Los últimos años no solo han sido telúricos para la administración de justicia en Lambayeque por la revisión de diversos casos de corrupción y la desarticulación de organizaciones delictivas conformadas por autoridades y funcionarios para defraudar al Estado, sino también por la fuga de varios de los protagonistas, quienes hoy deberían estar recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. ¿Dónde están los prófugos?
EL “LIMPIO” PLAZA ARBULÚ
El primer caso es el del ferreñafano Guillermo Plaza Arbulú, implicado en la investigación seguida por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo a la presunta organización denominada Los Limpios de la Corrupción, la misma que habría liderado durante su permanencia como alcalde de la provincia Roberto Torres Gonzales, y en la que habrían participado regidores, funcionarios, familiares, colaboradores y proveedores. Plaza Arbulú se encuentra en este último grupo.
La orden de captura en su contra fue dada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria el 30 de septiembre del 2014 y debió ejecutarse en el mismo operativo con el que se detuvo a la pareja sentimental de Torres Gonzales y parte de sus funcionarios. Indicios han llevado al Ministerio Público a postular la tesis de que Plaza Arbulú fue testaferro del exalcalde.
En septiembre del año pasado, su hermano, Luis Plaza Arbulú, dijo que si el investigado no se había puesto a derecho era porque se habrían presentado “pruebas falsas en su contra”, poniendo como condición para su entrega a las autoridades judiciales que se emita un pronunciamiento de la Fiscalía de Control Interno por la queja presentada contra el fiscal Sergio Zapata Orozco, dedicado a exclusividad a la investigación del caso.
La participación de Guillermo Plaza habría sido fundamental en la organización delictiva que operó en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el ex Servicio de Administración Tributaria, EPSEL y la Beneficencia.
Según la fiscalía, este habría utilizado al criador de chanchos Víctor Cubas Llaguento para crear una empresa fantasma, “Multiservicios Santa Lucía”, la misma que se convirtió en proveedora de la comuna. El abogado de este señaló en noviembre del 2014 que el falso empresario recibió 350 soles por registrarse en SUNAT y abrir cuentas bancarias. Incluso aseveró que este había sido amenazado de muerte si daba su testimonio a las autoridades judiciales.
Para el 21 de marzo se ha programado la audiencia de prisión preventiva contra el investigado.
REELECTO Y PRÓFUGO
En las elecciones del 5 de octubre del 2014, el alcalde aprista de Pacora Jaime Urbina Urbina fue reelegido por sus vecinos para el período 2015 -2018, sin embargo no pudo iniciar su segundo mandato porque se convirtió en prófugo de la justicia.
El 17 de diciembre del 2014 la Primera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo revocó la comparecencia restringida dada a Urbina Urbina por la jueza Gloria Loconi Captián, ordenando la prisión preventiva contra la entonces autoridad por un período de nueve meses, tal como había solicitado al Poder Judicial la fiscal Magaly Quiroz Caballero.
La investigación se inició contra Jaime Urbina por la aparición de un audio en el que se oye la presunta negociación de una coima por la compra de un volquete sobrevalorado. La medida de prisión preventiva también fue dispuesta contra el entonces gerente general de la comuna de Pacora y un tercero, identificado como Raúl Távara Monja, vendedor de la empresa Tracto Camiones USA.
A mediados de enero del 2015 la Policía Nacional estuvo cerca de capturar a Urbina Urbina, llegando hasta una vivienda ubicada en el caserío El Verde, a una hora de la zona urbana de Jayanca. Se sabe que horas antes de la llegada de los agentes a la zona, el exalcalde se había desplazado a otro lugar.
Meses después la dirigencia aprista de Lambayeque decidió suspender los derechos partidarios de Jaime Urbina, acusado de colusión en perjuicio del Estado y la comuna de Pacora. El Jurado Nacional de Elecciones le retiró su credencial.
