El 11 de enero pasado se inscribieron las 146 mil 57 hectáreas recuperadas de las comunidades campesinas Santo Domingo de Olmos, San Martín de Sechura y San Pedro de Mórrope a nombre del Gobierno Regional de Lambayeque, basándose en el Acuerdo Regional N°021 -2012 y su modificación, realizada el 25 de julio del 2012, con la finalidad de evitar las inscripciones de terceros. Sin embargo, el juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Edwin Siaden Díaz, emitió el 4 de marzo la Resolución N°07 con la cual declara nula la inscripción de las tierras en el Sistema Nacional de Registros Públicos – SUNARP, dejando al libre albedrío la compra y venta de las mismas.

El presidente de la comunidad de San Pedro de Mórrope, Humberto Llauca Morales, señala que el Acuerdo Regional del 2012 señala que en tanto las comunidades campesinas se pusieran de acuerdo en la firma de las actas de colindancia de las tierras estas serían devueltas.

“De manera conjunta dimos los primeros pasos y se registraron eficientemente las más de 146 mil hectáreas que correspondían a los comuneros. Sin embargo, nos dimos con la sorpresa que semanas más tarde este juez Edwin Siaden dicta una resolución que anula los derechos de protección a nuestras tierras. Estimamos que estaríamos perdiendo un aproximado de 70 mil hectáreas debido a dicha resolución”, explica.

Asimismo, agrega que la comunidad de Mórrope se encuentra indignada por la resolución del juez provisional, debido que se están arrebatando tierras consideradas patrimonio cultural por los comuneros morropanos.

En la misma línea, el presidente de la comunidad campesina de Olmos, Ismael Maza Cruz, determina que el 80 % de las 146 mil 57 hectáreas son comprendidas por la comunidad de Olmos y Mórrope, y el 20 % restante por las otras tres comunidades, indicando que su representada sería la principal afectada por el tráfico de tierras.

 “Nosotros hemos puesto un pare ante esto porque no puede seguir pasando en nuestra comunidad, ya que con el tiempo se ven las consecuencias. No solo atenta hacia la propiedad, sino a la salud e integridad de los comuneros. En el 2014 se dio el caso en que un empresario se apoderó de 200 hectáreas y utilizó a los comuneros pagándoles un sueldo de 50 soles diarios, y estos se pusieron en contra de nosotros. En el 2015, estos mismos exigían que recuperáramos las tierras porque estaban siendo explotados debido a las irregularidades de pago y la falta del cumplimiento a los derechos laborales dentro de la empresa”, expresa.

Las tierras de la Zona de Controversia de las comunidades campesinas tanto para Olmos y Mórrope se encuentran en desuso, sin embargo, al ser recuperadas cada uno de los presidentes tiene la visión de utilizar estos recursos para beneficio de los comuneros.

“Con la devolución de las tierras se les entregaría primeramente a los comuneros, luego realizaríamos pozos en estas y habilitaríamos la agricultura a través del cultivo de exportación. Mórrope no puede permitir que gracias a la resolución se dé pase a la toma de estas 146 mil hectáreas por personajes terceros que no pertenecen a nuestra comunidad”, señala Humberto Llauce.

“En Olmos hay muchos atropellos y abusos. Siempre se han utilizado las tierras para la ganadería y la agricultura artesanal, y no frente a las grandes empresas que se han instalado. Estas hectáreas están en desuso pero no se encuentran abandonadas, y esperamos que al ser recuperados podamos emplearlas para la continuación de la agricultura artesanal”, manifiesta Maza Cruz.

El dirigente hace un llamado al gobierno central y a los candidatos para el Congreso, pues considera que se deben establecer propuestas a favor de las comunidades campesinas. Asimismo, agrega que deberían existir leyes en donde el Estado apoye a las comunidades, porque “han habido programas de gobierno que no han sido motivados para llegar a las comunidades de manera efectiva”.

Por otro lado, Humberto LLauce pide la participación del representante de la Defensoría del Pueblo, de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y del Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana, para ayudar a resolver la problemática a fin de evitar que se desencadene un conflicto social mayor.

ASPECTOS LEGALES

Durante el proceso de inscripción de las tierras de la Zona de Controversia de las comunidades campesinas de Mórrope, Olmos y Sechura, se habían registrado 21 partidas electrónicas inscritas por entidades externas las cuales buscaban adueñarse de 46 mil hectáreas, sin embargo fueron anuladas en el 2015.

