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DUBERLÍ RODRÍGUEZ TINEO: “Pedro Castillo tiene experiencia sindical sin formación política”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1235

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  • Exmagistrado y político de izquierda defiende la presunción de inocencia y cuestiona los excesos de la prisión preventiva, colaboradores eficaces y las organizaciones criminales.

El expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, habló con Expresión, de los excesos y falencias del sistema judicial peruano y de su apoyo en campaña al jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, reconociendo en él a un dirigente sindical sin formación política. El también político de izquierda le otorga el beneficio de la duda frente a las denuncias de presuntos actos de corrupción en su gobierno, siendo consecuente con la presunción de inocencia que debe garantizarse a cualquier investigado.

El exmagistrado, con una carrera de 23 años como juez, reconoció que el principal problema del proceso penal en el Perú es la llamada prisión preventiva, que envía a las personas a la cárcel sin que todavía hayan sido declaradas culpables.

“Eso afecta el principio rector del proceso penal, que es la presunción de inocencia. Todos nacemos inocentes y solo cuando hay una sentencia firme podemos ser considerados culpables”, anotó.

Sin embargo, señaló que lamentablemente el Ministerio Público se está excediendo en sus funciones como institución autónoma, que nació con la Constitución del año 1979.

“He conocido fiscales de primer nivel, pero creo que en los últimos tiempos ha habido un exceso de la fiscalía para abusar de la prisión preventiva con el visto bueno de jueces que no entienden bien que la prisión es la excepción, no la regla. La regla es la comparecencia, es decir, si a uno le atribuyen un delito debe afrontar el proceso en libertad”, refirió.

Agregó que cuando a alguien se le priva de su libertad, incluso se le restringe el derecho a la defensa, porque por más que contrate al mejor abogado del mundo es el propio investigado quien sabe dónde encontrar sus pruebas, “pero si está preso y, en algunas ocasiones, alejado de su tierra, por ser recluido en penales lejanos a su domicilio habitual, prácticamente queda indefenso”.

Rodríguez Tineo señaló que otro grave error de la fiscalía es que a toda la investigación se le pone la etiqueta de “organización criminal”, convirtiendo al acusado en un condenado mediático frente a la población, que no entiende de los mecanismos procesales”, enfatizó.

La libertad

El exmagistrado refirió que la libertad es el segundo bien jurídico más importante después de la vida, por ello es excesivo que se otorguen prisiones preventivas de 36 meses. Incluso en algunos casos vencido el plazo, los fiscales piden que se prolongue la carcelería, situación que resulta desproporcionada y abusiva.

“Ahora hay la figura de adecuación de la prolongación de la prolongación de la prisión preventiva, que podría ampliarse hasta 72 meses; es decir, 6 años de prisión preventiva. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo”, reflexionó.

Expresó su preocupación por la independencia de los jueces, quienes muchas veces se someten a la presión mediática, debido a que la fiscalía cuando investiga filtra de inmediato la noticia a la prensa y cuando un investigado va a la audiencia de prisión preventiva ya tiene en contra a la opinión pública, entonces los jueces tienen duda en si darla o no, y muchas veces, ceden a ello.

Recordó que nadie está libre de estar en el sistema de justicia y las garantías tienen que ser absolutamente para todos. “No se tiene que esperar que a uno le toque para recién decir que debe respetarse la presunción de inocencia”, anotó.

Jurados de consciencia

En ese contexto, subrayó existen voces como la del doctor Víctor Burgos Marín, quien plantea que se deje de lado a los jueces profesionales para implementar un sistema de jurados propios del sistema anglosajón.

“Se trata de ciudadanos comunes y corrientes que salen sorteados, así como las mesas electorales, ellos no saben nada de Derecho. Sin embargo, toman la decisión final que se llama veredicto”, explicó.

Añadió que entran a una suerte de concentración, no ven televisión ni leen periódicos, no conocen los antecedentes del investigado, y no salen hasta haber tomado la decisión de declararlo culpable o inocente. “El jurado no le brinda cuentas a nadie, solo a su conciencia, por eso se llama jurado de conciencia”, explicó.

De otro lado, manifestó que los jueces tienen miedo a la OCMA, porque si quieren postular a un cargo mayor están pensando qué les dirán en la Junta Nacional de Justicia si absuelven a una persona que ya está condenada mediáticamente y, por otro lado, les tienen pavor a los titulares de los periódicos.

“En mis 23 años de juez, nunca me he me subordinado a la prensa y he hecho lo que mi conciencia decía, he condenado al que he tenido que condenar, y he absuelto al que tenía que absolver”, confesó.

Situación carcelaria

El exmagistrado supremo invocó a los jueces del Perú, sobre todo a los jóvenes, a poner por delante la ley y los principios, sobre todo, el criterio de conciencia, porque si no dejan de ser jueces imparciales. “Necesitamos jueces que respeten las garantías de todo ciudadano”, agregó.

