Sube!

AL PROCURADOR PARA DENUNCIA PENAL: Casos de proyectos truncos sobre ambulancias, seguridad ciudadana, Colectora y Cieza de Le贸n

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1283

  comentarios   

El gobernador, gerente general y gerentes de los sectores acordaron que los actuados en los proyectos de compra de ambulancias, seguridad ciudadana con cámaras de vigilancia y avenidas La Colectora y Cieza de León, se deriven a la Procuraduría Anticorrupción, para que se formule las denuncias penales sobre posibles irregularidades que dejarán compromisos para ser pagados hasta por un monto superior a los 70 millones de soles.

Así, se deberá tener en cuenta la posible responsabilidad de cada una de las personas comprometidas, entre ellas del exgobernador provisional, Luis Díaz Bravo y del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas.

También se acordó pasar a la Procuraduría el caso del cese del procurador regional en el mes de marzo, cuando el entonces gobernador provisional, Díaz Bravo, ya no tenía competencia para hacerlo; y, además, se le responsabilice por todos los procesos que a nivel regional no han tenido defensa.

Tal decisión se adoptó durante una sesión de directorio encabezada por el gobernador, Anselmo Lozano Centurión, donde se abordaron temas de interés para la administración regional. Ahí, el jefe de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional, abogado Branko Antonio Flores Muñoz, expuso los pormenores de las investigaciones realizadas en los proyectos ahora truncos.

Colusión en compra de ambulancias

De acuerdo con la Contraloría, hubo falencias en elaborar el proyecto, la convocatoria, ejecución, recepción y posterior a ella, en la compra de 34 ambulancias del Gobierno Regional a través de la Gerencia de Salud.

“Las modificaciones al contrato, evidencian que hubo acuerdos, que se prepararon para arreglar las condiciones que se necesitaban en favor del contratista. Eso, en derecho penal se conoce como colusión, para defraudar los intereses del estado en beneficio de privados”, precisó el abogado.

Explicó que las irregularidades se dan desde el momento de suscribirse el contrato. “El plazo se cumple con el horario de atención de la entidad. Si, por ejemplo, dice al quinto día, en esa fecha, a las 4:30 de la tarde que se deja de atender, se cumple el plazo; pero en este caso se suscribió cerca de las 10:00 de la noche. Allí se hubiese visto que la documentación no estaba completa; y, al no estarlo, la entidad la debía devolver señalando que no se podía suscribir. Sin embargo, no se hizo y se completó después”.

Por otro lado, se ha observado que el contratista no tenía capacidad de entregar las ambulancias en un solo paquete: las 34 se dividieron en dos, para darle facilidad de que entregara primero 14 y luego 10. Y, encima, se le otorgó facilidades de pago, con una velocidad increíble, porque se ha hecho en un solo día, desde la conformidad, hasta el pago, lo que resulta escandaloso, porque de acuerdo al contrato, debe haber verificación, no solo del tipo de maquinaria, sino del equipo médico. Además, en cualquier compra, se obliga a que el jefe de almacén suscriba la conformidad; pero en este caso el jefe de logística firma como jefe de almacén y coloca el sello de este.

Se afirma que todas estas cuestiones evidencian temas irregulares en abundancia. Más allá que ha habido alertas de control interno, que señalaban que el procedimiento no era de contratación directa; pero se continuó y se recibieron todas las ambulancias, que ahora se deterioran.

Según se señala, el deterioro es mayor, pues ya tenían un grado de inclinación en la parte posterior, debido a que el vehículo no está diseñado como ambulancia, porque la tolva de la camioneta pickup tiene encima la cabina de una tonelada y, por lo tanto, ya se está asentando sin estar funcionando. Finalmente, no ha habido la exoneración de cartas fianza, las que nunca fueron presentadas a pesar de haberse vendido por 12 millones de soles; ellos se escudan en el tema de Mype y no le exigen cartas fianza.

Ilícitos penales en seguridad ciudadana

El convenio entre la Municipalidad de Chiclayo y el Gobierno Regional, se suscribe para financiar un proyecto de seguridad ciudadana con varios componentes: unos electrónicos, como las videocámaras; y otros físicos, como la infraestructura. El Gobierno Regional se había comprometido solo a adquirir la parte de los componentes electrónicos. En contraprestación, se suponía que la municipalidad, a la vez que el GORE avanzaba con su parte, iba a ejecutar los demás compromisos; lo que no se ha dado hasta hoy.

Al verificar los documentos, se encuentra que desde el inicio también hay supuestos indicios de ilícitos penales. Por ejemplo, cuando se habla de profesionales para verificar la ejecución del proyecto, en el caso del ingeniero ambiental, tendría que ser un especialista en el tema. Curiosamente modifican y logran que no sea ingeniero ambiental sino cualquier ingeniero pero que tenga conocimiento (no capacitación), en estos temas. Curiosamente gana como especialista ambiental un ingeniero industrial que ha trabajado en tres empresas y forma parte del mismo consorcio.

