Sube!

VOCAL SUPERIOR ISMAEL RODRÍGUEZ RIOJAS: “Nombramiento automático de los trabajadores CAS sacrifica a la meritocracia”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1236

  comentarios   

Analizó decisión del TC que declaro en parte inconstitucional nombramiento de los servidores CAS.

El vocal superior, doctor Ismael Rodríguez Riojas, en diálogo con Expresión, analizó la problemática existente en el ámbito laboral público y privado, así como las normas aprobadas por el Congreso sobre la ley del régimen laboral agrario y la eliminación del CAS, declarada en parte inconstitucional, por la prohibición existente de crear o generar más gastos públicos y porque sacrifica la meritocracia.

El magistrado advirtió que la meritocracia sirve de medida para que el Estado adopte y reclute a los mejores técnicos, auxiliares y profesionales. “Si esto se cumpliera tuviéramos una administración pública de nivel”, anotó.

Rodríguez Rioja señaló que a raíz de la pandemia por la Covid 19, se ha registrado un incremento de la carga procesal en un 32% respecto del año anterior, siendo las materias más recurridas pagos de beneficios sociales y reposición en los puestos de trabajo, ceses de actos de hostilidad y desnaturalización de contratación.

Aseguró que vienen resolviendo dentro de los plazos que exige la ley, es decir, en los 5 días siguientes de la vista de la causa, cumpliendo con lo establecido en la ley 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo con el esfuerzo conjunto de jueces y servidores.

“La ciudadanía reclama que los casos en materia laboral sean resueltos oportunamente, no puede haber demora ante el reclamo de una reposición si el despido no ha sido ajustado a ley”, anotó.

En tal sentido, señaló no puede esperar 2 a 4 años para que su petición se resuelva, por lo que en casos complejos, recurren a medidas cautelares de reposición provisional, que de ser fundadas el trabajador repuesto continúa prestando el servicio hasta que se resuelva el expediente principal.

En general- acotó- reclaman el pago de beneficios sociales de las remuneraciones que buscan atender sus necesidades y las de su familia, razón por la cual se procura una respuesta rápida siguiendo la línea de trabajo del Poder Judicial, puesto que este es el compromiso de todos los magistrados.

Sobre las modificaciones legislativas en materia laboral, precisó que tanto en el año 2020 como 2021, están referidas con la atención inmediata de los efectos que en el campo económico ha causado la pandemia por la Covid 19, “se han dictado medidas buscado atender al sector trabajo, debemos entender que estamos frente al binomio empleador y trabajador, atendiendo que es el sector económico que tiene que buscar el impulso, mantenimiento y creando nuevos puestos de trabajo”, puntualizó.

En el año 2020, se dictaron disposiciones referidas a clarificar aquellos supuestos centrados en una suspensión temporal de labores con casos rígidos de cara a mantener las relaciones y los contratos de trabajo en sectores azotados por la pandemia, “si  bien es cierto la pandemia ha sido horizontal para todos los sectores, con las medidas sanitarias del año 2020 y la llegadas de las vacunas en el año 2021, se produjo la normalidad de relaciones laborales dando situaciones de mejora en el sector económico”, agregó.

Precisó que el 31 de diciembre del 2020, se dio la dación de la Ley 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario con incentivos para el sector agrario agroexportador y agroindustrial, sectores importantes de la economía. Dicha ley derogó la anterior 27360  a raíz de las protestas de los trabajadores.

Señaló que dicha norma busca promover y fortalecer el sector agrario y agroexportador “el reglamento se dio mediante Decreto Supremo 05-2021 del Ministerio de Agricultura y Riego, el 30 de marzo del 2021, disponiendo mejoras respecto a la anterior, tanto para los trabajadores como los empresarios”, anotó.

Agregó que el binomio empresa- trabajador mueve la economía y ambos coexisten en las sociedades con sus derechos reconocidos, “el sector laboral es uno de los más dinámicos y la construcción de derechos laborales siempre tienen el soporte de los reclamos en el marco de lo señalado por la Constitución Política y las leyes, en relación a los derechos de los ciudadanos”, indicó.

