Acostumbrado a la polémica, el abogado Wilfredo Chero Villegas gustó siempre de ser él el denunciante y de asomarse en cuanto caso vinculado a azucareras le era posible. Hoy, con la suerte en contra, es buscado por la justicia al responsabilizársele del delito de usurpación agravada en una de estas. La sentencia de la Corte Suprema de la República, emitida en abril del 2014  y notificada recién el seis de enero pasado, ordena cuatro años de prisión efectiva para él.

El Poder Judicial considera a Chero Villegas, junto a ocho extrabajadores de la Empresa Industrial Chucarapi y la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca, de Arequipa, culpable del conflicto desatado por el control de las mismas, luego que instalara una administración ilegal valiéndose de una medida cautelar concedida en Lambayeque por el exjuez Pedro Pablo Cornejo Morajes, hoy destituido y quien fue recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo.

Inicialmente, el abogado y sus coimputados fueron sentenciados a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, así como al pago de una caución de cinco mil soles, fallo que fue confirmado en segunda instancia por la Sala Penal de Arequipa. No conformes con la decisión judicial recurrieron a la suprema vía casación, resolviendo esta no solo recovar el mandato de los jueces de la región sureña, sino reformularlo y dictar prisión efectiva a los acusados, ordenando su captura a nivel nacional.

El caso se remonta al 2006. En octubre de ese año, el abogado, flanqueado de más de 300 sujetos armados, tomó posesión violenta de las empresas, acto que fue validado por el juez de Paz de segunda nominación de Cocachacra – Arequipa. De acuerdo a lo contenido en el fallo de la Corte Suprema, los vigilantes del complejo azucarero fueron encañonados, amenazados y golpeados, a fin de evitar que pongan resistencia a la toma de las instalaciones. Dos meses después, el Poder Judicial ordenó el ingreso de los legítimos propietarios de las empresas, sin embargo los usurpadores volvieron a usar la fuerza para apoderarse del ingenio.

Resultado de la ilegal ocupación, estos se beneficiaron de la comercialización del azúcar, la melaza y otros insumos producidos en Chucarapi.

INTENTO DE BLOQUEO

Chero Villegas interpuso en diciembre del 2006 una demanda de hábeas corpus contra el jefe de la Policía Nacional en Arequipa y contra el titular de la Fiscalía Provincial Mixta de Islay – Mollendo, Abdón Sancas Soto, por – según él – desconocer el proceso de hábeas corpus N° 2006 – 019 seguido ante el Primer Juzgado Penal de Lambayeque y el mandato dado por este en noviembre de ese año.

Y es que el juzgado lambayecano ofició al fiscal de Arequipa para que deje sin efecto cualquier tipo de investigación (policial o fiscal) a los vehículos que transportaban azúcares producidos por la empresa Chucarapi, en ese momento bajo posesión de los hoy sentenciados por usurpación agravada, debiendo entregarse el producto a Sixto Mamami Sumari, uno de los coimputados.

El fiscal ordenó el inicio de las investigaciones por la ilegal movilización de azúcar, en tanto semanas después, en enero del 2007, Chero Villegas modificó el tenor de su demanda y solicitó ser el único beneficiario del proceso constitucional que había iniciado contra el representante de la Policía y del Ministerio Público.

El reclamo del abogado llegó hasta el Tribunal Constitucional, el mismo que en septiembre del 2008 declaró improcedente su demanda e impuso en su contra una multa de 10 Unidades de Referencia Procesal - URP por “su actuación temeraria en el proceso constitucional”, según señala el fallo.

Wilfredo Chero, quien se venía desempeñado como Gerente Legal de Agropucalá y defensor del exrector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, Agustín Ramos García, se mantiene prófugo, a espera que un recurso correctivo presentado por su hermano, el abogado Félix Chero Medina, a la Corte Suprema, dé resultados y pueda variar su condición de condenado.

Sin embargo, en el historial del letrado, quien en las elecciones del 2014 postuló a la vicepresidencia regional de Lambayeque por el Frente Amplio, y antes, en el 2011, al Congreso de la República por Fuerza Social, existe una larga lista de intervenciones en polémicos casos, la mayoría vinculados a las azucareras del departamento. Los más recientes fueron Pomalca y Tumán.

