La Contraloría General de la República, a través de su Oficina Regional Norte, con sede en Chiclayo, aplicó diversas auditorías al Gobierno Regional de Lambayeque entre enero del 2010 y agosto del 2014, comprendiendo a la primera gestión del gobernador Humberto Acuña Peralta. Resultado de ese trabajo el organismo de control determinó la existencia de hechos irregulares por lo que procedió a remitir los actuados al Ministerio Público, a fin de sancionar a los responsables de generar perjuicio al Estado.
Los avances de las intervenciones realizadas por la Contraloría empezaron a tener resultados concretos en septiembre del año pasado, permitiendo que se conozca algunos de los presuntos actos de corrupción en los que habrían incurrido funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque en el desarrollo de diversas obras, muchas de ellas cuestionadas cuando se ejecutaban.
De acuerdo a los resultados, obras como la carretera San José – Pimentel o la aceptación de cartas fianza de una de la cooperativas vinculadas a la red de Rodolfo Orellana, sí representan responsabilidad penal, descartándose así los argumentos que hace algunos años diera el gobierno regional para negar cualquier tipo de irregularidad.
CARRETERA POMALCA - PAMPAGRANDE
La Contraloría ejecutó una auditoría al Gobierno Regional de Lambayeque generando la Carpeta de Control 119-2015-CG/CRN-AC-CC, del 16 de diciembre del 2015, referida a la formulación del expediente técnico, ejecución y supervisión de la obra “Carretera Pomalca, Saltur, Sipán, Pampagrande”, determinando que el otorgamiento de la buena pro para la ejecución y supervisión de la obra se dio a empresas que no cumplían los requisitos.
Asimismo, que no se aplicó la penalidad correspondiente al consultor por retrasos en la presentación de informes para la elaboración del expediente técnico, que posteriormente fue aprobado con un monto sobrevalorado. A esto se suma que el Gobierno Regional de Lambayeque pagó demás a la supervisión por la aprobación de ampliaciones de plazo por causas atribuidas a la entidad, y que no se instalaron las guardavías metálicas consideradas en los planos de señalización y seguridad vial como mandaba el expediente de la obra.
En este caso la Contraloría detectó un perjuicio económico de un millón 317 mil 797.27 soles, denotándose hechos de presunta responsabilidad penal, por lo que el informe fue remitido al cuarto despacho de investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, ante la que se ha denunciado al Gerente Regional, al Gerente Regional de Infraestructura, al Jefe de Administración, al Gerente de Transportes y Comunicaciones, al Director de Supervisión y Liquidación, a los integrantes del Comité Especial, al Comité de Recepción y a otros funcionarios involucrados.
En esta obra también se identificó documentos falsos del consorcio ganador de la buena pro para la ejecución de los trabajos, hecho que fue denunciado por Expresión, en su edición 867, y cuya documentación fue solicitada por la Contraloría General de la República.
Resultado precisamente de esa denuncia es que la Contraloría formuló el Informe Penal N° 617-2015-CG/430, del 3 de septiembre del año pasado, en el que se señala la responsabilidad del Comité Especial y del Jefe de Administración del Gobierno Regional de Lambayeque, en el favorecimiento al Consorcio Vial Sipán, al otorgarle la buena pro para la construcción de la carretera pese a incumplir la experiencia mínima del personal propuesto y presentar documentación inexacta en la propuesta técnica.
La obra se ejecutó con un presupuesto de 33 millones de soles.
CARTAS FIANZAS
Otra auditoría aplicada al Gobierno Regional de Lambayeque motivó la Carpeta de Control N° 105-2015-CG/CRN-EE-CC, del 11 de diciembre del 2015, en la cual se detectó la aceptación de cartas fianzas de fiel cumplimiento y por otorgamiento de adelantos directos y de materiales emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fianzas y Garantías Ltda”, vinculada a la red de Rodolfo Orellana, no supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, no habiéndose exigido su renovación ni ejecución pese a su vencimiento en las obras: “Construcción del camino vecinal tramo Mamajpampa – Cañaris”, ejecutada por el Consorcio Cañaris, y la “Construcción de las defensas ribereñas en el río Reque, sectores Huacahina, Tabernas, San Pablo y Pocitos del distrito de Pucalá”, ejecutada por el Consorcio San Martín de Porres.
El perjuicio que esto habría ocasionado al Estado asciende a 591 mil 787.92 soles, y para la Contraloría la responsabilidad penal recaería en el Gerente de Infraestructura, el Jefe de Administración, el Jefe de Asesoría Jurídica, el Jefe de Logística y otros funcionarios del gobierno regional.
El caso ha sido remitido a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, donde se investiga a la red Orellana.
ESTADIO DE CHONGOYAPE
Otro caso encontrado en el Gobierno Regional de Lambayeque es el que se desprende del Informe Penal N° 615-2015-CG/L430, del 30 de septiembre del 2015, en el que se concluye que hubo favorecimiento al Consorcio La Unión en la ejecución de la obra “Mejoramiento del Estadio de la Juventud de Chongoyape”, donde se decidió descalificar a uno de los postores por incumplimiento de requisitos mínimos referidos a la experiencia de los profesionales, lo cual no estaba incluido en la bases integradas del proyecto.
El monto de la obra ascendió a 353 mil 6.84 soles, determinándose la presunta comisión de delitos como negociación incompatible, además de responsabilidad administrativa entre los integrantes del Comité Especial, el Jefe de la Oficina de Administración y otros funcionarios del gobierno regional. La denuncia penal está a cargo de la Procuraduría de la Contraloría General de la República.