De otro lado, refiriéndose a la eliminación del CAS, manifestó que el Congreso de la República publicó la Ley 31131 el 09 de marzo 2021 cuyas acciones de cuestionamiento han concluido a finales de noviembre del 2021, a través del cual el Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional esa norma.

El magistrado manifestó que no debemos perder de vista que tratándose del empleo público hay una regla que seguir que es la meritocracia, en ese sentido, el acceso al empleo público, se trata de un derecho para todos, sin embargo, no todos van a poder acceder a las plazas, para ello se tiene la necesidad de utilizar un criterio de concurso público de méritos, pero, añadió no pueden crearse plazas sin sustento alguno, por tanto, hay que respetar las normas de carácter presupuestario.

Explicó que el sistema del presupuesto público establece cómo va creciendo el Estado con planificación y con recursos que se tienen que separar, comprometer y establecer.

En ese aspecto puntualizó que el Estado utiliza distintos regímenes laborales, siendo el clásico el de la carrera administrativa D.L 276 donde se consignan reglas de meritocracia y progresión de ascensos en la carrerea pública, “luego el Estado creó un segundo régimen laboral de la actividad privada Ley 728 que utiliza dos tipos de contrato indeterminado y de plazo fijo”, añadió.

No obstante, el Estado reconoció además que tenía prestadores de servicios a los que les daba un tratamiento de contratos civiles,  los llamados locadores de servicios, y tras la exigencia debió reconocer el principio de primaria laboral, dándose un tercer régimen llamado Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

Aclaró que este nuevo régimen reconocido constitucionalmente como especial y temporal nació para en algún momento extinguirse.

Señaló que en los primeros regímenes existen distintitos beneficios diferenciados, tomando por ejemplo las gratificaciones por fiestas, en el caso de la Ley 276 carrera administrativa, el monto es de 300 soles; y en el régimen de la actividad privada Ley 728, la gratificación es equivalente a una remuneración, “son sumas distintas, los dos prestan servicios para el Estado, pero uno gana menos y otros más”, agregó.

Decisión del TC

Sobre la eliminación de los CAS y el nombramiento automático, señaló que el pleno del TC ha declarado parcialmente inconstitucional en algunos artículos que disponían la incorporación de los trabajadores al régimen 276 o 728, según la entidad. “El TC se ratifica por unanimidad, lo que en su momento, declaró sobre  la Ley 31039 de ascenso automático y nombramiento del personal de salud, señalando que si ordena la incorporación automática, se está infligiendo las disposiciones de la Constitución referidas a la prohibición de crear o aumentar gastos públicos”, precisó.

Señalado, en el caso de los servidores de salud, se estaría violando el principio de equilibrio presupuestal, en esa misma línea la Ley 31131 es inconstitucional porque no solo contribuye a un trabamiento desarticulado y sin planificación en la gestión de los recursos humanos del Estado, sino que advierte a los congresistas, “ustedes no han tenido el correlato con el Poder Ejecutivo que es el competente para diseñar y dirigir la política laborar en ejercicio de sus facultades”, agregó.

Otro aspecto saltante que señala el TC, indicó el magistrado- es que el nombramiento automático sacrifica la meritocracia,  que es el principio fundamental para garantizar un acceso igualitario con la finalidad de buscar estándares de selección de mejores ciudadanos para que estén al servicio del sector público.

Agregó que con una buena selección del empleado público por meritocracia, gana el ciudadano y gana la sociedad que va a recibir ciudadanos con espíritu de trabajo en el sector público y gana la sociedad porque verá que el acceso ha sido con reglas objetivas, claras y justas.

“El trabajo es un bien  escaso en el país y el mundo, cómo se sentiría un ciudadano frente a otro que observa que sus pares ingresan al empleo público sin ninguna razón de carácter objetivo y sin la meritocracia que sirve de medida para que el Estado adopte y reclute a los mejores técnicos, auxiliares y profesionales”, subrayó, acotando que  si esto se cumpliera tuviéramos una administración pública de nivel.

El juez señaló que todos estos esfuerzos se tomó en cuenta en el régimen del servicio civil, que pretende unificar el empleo público a fin de tener estructuras remunerativas similares y conceptos adicionales y condiciones de trabajo que tengan que ver con espacios diferenciados, ejemplo, del sector Educación, Salud, Agricultura, entre otros. No es lo mismo un equipo de trabajo para ejecutar 100 que un millón de soles, con metas más grandes y factores adicionales.