PROTAGONISTA DULCE

En agosto del 2014 se concretó uno de los afanes más conocidos de Chero Villegas: el juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio Torres, hoy destituido, removió a la administración judicial de Agropucalá e instaló una afín al grupo representado por el abogado, colocando a Luis Alberto Dávila Dávila al frente de la empresa.

Meses antes la azucarera había ingresado en un conflicto interno que movilizó más de una vez a sus trabajadores por las calles de Chiclayo. Ingresada la nueva administración, Chero Villegas se ubicó como Gerente Legal emprendiendo diversas acciones judiciales, además de defender el desempeño del Gerente General Max Ayora Iñoñán.

Siendo funcionario de Agropucalá, Wilfredo Chero se inmiscuyó en el problema de la azucarera Pomalca, participando incluso como representante de los trabajadores en la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque para poner fin a la huelga que mantenían los trabajadores de la agroindustrial. Al mismo tiempo, se plegó al bando del dirigente Walter Cieza Díaz en la huelga de los azucareros de Tumán, activando también como representante legal de este.

Discrepó abiertamente con el aliado del otro grupo de trabajadores tumaneños, el presidente de la ONG ProJusticia, Fernando O’Phelan Pérez, acusándolo de representar a intereses subalternos que avalaron el ingreso de Marcelino Llontop Suyón como administrador de la empresa. Su abierto enfrentamiento alcanzó sabor a pugna de poder.

ANTIMINEROS

En agosto del 2012 el controvertido abogado asumió la defensa del entonces presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos Guerrero, del exsacerdote Marco Arana Zegarra y del dirigente antiminero Idelso Hernández Llamo, quienes eran investigados penalmente por el caso Conga.

Contra estos se levantaron cargos por atentar la tranquilidad pública, generar y promover disturbios, resistirse a la autoridad y ocasionar daños en agravio del Estado en su oposición a la ejecución del proyecto minero. Con este caso, Chero alcanzó aún más notoriedad.

En el 2013, el abogado logró que contra la exautoridad regional se archivaran cuatro denuncias. Ese año también logró la libertad de seis comuneros detenidos por la Policía Nacional en las lagunas de Conga.

Dicha fama le sirvió para alzarse, tiempo después, como defensor de los comuneros de Cañaris, quienes se declararon en protesta contra la continuidad de los trabajos de exploración del proyecto minero Cañariaco.

Wilfredo Chero llegó incluso a anunciar que recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado Peruano por avalar la presencia de la minera Candente Cooper en Cañaris y “no respetar la legitimidad del pueblo y permitir que se depreden los recursos naturales”.

OTROS CASOS

El abogado estuvo también inmerso en la medida cautelar que presentó en el 2011 el concejo distrital de Olmos, encabezado por su entonces alcalde Willy Serrato Puse, ante el Juzgado Mixto de Motupe para detener la convocatoria a subasta pública de las tierras del Proyecto de Irrigación Olmos. La demanda fue presentada contra el Gobierno Regional de Lambayeque, sin alcanzar ningún efecto sobre el proceso.

En el 2012 denunció por prevaricato al juez Óscar Tenorio Torres cuando emitió la medida cautelar a favor del exalcalde Roberto Torres Gonzales para que siga en funciones al frente del Municipio de Chiclayo. Tiempo después, Chero Villegas defendería la conducta del ahora exmagistrado cuando removió a la administración de la empresa Agropucalá.

Como se ha dicho, también se ha desempeñado como defensor del exrector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, Agustín Ramos García, en la investigación iniciada por el Ministerio Público por el cobro de asignaciones extraordinarias presuntamente irregulares. Posteriormente pasó a defender la permanencia de este como máxima autoridad de la casa superior de estudios.

Entre sus casos más polémicos está la defensa que ejerció a favor de Joana Nakano Bustíos en el 2008, luego que la Municipalidad Provincial de Chiclayo le quitara la corona de reina de la ciudad en el marco del aniversario de creación política tras la propalación de un video en el que la joven aparecía bailando semidesnuda frente a una cámara. El caso llegó a los programas de espectáculos capitalinos. 

 respuesta de Juan Guadarrama Méndez el 2024-11-09.

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