Duberlí Rodríguez criticó duramente el sistema carcelario peruano. “Se ha vuelto a reimplantar la figura de reincidencia y habitualidad. Por ejemplo, era rarísimo que haya cinco mil presos por deudas alimenticias, inclusive se supo de uno por omisión a la asistencia familiar que debía 20 soles y al Estado le cuesta mensualmente mantener a un preso cinco mil soles”, manifestó.

Indicó que es inadmisible que por delitos menores, que no son graves, la gente esté en prisión. “La cárcel debe ser para aquellos que han cometido delitos graves y resulten un peligro para la sociedad”, remarcó.

Recordó que el Tribunal Constitucional ha dado una sentencia declarando el Estado de emergencia en los penales en el Perú. “Existen 126 mil presos y la capacidad de las cárceles es de 40 mil, el hacinamiento es terrible”, añadió.

Revolución digital

Recordó que cuando asumió la presidencia del Poder Judicial y simultáneamente la presidencia de la Corte Suprema, la principal reforma que propuso fue la revolución digital, con el expediente judicial electrónico.

En ese entonces fue al Banco Mundial con otras autoridades del sistema de justicia como la ministra Marisol Pérez Tello, logrando la aprobación de un crédito de 200 millones de dólares, en base al cual ya está caminando el expediente judicial electrónico, que en época de pandemia se ha vuelto mucho más necesario.  

Al ser consultado sobre el trabajo de la Junta Nacional de Justicia, expresó su temor de que el 80 % de fiscales del Perú sean provisionales, vale decir nunca pasaron por ninguna prueba y por ningún examen.

“La pregunta es qué nivel de formación tienen ellos para que nos garanticen que van a ser objetivos en las investigaciones”, señaló.

De igual manera, en el Poder Judicial si bien el porcentaje es menor, preocupa que los jueces supernumerarios no han pasado por un concurso. Se trata de abogados libres que son invitados, antes se les llamaba jueces suplentes. En consecuencia, la labor principal de la Junta debería ser nombrar jueces y fiscales.

Indicó que recién después de mucho tiempo están convocando para nombrar a jueces supremos y fiscales supremos, porque de seis fiscales supremos solamente quedan 2 titulares; y de 20 jueces supremos titulares solo quedan ocho; es decir, más del 50 % no son titulares. “Eso motiva que no tengamos una judicatura independiente e imparcial”, afirmó.

Medidas coercitivas

Sobre las medidas coercitivas personales, señaló que cuando hubo demasiado hacinamiento carcelario, en la época del presidente Martín Vizcarra, se aprobó una ley para fortalecer la vigilancia electrónica personal; es decir, los llamados grilletes con geo localización para que sustituya a la prisión preventiva.

Añadió que igualmente aplica como medida vía conversión a la pena privativa de la libertad efectiva. “Si a una persona le ponen 10 años, no necesariamente tendría que ir a una cárcel, sino le podrían poner un grillete”, indicó.

No obstante, señaló que la ley ha quedado en letra muerta porque no se le puede aplicar a condenados por delitos de corrupción, violación, entre otros; es decir, ha quedado reducido a una lista pequeña que reciben pena efectiva.

Reveló que esta decisión es inconstitucional, porque existe el principio de igualdad ante la ley. “Si a unos les pueden dar, ¿por qué no a los otros? En tal sentido debe implementarse la vigilancia electrónica particular como alternativa a la prisión preventiva”, mencionó.

Carga procesal

Reconoció que la pandemia ha generado el aumento de la carga procesal. “De un millón y medio de casos que ingresan anualmente, se resuelven solo un millón y van quedando 500 mil como una bola de nieve, en consecuencia, resulta inmanejable”, añadió.

Narró que en la Sala Constitucional que ve el tema previsional de pensiones de la Corte Suprema – donde estuvo laborando antes de su jubilación - ingresaban 20 mil expedientes por año y por más que programaban en un día revisar 100 expedientes, era imposible bajar la carga procesal.

Responsabilizó de esta situación al mismo Estado por “perro muertero”, pues no quiere pagar las miserables pensiones a las personas que han trabajado 30 años a 40 años. Reveló que su pensión actual es de 850 soles, razón por la cual tiene que seguir trabajando.

Organización criminal

En otra parte de la entrevista, Rodríguez Tineo cuestionó el manejo exagerado de la figura de organización criminal. “Empezó como asociación ilícita para delinquir, término suave, pero para darle más fuerza le pusieron organización criminal, y cuando los etiquetan así es para asustarse, pues tejen una telaraña, con cabecillas y brazos”, señaló.

Recordó que el caso inicial fue del ex presidente regional de Áncash, César Álvarez, a quien se le consideró cabecilla y como parte de la organización criminal a su chofer y hasta su fotógrafo, gente que hacía una labor neutra, que nada tenía que ver con el gobierno. Sin embargo, también fue procesada y enviada a prisión.

