Semanario Expresión up

WILFREDO CHERO VILLEGAS: “Siempre defenderé los derechos de los trabajadores azucareros”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1212

  comentarios   

  • Tras cinco años en la clandestinidad, el Poder Judicial aceptó la apelación interpuesta por el abogado, quien hoy goza de su libertad.

El 16 de enero del 2016, el abogado Wilfredo Chero Villegas recibió una llamada inesperada. Le avisaron que la Corte Suprema de la República había emitido una sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad contra él y ocho extrabajadores de la Empresa Industrial Chucarapi y la Central Azucarera Chucarapi – Pampa Blanca, de Arequipa, por usurpación agravada. Al considerar que se había cometido una injusticia contra él, decidió permanecer en la clandestinidad hasta que se demostrase su inocencia.

Tras una serie de recursos interpuestos, en junio, la Sala Penal de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundada la apelación de Chero Villegas y dispuso que se deje sin efecto las órdenes de captura en su contra. El ex gerente legal de Agro Pucalá destaca que con esta resolución ha quedado totalmente absuelto, pues no se ha ordenado un nuevo proceso ni la emisión de una nueva sentencia.

“Quiero agradecer a mi familia por confiar en mi inocencia y al pueblo azucarero por su solidaridad. También a los gremios sindicales que exigieron justicia a través de las redes sociales, a los colegas, compañeros de estudios y a la ciudadanía que me conoce muy bien, que sabe que puedo ser muy enérgico con mis planteamientos, pero siempre he estado del lado de la clase trabajadora”, manifiesta.

Afirma que desde el primer instante en que salió de la clandestinidad ha retornado a la defensa legal de los trabajadores azucareros, pues para él la sentencia fue solo un “accidente de trabajo”, un galardón más que obtiene de su trayectoria laboral.

Proceso

Este caso se remonta al 2006, cuando Wilfredo Chero junto a otras personas tomó posesión de la planta de azúcar de Chucarapí, en Arequipa, en virtud de medidas cautelares que permitían el retorno de los extrabajadores de esta empresa a la administración. Inicialmente a Chero Villegas y los coimputados se les sentenció a dos años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución, así como al pago de una caución de cinco mil soles, pero tras recurrir vía casación a la Corte Suprema se reformuló el fallo y se dictó prisión efectiva por cuatro años.

La defensa de Wilfredo Chero interpuso acciones de amparo y un habeas corpus, los cuales fueron desestimados. También acudió al Tribunal Constitucional, aunque no obtuvo un resultado favorable. Señala que todo esto se debió a que hubo jueces que obedecieron a intereses particulares de mafias, tanto en Arequipa como en Lambayeque.

“Incluso solicité la reconversión de mi pena cuando Pedro Pablo Kuczynski dio el Decreto Legislativo N° 1300, a fin de realizar servicios comunitarios y defenderme en libertad, mientras mi expediente se tramitaba en el Tribunal Constitucional, pero me fue denegado el pedido. Hasta solicité grilletes electrónicos y también me lo denegaron. ¿Cuál era el pretexto? Que no estaba en la cárcel. ¿Dónde queda el principio de igualdad ante la ley? Yo tengo los mismos derechos tanto adentro como afuera”, afirma.

Libertad

Chero Villegas explica que su vida corría riesgo si es que ingresaba a la cárcel, pues en el penal de Chiclayo están internados miembros de ‘Los Wachiturros’ de Tumán y personas ligadas a otras presuntas organizaciones criminales. De igual forma, indica que si era trasladado al recinto penitenciario de Socabaya, en Arequipa, su integridad tampoco estaba asegurada.

“Hay muchos ciudadanos inocentes en prisión preventiva, quienes se mueren por el COVID-19, la tuberculosis, el hacinamiento. Y otros se encuentran en la clandestinidad, como me tocó vivir a mí. Y desde allí buscamos justicia. Hay que decirlo en voz alta: o existe un interés económico en los magistrados o hay mediocridad, en el sentido de no querer enfrentarse a una sentencia de la Corte Suprema, a través de acciones constitucionales como el habeas corpus”, anota.

