Investigaciones de Expresión son confirmadas por el sistema nacional de control.
Son 33 los exámenes periciales y de auditoría que la Contraloría General de la República aplicó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo para estimar el perjuicio económico generado por la administración del investigado exalcalde Roberto Torres Gonzales y la presunta red de corrupción que dirigió.
Los resultados de los exámenes practicados a través de la Oficina Regional de Control y con apoyo de los técnicos de la sede central de la Contraloría, han sido alcanzados a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, específicamente al despacho del fiscal Sergio Zapata Orozco, quien junto a otros cinco representantes del Ministerio Público investiga a exclusividad el caso de “Los limpios de la corrupción”.
En septiembre del 2014 la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo logró que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria ordene la captura y el posterior encarcelamiento preventivo de Torres Gonzales y sus más cercanos colaboradores, entre ellos exregidores, ex altos funcionarios de la comuna, exproveedores e incluso su pareja sentimental y la madre de esta.
De acuerdo a las investigaciones, la presunta red generó perjuicios no solo en la municipalidad, sino también en el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH, en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, y en la Sociedad de Beneficencia Pública.
CASO EX MUTUAL
Con la Carpeta de Control N° 062-2015-CG/CRN-EE, del 3 de julio del 2015, que comprende a la evaluación realizada entre enero del 2013 y septiembre del 2014 a la comuna de Chiclayo, la Contraloría confirmó que la adquisición del edificio de la ex Mutual se realizó a un precio superior a su valor comercial, utilizando para ello fondos transferidos para el financiamiento del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y recursos del FONCOMUN, destinados a obras públicas.
En este caso el perjuicio económico generado al municipio asciende a un millón 727 mil 117.37 soles, lo que para la Contraloría configura responsabilidad penal no solo en el exalcalde, sino también en los regidores que aprobaron la compra del inmueble, el entonces gerente municipal Ciro Chávez Martos, los gerentes de Administración y Asesoría Jurídica y otros funcionarios.
La investigación ha sido derivada a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo y el proceso se lleva de manera independiente al bloque de casos que revisa el despacho de Zapata Orozco.
PROLONGACIÓN PEDRO RUIZ
El 11 de diciembre del 2015 la Contraloría emitió la Carpeta de Control N° 113-2015-CG/L430-EE-CC, referida a la obra de “Mejoramiento de la infraestructura en la Avenida Prolongación Pedro Ruiz (entre la progresiva 0+133 y 0+659.50”.
Ahí se ha establecido que la gestión de Roberto Torres Gonzales favoreció al postor Construcciones Quipu SAC con la buena pro pese a no cumplir con presentar la documentación obligatoria e insertar en su propuesta técnica información carente de veracidad.
El perjuicio por dicha obra asciende a 646 mil 239.84 soles, hallándose responsabilidad penal en el gerente municipal de aquél entonces, así como en el gerente de Administración, el gerente de Infraestructura Pública, el subgerente de Logística y el Comité Especial.
El caso está en manos de la Tercera Fiscalía Provincial Penal.
LOS OLIVOS Y LOS PINOS
Al despacho de Zapata Orozco también se ha remitió la Carpeta de Control N° 110-2015-CG/L430-EE-CC, del 11 de diciembre del 2015, referida a la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en las calles Los Olivos y Los Pinos”, donde se halló un perjuicio a la comuna ascendente a 483 mil 369.47 soles.
La Contraloría ha confirmado que en dicha obra se favoreció al postor Frjidec SAC con el otorgamiento de la buena pro mediante la modificación de los requerimientos técnicos mínimos, incluyendo exigencias que limitaban la pluralidad de postores.
Por configurarse presuntos hechos de responsabilidad penal, se ha dispuesto incluir en la investigación a los ex funcionarios del municipio responsables de la Gerencia General, la Gerencia de Administración, de Infraestructura Pública, la Subgerencia de Logística y otras áreas más.
LOS VALES
El mismo día que el Poder Judicial ordenó la captura de los presuntos integrantes de la red de Roberto Torres Gonzales, la Contraloría cerró la Carpeta de Control N° 087-2015-CG/CRN-EE-CC, en la que determinó la comisión de hechos de responsabilidad penal entre los entonces funcionarios a cargo de la Gerencia de Administración, de Relaciones Públicas, la Subgerencia de Tesorería y otras áreas de la comuna.
Esto se determinó luego que encontrar la entrega de dinero en efectivo a funcionarios mediante “vales” cuya rendición no se efectuó, desconociéndose el uso y destino de los recursos. Además, se encontró rendiciones de gastos con documentación no emitida por proveedores en el período 2013 – 2014.