Los colabores eficaces

Rodríguez señala que ahora están reinando los colaboradores eficaces, que son personas que aceptan haber cometido un delito y hacen un acuerdo con la fiscalía para que les pongan una pena mínima de 3 años suspendida en su ejecución, a condición de que delaten o echen barro a los que ellos llaman “peces gordos”, “porque quieren tiburones, no sardinas”.

Enfatizó que la versión de un colaborador eficaz no puede servir ni para una prisión preventiva y advirtió que hay que tener mucho cuidado con los colaboradores eficaces que hacen negocios, citando a Jorge Barata en el caso Odebretch, a quien la empresa le habría pagado ocho millones de dólares. “Se ha convertido en un negocio a costa de crucificar a personas que muchas veces podrían ser inocentes”, agregó.

En ese sentido, subrayó que se ha sobre criminalizado conductas que a su forma de ver no necesariamente tendrían que estar dentro de una organización criminal. En ese contexto, invocó a los jueces jóvenes para que respeten las garantías fundamentales del ser humano como la última esperanza.

“Si se tiene que condenar que se condene, pero sobre la base suficiente, sin quebrar la presunción de inocencia que ampara a toda persona que es investigada”, indicó.

Caso “La hermandad”

Duberlí Rodríguez precisó que actualmente ejerce la defensa libre, teniendo el caso del empresario Samuel Roncal Miñano, a quien se le atribuye ser el instigador o autor del delito de sicariato en agravio de un funcionario de la SUNAT de Chiclayo.

“Lamento la muerte de ese señor, pero no se puede construir actores si no hay bases suficientes. Toda la teoría de la fiscalía se está cayendo, les dieron prisión preventiva por 36 meses, se tejieron un montón de teorías, como que habían utilizado una organización criminal: ‘La hermandad del norte’, para dar muerte al funcionario de la SUNAT, pero al final no hubo acusación como organización criminal y en ese extremo tuvo que ser sobreseído y archivado”, narró.

En estos momentos solo se responde por el presunto sicariato y lo más grave del caso es que la fiscalía que ha cambiado hasta cinco veces la acusación. “Primero dijeron que eran sicarios de Chiclayo y al final han terminado diciendo que son de Trujillo”, cuestionó.

“Vamos a pelear por su inocencia, mi experiencia de 23 años de juez me permite deducir que el señor Samuel Roncal es inocente y lo que ha construido la fiscalía es solo una novela de pura ficción”, indicó.

Caso Cornejo Chinguel

Sobre la defensa del ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, reveló que lo patrocina en un solo caso. Detalló que la ex autoridad edil afronta tres procesos: el primero por organización criminal; el segundo por tráfico de influencia, donde está implicado el fiscal Abel Concha y Willy Serrato, y el tercero por presuntamente recibir “coimas” por la compra de llantas en una licitación del año 2017.

Señala que lo patrocina en este último, “He estudiado bien el caso y es inocente, tiene la sindicación de un regidor que se ha sometido a la colaboración eficaz y le han impuesto una condena de tres años de prisión suspendida. Él, junto a otro empleado, sostiene que recibía plata del empresario, en diferentes cantidades, sumando 46 mil soles, por una licitación de un millón de soles. Al final no existe ninguna entrega directa, por lo que la teoría acusatoria se les caerá”, adelantó.

No obstante, subrayó que Cornejo Chinguel se ha reconocido culpable en el caso del fiscal Concha, que se encuentra a nivel de la Corte Suprema y ya contaría con acusación.

Apoyo a Pedro Castillo

El también político de izquierda reconoció que apoyó la elección del presidente de la República, Pedro Castillo, haciendo campaña con las rondas campesinas del Perú. Rememoró su trayectoria de izquierda desde la secundaria en el Colegio Nacional de San José, fue regidor de la José Leonardo Ortiz y más tarde presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y diputado por Lambayeque entre los años 85 y 90.

Refiere que el presidente Pedro Castillo ha tenido una experiencia sindical importante y dirigió una huelga magisterial en el año 2017, pero no tiene formación política.

Sobre las denuncias de corrupción en su contra, Duberlí Rodríguez indicó que prefiere pensar que no está comprometido en un acto irregular.

“Prefiero pensarlo así, porque si lo fuera obviamente sería una decepción para quienes trabajaron indesmayablemente para que ganara su candidatura. Ojalá que nada de lo que se está diciendo lo comprometa seriamente, a fin de que haya gobernabilidad. No está bien que a cada rato cambiemos de presidente, no está bien que todas las semanas cambiemos de ministro, eso desestabiliza a un gobierno y no le hace bien al país”, remarcó.

El hombre de izquierda aseveró que no va a condenar a Pedro Castillo. “Soy respetuoso de la presunción de inocencia, no me atrevería a formular un cargo contra él, no conozco bien el caso, pero espero que las acusaciones queden aclaradas por el bien del país, por la gente que votó y confió en él”, añadió.

No obstante, señaló que si se prueba lo contrario tiene que asumir las consecuencias políticas y penales que podrían derivar.

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