Azucareras

Por otro lado, Chero Villegas alerta que hay más de 100 trabajadores despedidos de la agroindustrial Pucalá, por lo que exhorta a la administración judicial a realizar una amnistía laboral. De igual forma, señala que los atrasos en las remuneraciones de los trabajadores llegan incluso a 16 quincenas.

“Se tiene que lograr la tranquilidad laboral y para ello urge la reposición inmediata de los trabajadores y la programación de sus pagos en forma inmediata, brindándoles una explicación sobre a dónde fueron los recursos obtenidos por la venta y comercialización del azúcar, cuáles son las expectativas y cuál es el nivel del terreno que se ha sembrado, a fin de no generarles falsas ilusiones”, indica.

Sobre la azucarera Tumán, afirma que la situación es más complicada porque el Grupo Oviedo está en franco repliegue y no existe un acuerdo de si debe administrar la empresa el cuarto o el quinto directorio.

“Les he explicado a los trabajadores que tenemos un arma secreta para que Edwin Oviedo no vuelva a interponer una acción judicial más en contra de los azucareros. Tenemos una estrategia legal en Tumán para que ni el Grupo Oviedo ni sus operadores pretendan regresar a la empresa” puntualiza.

Sobre la situación de Jorge Rodríguez Gálvez, quien cuenta con una resolución judicial para administrar la empresa Tumán, pero no puede ingresar a las instalaciones, opina que el cargo de gerente aplica netamente para el aspecto laboral, mas no tiene nada que ver en el plano societario.

“Se necesita de una opción nueva, que tenga que ver específicamente con los trabajadores y accionistas porque allí prácticamente algunos han defraudado la confianza. Yo fui quien planteó la desobediencia civil, que tiene sus resultados, pero hasta un determinado momento. No todo el tiempo vas a estar en esa postura. Las administraciones judiciales son momentáneas, son perentorias, al igual que la desobediencia civil, pero la prostituyeron, la degeneraron y en nombre de esa desobediencia civil permitieron el retorno de ‘Los malditos del azúcar’, quienes deben ser investigados y sancionados”, precisa.

Denuncias

Asimismo, comenta que se ha entrevistado con el fiscal Juan Carrasco Millones para ver el estado de una denuncia penal que interpuso en el 2015 contra Ernesto Flores Vílchez por defraudación tributaria en Pucalá.

Refiere que él ha asumido un compromiso con los trabajadores azucareros, tanto de Tumán como de Pucalá, para que esta investigación por defraudación tributaria prospere.

“No voy a parar hasta que Ernesto Flores y Edwin Oviedo restituyan el grave daño que le ocasionaron no solo al Estado Peruano, sino a las empresas Tumán y Pucalá”, asevera.

Política de gobierno

En tanto, considera que el sector azucarero debe ser parte una política de Estado, a través del Ministerio de Agricultura, ente que debe realizar una revisión total de los procesos judiciales, el proceso de transferencia de acciones y una auditoría a las deudas que habrían asumido tanto Tumán, Pucalá y Pomalca. Con todo ello -asegura- se podría lograr la capitalización de las deudas y hacer una alianza con los trabajadores, a fin de resarcir el daño que se las hecho.

Afirma que no espera mucho del gobierno de Pedro Castillo, pues en su plan de gobierno solo hay generalidades sobre el sector azucarero, mas no precisiones de acciones concretas para sacar a la industria de la problemática administrativa y financiera en la que se encuentra.

Agrega que el Poder Judicial debe sacar las manos de las empresas azucareras, pues es el principal responsable de la situación que atraviesan las empresas azucareras.

“Se necesita de una política de Estado para revertir esta situación. Ahora Cayaltí es una sembradora, pero sin fábrica; Pucalá por lo menos todavía muele; Tumán está paralizada totalmente; Pomalca todavía resiste, pero con algunos reclamos. Y en Pomalca además se anuncia una administración judicial. Con la experiencia de Tumán y Pomalca puedo decir que no debe haber más administraciones judiciales, porque generan saqueo, división entre la clase trabajadora y beneficio para terceros, que perjudica al patrimonio”, menciona.

Deja tu Comentario