Al parecer, en la Gerencia de Agricultura de Lambayeque los comités de selección seguirían direccionando la ejecución de grandes proyectos de inversión a favor de contratistas que no cumplen con los requisitos establecidos en las bases de los procesos que convocan.

El 30 de junio, el comité de selección presidido por el jefe del Área de Logística, César Sánchez Chero, e integrado por Lucio Aladino Vásquez Mejía y Katia Delgado Bustamante, a cargo del desarrollo del procedimiento convocado para la ejecución de la obra “ Mejoramiento del servicio de agua para riego del Canal Chucupe, sector Vidaurre – Higuerón en el distrito de Picsi “, valorizado en cuatro millones 883 mil 569.45 soles, realizó la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por siete participantes.

Según explica el consultor en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, de las ofertas, el comité decidió no admitir la presentada por el Consorcio Picsi sin la debida motivación, para luego descalificar a cuatro participantes más, quienes incluso habían propuesto un precio menor equivalente al 10 % del presupuesto base del proceso.

De este modo, quedaron habilitados dos postores: la Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L., que ofertó el importe de cuatro millones 737 mil 62.38 soles y el Consorcio Chucupe, integrado por las empresas Proyectos Industriales JR S.A.C., Altavista Inversiones Globales S.A.C. y A&S Integra S.A.C., cuya propuesta económica fue igual al valor base considerado para la ejecución de la obra, resultando ganador de la buena pro.

Motivos para descalificar

“Según las bases del proceso, requirieron que los participantes acreditaran tener solvencia económica, para lo cual deberían presentar una carta de línea de crédito emitida por una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, en este caso por un importe de dos millones 44 mil 784.73 soles, tal es así  que los cuatro postores descalificados presentaron las requeridas cartas  bajo las condiciones establecidas, tres de ellas emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora y una cuarta por la Cooperativa EFIDE, todas ellas incluidas en el listado de entidades financieras supervisadas por la SBS, las cuales, incluso, son presentadas y validadas como tales en procesos de selección que son convocados por las diferentes entidades públicas en el ámbito nacional”, explica Chávez Pita.

Anota que el accionar presuntamente sesgado, arbitrario y desigual por parte del comité de selección, se dio en cuanto este no aceptó dichas cartas, arguyendo razones motivadas sobre la no clasificación de riesgos de las entidades emisoras por parte de la SBS, condición que – según las bases - no estaba considerada.

“Ello conllevó a consumar la descalificación de los cuatro participantes bajo una decisión no arreglada a la normatividad y lo requerido en las bases integradas del procedimiento”, menciona.

Para Chávez Pita, el presunto direccionamiento tomaría mayor fuerza luego que el comité, al tener dos ofertas validas, buscó seguir indagando respecto a la consistencia sobre un requisito establecido en las bases, en este caso la presentación de ISOS para certificar el Sistema de Gestión Ambiental y Antisoborno correspondiente a la empresa Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L.

“Según manifiesta el comité en el acta, uno de ellos no existe, mientras el segundo se encuentra en la situación de ‘caduco’. Sin embargo, nosotros hemos logrado corroborar tanto su existencia y vigencia de los mismos. Por esa razón imprecisa, el comité decidió restarle el puntaje que debería otorgarse a los postores por la presentación de dichos certificados y de esta manera adjudicarle la buena pro al Consorcio Chucupe, asignándole el mayor puntaje previsto, pese a que a su oferta contenía documentación no vigente, no concordante con lo requerido y más aún, incumpliendo con la debida acreditación de la experiencia solicitada como requisito obligatorio para obtener la buena pro, como así sucedió”, detalla.

Los documentos no formales

La normatividad de las contrataciones del Estado y las bases de los procedimientos que convoquen las entidades públicas, requieren la presentación obligatoria para cumplir con la formalidad de acreditar la representación legal de las empresas participantes, para lo cual deben alcanzar la Vigencia de Poder correspondiente, la misma que debe ser emitida por la Zona Registral respectiva y no tener una antigüedad mayor a treinta días a partir de su emisión hasta la fecha de presentación de ofertas.

Sin embargo, Chávez Pita explica que el Consorcio Chucupe no cumplió tal condición, ya que a folios 18 al 21 de su oferta obra la Vigencia de Poder de uno de los consorciados, en este caso A&S Integra S.A.C., cuya fecha de emisión por parte del ente registral fue el 24 de mayo pasado, mientras que la presentación de ofertas se realizó el 24 de junio, lo que evidencia que el periodo requerido de dicho documento superaba en dos días el plazo previsto (30 días), documento que siendo subsanable – como así lo requirió el comité-, este tendría que ser subsanado con otro que debía haber sido emitido máximo hasta el día de la presentación de las ofertas (24 de junio) mas no con fecha posterior a esta.

“Asimismo, tanto la normativa y las bases del proceso, requieren que los postores acrediten tener experiencia en la ejecución de obras iguales y/o similares, para lo cual deberían presentar los contratos respectivos, el acta de recepción de la obra y/o la resolución de la liquidación final de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución, requisito que el consorcio ganador tampoco cumplió, ya que adicionalmente a los tres contratos presentados para cumplir con este requisito obligatorio, no incluyó en su oferta las resoluciones de liquidación final de cada uno de los contratos, lo cual el comité de selección debió advertir al momento de la evaluación”, enfatiza.

 respuesta de 521523 el 2021-09-25.

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