcan cargos por desvío de fondos públicos, cobro de cupos y direccionamiento de contrataciones. Uno de ellos está en prisión y otro salió hace poco.
Las cuentas municipales
A pesar de estos antecedentes, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ha registrado un incremento sostenido en sus recursos financieros. Entre los años 2016 y 2025, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, de la comuna provincial se multiplicó por 1.87 veces. No obstante, este incremento presupuestal solo se tradujo en avances puntuales, manteniendo alejadas de su solución a las principales brechas en vialidad urbana, espacios públicos, manejo de residuos sólidos, saneamiento, transporte y seguridad. El análisis de la ejecución presupuestal subraya la urgencia de reestructurar el gasto municipal, orientando una mayor proporción de recursos hacia la inversión pública efectiva y reduciendo los gastos corrientes. No debe perderse de vista que la comuna de Chiclayo es la más endeudada del país, con cuentas por pagar por más de S/250 millones.
Finalmente, la autoridad que resulte elegida entre los 15 postulantes asumirá el control de una importante cartera activa de inversión pública. Dicha cartera comprende un total de 214 inversiones activas identificadas con Código Único de Inversiones (CUI), por un monto global que supera los mil millones de soles.
Retos de la próxima gestión serán el resolver el problema del tránsito y transporte, que incluye la construcción de uno o más terminales terrestres interprovinciales; reclamar al gobierno nacional la ejecución del proyecto integral de agua y desagüe cuyas obras empezarían recién en el 2032, así como del drenaje pluvial, prometido desde el 2017. También, atender la urgencia de nuevos mercados mayoristas y cumplir y hacer cumplir el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, cuya gestión es su competencia.
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(*) Periodista – Becario del Curso de Capacitación en Periodismo y Política para la Cobertura de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizado por Idea Internacional, la Fundación Gustavo Mohme y la PUCP.
Nota: Ilustraciones realizadas con IA.
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