TREMENDO FISCAL
Indudablemente uno de los casos más sonados del 2015 es el del exfiscal Esdras Sánchez Moreno, quien fue condenado a nueve años y dos meses de prisión tras comprobarse que participó del secuestro y posterior extorsión del empresario Ricardo Coronado Li. El escándalo sacudió al Ministerio Público en pleno.
El 20 de julio del año pasado la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lambayeque declaró a Sánchez Moreno, quien se desempañaba como fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, culpable del delito de cohecho pasivo específico. A este también se le fijó una multa de 40 mil 457 soles y una reparación civil de 15 mil soles a favor del Estado.
Según la sala, existen pruebas suficientes para acreditar que Sánchez Moreno solicitó una coima de 20 mil soles al empresario a cambio de dejarlo en libertad, pues había sido detenido presuntamente por participar en usurpación de tierras.
El exfiscal, quien pedía en una investigación por obras mal ejecutadas una sanción de 30 años de prisión contra el exalcalde Roberto Torres Gonzales y 19 funcionarios de la comuna, también quedó inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
CATEDRÁTICO EN FUGA
La presunta entrega irregular de más de mil grados de maestría en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, desató, también el año pasado, una profunda investigación fiscal contra el entonces director de dicha institución Juan Aguinaga Moreno y otros catedráticos y trabajadores.
En septiembre, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grández Rojas, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Aguinaga Moreno y cuatro personas más, decisión que fue confirmada ese mismo mes por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lambayeque, la misma que ordenó la captura del catedrático, quien hasta el momento se mantiene prófugo de la justicia.
Según los familiares de Aguinaga Moreno, quien también es investigado por el presunto cobro de asignaciones irregulares junto a otras exautoridades de la universidad, este se mantiene a buen recaudo porque no existen garantías para su seguridad, y porque consideran que la medida de prisión preventiva resulta excesiva “para una persona con domicilio y trabajo conocido, y arraigo familiar”.
Lo particular de este caso es que aun estando no habido por la justicia, la Oficina de Recursos Humanos de la UNPRG otorgó cuatro meses de vacaciones pagadas a Aguinaga Moreno, asignándole 26 mil 828 soles correspondientes a los años 2013 y 2014.
AMARGO CHERO
Una sentencia de la Corte Suprema de la República, emitida en abril del 2014 y notificada recién el seis de enero pasado, ordena cuatro años de prisión efectiva para el abogado Wilfredo Chero Villegas, hoy prófugo de la justicia.
El Poder Judicial considera a Chero Villegas, junto a ocho extrabajadores de la Empresa Industrial Chucarapi y la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca, de Arequipa, culpable del conflicto desatado por el control de las mismas, luego que instalara una administración ilegal valiéndose de una medida cautelar concedida en Lambayeque por el exjuez Pedro Pablo Cornejo Morajes, destituido y quien fue recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo.
Inicialmente, el abogado y sus coimputados fueron sentenciados a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, así como al pago de una caución de cinco mil soles, fallo que fue confirmado en segunda instancia por la Sala Penal de Arequipa. No conformes con la decisión judicial recurrieron a la suprema vía casación, resolviendo esta no solo recovar el mandato de los jueces de la región sureña, sino reformularlo y dictar prisión efectiva a los acusados, ordenando su captura a nivel nacional.
El caso se remonta al 2006. En octubre de ese año, el abogado, flanqueado de más de 300 sujetos armados, tomó posesión violenta de las empresas, acto que fue validado por el juez de Paz de segunda nominación de Cocachacra – Arequipa. De acuerdo a lo contenido en el fallo de la Corte Suprema, los vigilantes del complejo azucarero fueron encañonados, amenazados y golpeados, a fin de evitar que pongan resistencia a la toma de las instalaciones. Dos meses después, el Poder Judicial ordenó el ingreso de los legítimos propietarios de las empresas, sin embargo los usurpadores volvieron a usar la fuerza para apoderarse del ingenio.
Resultado de la ilegal ocupación, estos se beneficiaron de la comercialización del azúcar, la melaza y otros insumos producidos en Chucarapi.
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