Luego se hace el procedimiento y se da la buena pro a la empresa que, al momento de suscribir el contrato adjunta constancias de profesionales que supuestamente han laborado en otras empresas. En revisión posterior, una de las empresas contesta que la documentación adjunta no ha sido emitida por dicha entidad y que quien debe suscribir ese tipo de certificados es el jefe de recursos humanos y no el de seguridad; y, por último, señalan que ellos no han emitido ese documento. Por lo tanto, se está bajo el supuesto de documentación falsa y, por ello se procedió a la nulidad del contrato.

Tras eso, se devolvió la documentación a logística para que consulte a la Gerencia de Infraestructura (GRIN), si se mantenía el proyecto. La GRIN, con buen criterio, hizo un estudio de mercado solo de un componente: de las cámaras, que al final refleja un sobrecosto de casi medio millón de soles. Además, con el aporte de otros especialistas, se indica que ese tipo de cámaras no eran las adecuadas para el funcionamiento que se quería.

Independientemente de eso, se determina que, si bien un proyecto de inversión no debe considerar la partida de operatividad o de mantenimiento; sin embargo, por la naturaleza del procedimiento debió tenerla, porque se está hablando de cámaras de videovigilancia, que no son un fin sino un medio. Acá las videocámaras van a permitir luchar contra la inseguridad y, por lo tanto, se necesita determinar cómo se van a operar.

Al respecto, se suponía que la operación de las cámaras, por la cantidad que se iban a adquirir, debía contar con un promedio de más de 200 personas que por su régimen laboral (728), debía tener un sueldo mínimo y 14 sueldos por año, que representaban un incremento de 8 millones de soles en el presupuesto de la municipalidad de Chiclayo. Al consultarse, el municipio, informó que no tenía ese presupuesto. No se había previsto cómo se iba a invertir en el mantenimiento de las cámaras.

Asimismo, el mismo general jefe de la II Región Policial de Lambayeque había informado al gobernador Lozano que no existía ningún tipo de convenio con la municipalidad. La Ley de Seguridad Ciudadana obliga a que, en este tipo de proyectos, desde el momento de la formulación, tiene que intervenir la PNP para dar opinión técnica. La Policía, como ente capacitado para ese fin, debía intervenir desde el nacimiento del proyecto y mucho más para la operación. Y todo esto se dejó de lado.

La Colectora y Cieza de León

La construcción de la avenida La Colectora, se trata de un convenio entre la Municipalidad de Chiclayo y el Gobierno Regional, en que la primera tenía obligación de elaborar el expediente técnico y certificar la disponibilidad del terreno. La documentación fue remitida al GORE, que por obligación debía ver la libre disponibilidad de los terrenos; que el saneamiento y habilitación urbana estuvieran inscritos a nombre de la municipalidad. Pese a no hacerlo, llevan a cabo la convocatoria. Tras la buena pro, se entrega el expediente y es contrastado por el ganador, que va al terreno y lo verifica y ahí debió haber visto que estaba cercado y tenía propiedad. Curiosamente no se hizo la observación.

Antes de que se inicie la obra, la propietaria del terreno envía una carta notarial al Gobierno Regional, señalando que el terreno sobre el que se pretendía construir es de su propiedad y lo acredita con las partidas electrónicas registrales. También con una constatación de la Notaría de tres meses antes, en el que precisa que su terreno se encuentra con linderos. Además, presenta una constatación policial, en donde el policía, con la propietaria, certifican que la contratista ha procedido a retirar los linderos y que, sobre el terreno está edificando su almacén. Aquí entrevistan al maestro de obra, quien certifica que es terreno de la propietaria.

En ese momento la propietaria señala no oponerse a que se ejecute la obra, pero primero que se le pague por su terreno. Pero eso no ocurre y la obra continúa como si esa comunicación no se hubiese dado. Ahí, el jefe de Infraestructura del GORE cursa un documento a la Municipalidad de Chiclayo, pidiendo respondan sobre si las libres disponibilidades que figuran en el expediente técnico, son verdaderas o no. No le contestan y frente a ese mutis, Infraestructura alerta al gobernador para que disponga sobre lo que está pasando. Y lo que dispone es continuar la obra.

“Se podría hablar de una deficiencia, pero al decidir si se ejecuta o no una obra se tendría que pensar ya en mala fe, en un acto doloso y ahora el monto que la propietaria solicita es más de 11 millones de dólares. Incluso, la Contraloría, que debió haber investigado, no ha intervenido en este caso”, señala el especialista.

Con respecto a Cieza de León, el jefe de familia dona un terreno a la municipalidad, pero esa donación tenía que hacerla también la esposa e hijos adultos y debió haberse inscrito y nunca se hizo. La municipalidad de Chiclayo tampoco verifica esto y lo deriva al Gobierno Regional donde se inicia la obra. Con el padre ya ha fallecido, sus hijos y la madre niegan la donación, porque nunca se materializó. A pesar de eso la obra continuó.

Es más, la obra quedó paralizada en mayo y estaba programada para finalizar en junio. El gobernador Anselmo Lozano ha retornado a su despacho en setiembre; por lo que antes se debió haberse resuelto el contrato y no se hizo a pesar de las penalidades al contratista.

Deja tu Comentario