Régimen agrario

Sobre el régimen laboral agrario Ley 31210, precisó que trata de generar las mejores condiciones tanto para empresarios como trabajadores, “desde hace un par de décadas se buscan establecer estímulos e incentivos en el sector agrario del sector agroexportador fijando un régimen especial de trabajo denominado Ley de Trabajador Agrario”, anotó.

Señaló que así como en su momento el CAS ha pasado por etapas que ha generado el otorgamiento y reconocimiento de derechos casi uniformes, lo mismo sucede en el sector agrario y agroexportador, “así como se incentiva estimula, promueve y fortalece el agro empleador, una  vez que se ha logrado el asentamiento del sector económico, con fuerza y dinamismo, es momento de otorgar el reconocimiento de derechos mínimos”, subrayó.

Recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), viene propugnando como principio fundamental, la  generación de trabajo decente, no solamente los Estados promueven las inversiones sino también otorgan las condiciones para que esas inversiones permanezcan en el tiempo y sean sostenibles generando puestos de trabajo estables en el tiempo, que garanticen el acceso  los derechos laborales y sociales, por ejemplo, el aporte a los sistemas pensionarios.

En ese sentido, indicó, que no se trata de atender el hoy, es decir, que el trabajador tenga acceso a remuneraciones para satisfacer sus necesidades sino que  se proyecte en su ciclo de vida, considerando que el tiempo de los seres humanos es oro, “cuando nos encontramos al cabo de los años en el declive del ciclo laboral tenemos que ir pensando en pensiones, tenemos que ir pensando en sistemas de salud”, manifestó.

Señaló que de acuerdo a las normas vigentes, el empleador tiene que aportar el 9% para el sistema de la seguridad social, para que sus empleados gocen de buena salud y condiciones para que siga trabajando, “hablamos de trabajo decente con respeto, dignidad y derechos humanos”, agregó.

El binomio capital- trabajo es la línea que tienen que motivar los proyectos de leyes del campo laboral y de las relaciones humanos. “Hay que advertir que se busca potencial el lado empresarial para que luego sus efectos se vean en beneficio económico, salvo que brinde servicio social sin fines de lucro”, acotó.

Remuneración mínima

Sobre el aumento de la remuneración mínima vital, manifestó que en primer lugar debe darse un espacio de diálogo tripartito bien diseñado por el Consejo Nacional del Trabajo, que reúne al sector empresarial y al sector trabajador, desde el ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo, “deben sentarse en una mesa de negociación para definir aspectos de carácter técnico, sobre todo analizar los índices económicos, buscar una solución de consenso, considerando el alza de los costos de canasta básica familiar y órdenes de servicios”, manifestó.

Señaló que no se necesita recurrir a cifras  macroeconómicas para advertir el incremento de los precios.

En relación a la materia laboral pendiente en la agenda del Legislativo,  explicó que urge un cuerpo jurídico laboral ordenado, un código de trabajo y seguridad social que establezca los pilares y los largos lineamientos, que acopie las disposiciones legales no sólo para la seguridad jurídica sino para que tanto empresarios y ciudadanos conozcan sus derechos.

Así como los derechos y beneficios de los regímenes del sector público, de micro y pequeña empresa, construcción civil, empleados del hogar, pesqueros, artistas, Mype, trabajador agrario, entre otros. “En mi opinión debe tomar vida la dación de un Código de Trabajo y si bien las normas existen tienen que hacerse más rígidas para el acceso al empleo público. “Actualmente estamos atendiendo a una carga pública que es el reclamo de trabajadores con contratos de locación de servicios o que ingresaron sin contrato alguno al sector público y luego de un período determinado ya no siguen prestando servicios y reclaman reposición, entonces quiere decir que las autoridades de las distintas entidades públicas: gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos públicos descentralizados, no están cumpliendo con lo que señala las normas de presupuesto que toda contratación tiene que estar adecuada al marco legal para lograr una administración pública ordenada”, finalizó.

Deja tu Comentario