Se estima que el perjuicio al municipio bajo esta modalidad llegó a los 298 mil 281.56 soles.
PROVEEDORES FAVORECIDOS
La Contraloría General de la República también auditó el período enero 2011 – diciembre 2013, y resultado de esto se generó la Carpeta de Control N° 092-2015-GC/MPCH—0425-EE-CC, del 30 de octubre del 2015, en la que se llegó a la conclusión que el entonces gerente de Administración y los subgerentes de Tesorería, Logística y otras áreas, incurrieron en hecho de responsabilidad penal.
El caso, remitido a la Tercera Fiscalía Provincial Penal, se refiere a las contrataciones recurrentes de bienes y servicios a determinadas empresas por un monto de un millón 109 mil 684.80 soles, habiéndose confirmado la utilización de cotizaciones no reconocidas por los supuestos emisores, la recepciones de bienes distintos a los ofertados en la propuesta, la entrega de bienes antes de que se realice el proceso de contratación y la adquisición de bienes a un precio mayor al del mercado y sin cumplir los requisitos establecidos para el gasto público.
Por estas situaciones anómalas se habría ocasionado perjuicio económico al municipio por el orden de los 69 mil 839.54 soles.
COMBUSTIBLES
El 24 de febrero del 2015 la Contraloría cerró la Carpeta de Control N° 010-2015-CG/GAES-EE, correspondiente a la evaluación aplicada entre diciembre del 2008 y julio del 2014, sobre la compra de combustibles en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Expresión denunció en el 2011, edición 700, la compra fraccionada y direccionada de combustible a la empresa “Combustibles y Transportes América EIRL”, de Ruth Zúñiga López (hoy interna en el establecimiento penitenciario bajo prisión preventiva).
Este hecho sirvió de base para la intervención de la Contraloría que determinó que a la empresa se le pagó cuatro millones 73 mil 285 soles sin convocar a procesos de selección durante los años 2008, 2009 y 2011.
Asimismo, que la comuna provincial adquirió combustible por 14 millones 531 mil 324.05 soles, habiendo sido favorecida la empresa de Zúñiga López en los procesos de selección realizados entre el 2011 y el 2014, pese a no cumplir con los requerimientos técnicos.
El monto involucrado en este caso asciende a 18 millones 859 mil 935.73 soles, por lo que la carpeta fue derivada a la Tercera Fiscalía Penal para determinar el grado de responsabilidad en el exalcalde, los exregidores, los ex gerentes municipales, y los funcionarios que ocuparon las gerencias de Asesoría Jurídica, Administración y otras áreas.
PAVIMENTOS DE CONCRETO
En noviembre del 2015, la Contraloría generó la Carpeta de Control N° 100-2015-CG/CRN-EE-CC, como resultado de lo evaluado entre enero del 2013 y septiembre del 2014, hallando irregularidades que fueron puestas de conocimiento a la Tercera Fiscalía Provincial Penal.
El caso está referido a la obra “Mantenimiento de la infraestructura vial de la Avenida Luis González, tramo Avenida Francisco Bolognesi, calle Leoncio Prado, calle Arica, Avenida Augusto B. Leguía”, a cargo de la empresa de servicios generales DIMUBA SAC.
Producto de la auditoría aplicada se confirmó el otorgamiento de la buena pro al único postor que, además, no presentó la documentación exigida. Asimismo, que se calificó a los trabajos de mantenimiento vial como obra, cuando por naturaleza correspondía ser considerados como servicios, además de la inclusión de profesionales cuyo costo no formaba parte del presupuesto.
El perjuicio fue de 340 mil 664.56 soles, estando comprometidos el gerente municipal, el gerente de Infraestructura, el Comité Especial, el subgerente de Presupuesto y otros funcionarios.
OBRA INVIABLE
En octubre del año pasado se cerró la Carpeta de Control N° 091-2015-CG/CRN-EE-CC, en la que se confirmó que en la obra “Construcción de pavimento en el pasaje Señor de los Milagros, tramos entre la Avenida Jorge Chávez y el jirón Los Laureles, del pueblo joven San Antonio”, se cometieron hechos de responsabilidad penal.
En el caso están involucrados el ex gerente municipal y los responsables de Administración, del Comité Especial Permanente y otras áreas, debido a que se aprobó el expediente técnico de la obra pese a que no contaba con declaración de viabilidad.
Además, que se limitó la participación de postores y se incluyó a profesionales cuyos costos no formaban parte del presupuesto de la obra, habiendo realizado, por ejemplo, funciones de residente en otra obra.
La carpeta ha sido derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.
