La sostenibilidad y conservación de los bosques secos y húmedos de Lambayeque es, en palabras del fiscal superior Alejandro Lamadrid Ubillús, más que preocupante, sobre todo por la debilidad que muestra el sistema de control forestal, pero además por la falta de herramientas que permitan procesar y sancionar a quienes trafican con los recursos naturales de manera indiscriminada e ilegal.

“La realidad es preocupante con la depredación y destrucción del bosque seco, toda vez que de acuerdo a estudios realizados la deforestación avanza a un ritmo de siete mil hectáreas por año, al punto que ya no existen bosques de algarrobos, de faiques, de palo santo y algunas especies como la oreja de león y el guayacán ya desaparecieron. Esto ha hecho que el habitad de muchos animales silvestres como el venado costero o la nutria del noroeste, la pava aliblanca, entre otros, incluso el puma interandino, ya no tengan la cadena atrófica y por lo tanto se ha roto la estabilidad del ecosistema natural”, señala Lamadrid Ubillús, magistrado que forma parte de la Red Latinoamericana de Procuradores y Fiscales Ambientalistas.

Según refiere, esto explica por qué los pumas atacan a los corrales de cabras en los caseríos de Olmos, por ejemplo, y en defensa son matados por la población rural.

“Hay un mercado que demanda del carbón de algarrobo. De acuerdo a Cámara de Comercio de Lima existen solo en la capital dos mil 400 pollerías, sin contar Chimbote y Trujillo que son mercados del sur que requieren el insumo del carbón para el pollo a la brasa. Es necesario que el bosque seco sea reinventariado para saber si realmente contamos con tres millones de hectáreas entre los bosques de Tumbes, Piura y Lambayeque, o si simplemente los bosques que fueron regenerados por el Fenómeno El Niño del año 93 y 98 ya no existen”, demanda.

DÉBIL CONTROL

Añade que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, está en la obligación de ser más riguroso al momento de emitir autorizaciones y permisos para el manejo del bosque, porque lo que se está haciendo en realidad es el cambio de uso del suelo, y no necesariamente para la ampliación de la frontera agrícola debido a que no existe siempre recurso hídrico disponible. En consecuencia, se depreda para la comercialización de carbón.

“El sistema de protección forestal es muy débil, porque en primer lugar existe un alto índice de corrupción y porque realmente los órganos encargados del control no están equipados, no tienen GPS, sonómetro, vehículos de arrastre y no han sido capacitados en las nuevas formas de criminalidad ni la nueva legislación de flora y fauna silvestre sobre el particular”, indica el expresidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque.

OTROS DELITOS

Lamadrid Ubillús anota que la tala y depredación de los bosques secos es solo parte de un problema general en el que interviene de manera directa la criminalidad, pues existen actividades que también atentan contra los ecosistemas como el narcotráfico y la minería ilegal, asociadas a otras delitos como el lavado de activos y la trata de personas.

“Son delitos conexos que se derivan de la minería ilegal no están impactando tanto en la región Lambayeque como sí lo están haciendo en otras regiones como Madre de Dios y Piura. Sin embargo, es necesario trabajar en su prevención para que esas malas experiencias o realidades de otros departamentos no se repitan en Lambayeque”, menciona.

Frente a esta problemática, Lamadrid Ubillús insiste en la necesidad de que en el Distrito Fiscal de Lambayeque se implementen fiscalías especializada en temas ambientales, lo que permitiría luchar de manera oportuna y efectiva contra quienes dañan los ecosistemas y depredan los espacios naturales.

“Es necesario y urgente que se implemente esta fiscalía especializada en materia ambiental, lo que no se ha realizado por falta de presupuesto. Sin embargo, se han hecho los estudios respectivos por quien habla y por la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y se ha canalizado al señor Fiscal de la Nación para que la fiscalía de Oyotún, que tiene una mínima carga procesal, se fusione y se convierta en fiscalía especializada en materia medio ambiental. Lo que urge también es que el Poder Judicial instale acá un juzgado ambiental, porque la existencia de un juzgado tributario-aduanero, de mercado y ambiental es un arroz con mango”, asevera.

ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Refiere que la fusión de competencias en un mismo juzgado invisibiliza los delitos medioambientales y genera un enorme perjuicio a la defensa de los ecosistemas e impunidad a favor de quienes trasgreden las normas forestales.

“Esta situación no solo invisibiliza los problemas, sino que además los complica. El Poder Judicial debería dejar los dos juzgados ambientales que había en Piura con competencia supraprovincial, ya que venían aplicando buenas prácticas ambientales, conforme se venía trabajando en el Cusco. Sin embargo, si se implementan estos órganos jurisdiccionales con denominación para que vean y sean competentes en temas aduaneros, tributarios y de mercado y, además de ambientales, es porque se desconoce realmente la dimensión del problema medio ambiental”, afirma.

Lamadrid Ubillús, quien tiene más de 25 años trabajando en el estudio del Derecho Ambiental, refiere que en Lambayeque sí existen magistrados capacitados en la aplicación normativa que permite la protección de los ecosistemas, pero que enfrentan serios problemas logísticos y de recursos para actuar.

“En el Ministerio Público sí hay gente capacitada, porque desde el año 2008 vienen funcionando las fiscalías especializadas en la materia, lo que le hace falta a esas fiscalías es implementarlas de vehículos, infraestructura y logística como GPS, sonómetros, gasómetros y también la actualización permanente. Asimismo, en los juzgados ambientales he visto que hay un gran compromiso de parte de la Academia Nacional de la Magistratura”, precisa.

PROBLEMAS DE LA CIUDAD

El fiscal superior señala que los delitos medioambientales no solo tienen que ver con la conservación de los ecosistemas, sino también con la contaminación que existen en las ciudades por problemas comunes como el mal manejo de los residuos sólidos y las aguas servidas.

“Tenemos el problema medioambiental no solo en tala y minería, también con los residuos sólidos. Hay un tipo penal que criminaliza el mal manejo de los residuos sólidos. En Chiclayo no tenemos relleno sanitario, tenemos un botadero a tajo abierto al sur de Reque, que es un foco de contaminación y ya es hora que los alcaldes tanto de José Leonardo Ortiz, La Victoria y de Chiclayo se pongan las pilas y formen un bloque para buscar ayuda y que se haga el relleno sanitario”, enfatiza. 

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