CARRETERA SAN JOSÉ – PIMENTEL
En el Informe Penal N° 616-2015-CG/L430, del 3 de septiembre del año pasado, la Contraloría también pone en evidencia presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno Regional de Lambayeque en la obra “Mejoramiento de la carretera San José – Pimentel”, ejecutada con un presupuesto de ocho millones 963 mil 250.06 soles, en la primera gestión del gobernador Humberto Acuña Peralta.
En dicha obra la Contraloría ha determinado el favorecimiento al Consorcio Supervisor Vial San José – Pimentel, y al Consorcio Guadalupe, con el otorgamiento de la buena pro pese a no acreditar los requerimientos técnicos mínimos. Asimismo, que se contrató al supervisor pese a no presentar garantía de fiel cumplimiento. Por estos hechos se presume la comisión de negociación incompatible, así como faltas administrativas.
La Contraloría ha denunciado ante la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque a los integrantes del Comité Especial, al Gerente de Transportes y Comunicaciones (en ese momento Miguel Paz Vélez), al Jefe de Administración y otros funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque.
HOSPITAL BELÉN
Con Carpeta de Control N° 012-2016-GS/OCI-0633-EE-CC, del 25 de mayo de este año, la Contraloría determinó el incremento del valor referencial, basándose en un expediente técnico con inconsistencias; el otorgamiento de buena pro al Consorcio MR & JD, pese a no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases, y el pago de partidas no ejecutadas y por trabajos adicionales que no corresponden en la obra “Mejoramiento de las condiciones de seguridad ambiental del módulo de TBC”, del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque”, a cargo de la Gerencia Regional de Salud.
El perjuicio estimado por la Contraloría asciende a 20 mil 740.56 soles, y se ha señalado responsabilidad ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque contra el Gerente Regional de Salud, el Director Ejecutivo del Hospital Belén, el Comité Especial, el Jefe de Administración y otros funcionarios.
ACCIONES DE CONTROL
El año pasado la Contraloría General de la República ejecutó 51 auditorías y para este año se espera cerrar con 78 procesos de evaluación funcional en las diferentes instituciones que manejan recursos del Estado. A nivel de Lambayeque existen 51 pliegos presupuestales a fiscalizar.
Asimismo, de acuerdo al Sistema de Control Gubernamental, en el 2015 se identificó mil un responsabilidades penales en funcionarios de las tres provincias del departamento, y en lo que va del año 139. También se identificaron responsabilidades civiles, que el año pasado llegaron a 29 casos. Entre enero y septiembre de este año se han registrado 38.
Entre el 2013 y este año la Contraloría ha procesado a 358 funcionarios, estando pendientes de proceso sancionador 140 servidores públicos.
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CONTRALOR ANUNCIA INTERVENCIÓN DE
MUNICIPIO DE J.L.O. Y DE EPSEL
El viernes último, durante su visita a Chiclayo, el Contralor de la República, Edgar Alarcón Tejada, anunció el ingreso de comisiones auditoras a la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz y en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, debido a las constantes denuncias de presuntos malos manejos de los recursos públicos en ambas instituciones.
“EPSEL es una empresa municipal, gerenciada y manejada por un Directorio, designado mayormente por alcaldes, pero creo que se debe cambiar la forma en que se manejan estas empresas, porque si tenemos autoridades que no son efectivas en sus municipios, se traslada lo mismo a las empresas del saneamiento. Estas empresas deberían a pasar a cargo del Ministerio de Vivienda”, anotó.
Alarcón Tejada mencionó que a nivel nacional existen problemas con las empresas prestadoras de saneamiento, por lo que considera oportuno que desde el gobierno central se trabaje en un mecanismo que permita la mejor administración de las mismas.
“Vamos a acreditar una comisión de auditoría para intervenir en EPSEL, porque en el caso específico de esta empresa se tiene pérdidas acumuladas en los últimos seis años de más de 100 millones de soles; el 2015 lo cerró con pérdidas de 16 millones de soles. ¿Si trabaja a pérdida, para qué sigue operando? Se tiene que tomar una solución efectiva y por eso se va a ejecutar la auditoría y a identificar a los responsables”, anunció el contralor.
Respecto a José Leonardo Ortiz, Edgar Alarcón refirió que también se instalará una comisión auditora, la que se encargará de revisar los últimos cuatros años del manejo económico y administrativo de la comuna.
“Que se haga la auditoría integral a este municipio y yo le pido al alcalde (Epifanio Cubas Coronado) que se dé todas las facilidades a la comisión que se instalará en las siguientes semanas, porque vamos a revisar no solamente compras, sino también obras y manejo administrativo. Mi compromiso es que en los siguientes tres meses, a fines de año, tengamos resultados”, dijo.
El miércoles 12 d.c., la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el congelamiento de las cuentas bancarias del municipio leonardino, que al año maneja un presupuesto de 35 millones de soles.
Dicha medida fue advertida el viernes 7 de octubre por el contralor al alcalde Epifanio Cubas Coronado, a quien indicó que de encontrar indicios de corrupción en la información recabada por el organismo de control, se adoptaría dicha acción en cautela de los recursos del Estado.
“Pediremos al Ministerio de Economía la intervención de la municipalidad para que ellos mismos gestionen los recursos”, anotó.
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