“Ahora, debido a la Resolución N°07 del juez Edwin Siaden, estas 21 inscripciones anteriormente tachadas vuelven a estar activas para registrar las parcelas que ellos creen ser propietarios. No es justo que se trate así a las comunidades que son dueñas ancestralmente de las tierras. Este juez no sabemos a quién habrá obedecido y favorecido al emitir dicha resolución en contra a las comunidades. La rechazamos rotundamente y expresamos nuestra preocupación, y exigimos radicalmente que se devuelvan las tierras a los comuneros realizando las acciones adecuadas para ser escuchados”, reclama Ismael Maza.

Dentro de los otros problemas legales se encuentra el caso de Silverio Ramos Marrufo y Lorenzo Ventura Inoñan, el cual es el más controversial para las comunidades campesinas de Olmos, Mórrope y Sechura.

El presidente de la comunidad de Mórrope señala que los dos personajes presentaron un recurso de apelación ante la Resolución N°03 dada a favor de la protección de las tierras campesinas. No obstante, presentaron un proceso de nulidad para sancionar las irregularidades por parte de las comunidades campesinas, y dos medidas cautelares, las cuales aseguran los presidentes “ser inexistentes”.

“Sin nosotros tener conocimiento de la demanda, inician los procesos de nulidad a favor de Ramos Marrufo y Ventura Inoñan. Asimismo, a través de la Resolución N°06, con fecha del 14 de diciembre del 2015, se establecía que las inmatriculaciones realizadas con posterioridad al título del Gobierno Regional de Lambayeque son nulas y esta acción no es propia a una resolución aclaratoria. Es por ello que nuestros asesores legales respondieron con  una acción de amparo, la cual buscaba esclarecer los fundamentos de la Resolución N°07 emitida por el juez del Tercer Juzgado Civil”, enfatiza Llauce Morales.

A través de la acción de amparo por parte de los defensores legales de las comunidades campesinas se solicita primordialmente la anulación definitiva de la Resolución N°07, la apelación y participación ante el proceso de nulidad establecido por los demandantes Silverio Ramos y Lorenzo Ventura, y, finalmente, la tacha a la medida cautelar del juez del Tercer Juzgado Civil.

“La medida cautelar dada en la Resolución N°05 quedaba sin efecto, por ende no hay medida cautelar a favor de los traficantes. Ya está consentida en la Resolución N°3, que bien dice que no existe posibilidad de tachar ese mandato. Ahora ficticiamente nos quieren hacer ver que esta medida cautelar aún existe, e incluso el demandante ha fallecido desde hace varios meses atrás. Las dos medidas cautelares que anularon el título del Gobierno Regional de Lambayeque fueron emitidas por el juez del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz mediante la resolución uno de fecha 20 de agosto del 2014, y por el juez del TERCER JUZGADO Civil Edwin Siaden Díaz”, menciona Maza Cruz.

No obstante, las comunidades campesinas alertan a las autoridades que al no ser atendidas de manera justa, estas se pronunciarían con diferentes manifestaciones, generando así un posible conflicto social en los próximos meses.

“Esperemos que este juez recapacite y reconozca que está haciendo demasiado daño a las comunidades. Una medida cautelar pretende en un expediente que dos mil 500 hectáreas tumbe a las 146 mil hectáreas inscritas anteriormente por el Gobierno Regional de Lambayeque. Olmos tomará las carreteras y hará movilizaciones, tomaremos la Bocatoma Miraflores, haremos desalojos de las terceras personas en estas tierras. Se habla de 21 inscripciones que han recobrado vigencia convirtiendo así 47 mil hectáreas pertenecientes a terceros y no podemos tolerarlo”, alerta Ismael Maza.

Asimismo, el presidente de la comunidad campesina de Mórrope expresa que, a pesar de ser un pueblo pacífico no callarían “los abusos cometidos por entidades de poder que están arrebatando las tierras”.

“La reacción del pueblo cada vez que se entera se va indignando más, y eso puede a llevar a un caos si esto no se resuelve. Queremos que se entere el pueblo, además llegar a las autoridades locales, regionales, nacionales, el Poder Judicial y que se dé solución a esto. Los representantes legales ya han demostrado las acciones que se han tomado. Queremos que nos atiendan y corrijan este atropello que se ha hecho a las comunidades campesinas”, concluye Humberto Llauce.

 2016-03-18

 respuesta de Cecilia Montenegro el 2024-09-04.

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