EPSEL - I
Respecto a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, la Contraloría aplicó una auditoría al período enero 2013 – diciembre 2014, generando la Carpeta de Control N° 068-2015-CG/CRN-EE-CC, del 31 de julio del 2015, en relación a la obra “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de las urbanizaciones Campodónico y San Martín, de Chiclayo”, ejecutada por el Consorcio Pacífico Norte.
La Contraloría confirmó que el otorgamiento de buena pro se dio por un monto sobrestimado al haberse tomado como valor referencial el importe en exceso del expediente técnico, que se aprobó de manera irregular adicionales de obra y ampliaciones de plazo, y que no se aplicaron las penalidades.
Del mismo modo, que la contratación de los servicios de supervisión se realizó con requerimientos técnicos mínimos y pagos efectuados sin tomar en cuenta el contrato.
El perjuicio ocasionado asciende un millón 309 mil 006.41 soles, y aparecen involucrados el Gerente General, Gerente de Administración, Gerente de Proyectos y Obras (en ese entonces Néstor Salinas Vásquez, hoy gerente general de la empresa), y otros funcionarios de EPSEL.
El caso se encuentra en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.
Otra arista de este caso es la Carpeta de Control N° 060-2016-CG/CRN-EE-CC, del 3 de julio del 2015, que determinó el pago indebido de obras de pavimentación en Campodónico y San Martín, las cuales fueron realizadas en el marco de un convenio suscrito entre EPSEL y la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Para tal fin se destinaron siete millones de soles del Plan Maestro Optimizado de la empresa del saneamiento.
El perjuicio económico estimado es de un millón 260 mil 365.45 soles, estando involucrados en el caso los exintegrantes del Directorio, el ex gerente general, y los entonces gerentes de Administración, Proyectos y Obras y otros funcionarios.
Lo actuado también fue enviado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.
EPSEL – II
En EPSEL, la Contraloría también encontró la irregular obtención del valor referencial por encima del valor del mercado, la recepción de máquinas con características inferiores a las contratadas, y la inaplicación de penalidad por mora en el cumplimiento de la prestación en la compra de maquinaria (Camión hidrojet, cisterna, volquete y máquinas de balde) a EI Industries Internacional Inc - Fareco SA y Tractocamiones USA EIRL.
La investigación, contenida en la Carpeta de Control N° 055-2015-CG/CRN-EE-CC, del 19 de junio del 2015, determinó que el perjuicio económico asciende a un millón 98 mil 762.27 soles.
Están comprometidos el ex gerente general, el ex secretario general, el ex gerente operacional y los integrantes del Comité Especial de EPSEL.
EPSEL - III
Como resultado de la auditoría al período diciembre 2012 – diciembre 2014, se estableció la indebida resolución de contrato del servicio de “Cobranza de recibos por consumo de agua potable y alcantarillado en centro autorizado de recaudación”, que originó un laudo arbitral que obligó a EPSEL al pago de una indemnización por daños y perjuicios a favor de la empresa.
Además, que para la celebración de dicho contrato no se efectuó el proceso de selección correspondiente.
Estos hechos, que acarrean responsabilidad penal, generaron un perjuicio de 828 mil 908 soles a la entidad.
La carpeta ha sido entregada a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, y comprende a los exresponsables de la Gerencia General, Administración, Asesoría Legal, Gerencia Comercial y otros funcionarios.
EPSEL – IV
Expresión, en su edición 866, denunció los irregulares privilegios en la compra de medidores de agua a la empresa Industrias Triveca SAC en EPSEL, investigación que sirvió de base para que en mayo del 2015 la Contraloría formule la Carpeta de Control N° 045-2015-CG/EPSEL-3472-EE.
Con la auditoría aplicada se determinó la inaplicación de penalidades a Industrias Triveca SAC en la adquisición e instalación de 20 mil medidores, al haberse aprobado ampliaciones de plazo carentes de sustento, generando un perjuicio de 416 mil 57.58 soles, y responsabilidad penal en los exfuncionarios a cargo de la Gerencia General, Gerencia Comercial, Gerente de Administración y Finanzas.
La carpeta está en manos de la Tercera Fiscalía Provincial de Chiclayo.
EPSEL – V
Otro caso es el resultado de la auditoría entre enero del 2012 y octubre del 2014, que generó la Carpeta de Control N° 118-2015-CG/EPSEL-3472-AC-CC, del 16 de diciembre del 2015, referida al giro de cheques y transferencias a cuentas corrientes a favor de terceros de recursos destinados al Fondo Exclusivo de Inversiones, que posteriormente eran depositados en la cuenta de dicho fondo.
El monto involucrado asciende a 417 mil soles, por lo que se presume responsabilidad penal en los ex funcionarios de EPSEL. El caso se encuentra en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
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