En la anterior edición, Expresión publicó una extensa entrevista realizada al Presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONRREDE – de Lambayeque y decano del Colegio de Ingenieros, Carlos Burgos Montengro, en la cual, entre otras preguntas, fue requerida su posición respecto a la actuación de los funcionarios de la Autoridad de Reconstrucción Con Cambios – ARCC, desde su creación.

Preguntado sobre si se reafirmaba en su posición de que deben estar presos aquellos funcionarios de la ARCC que hayan cometido faltas administrativas, civiles, penales, el ingeniero Carlos Burgos respondió:

“Esperamos que de oficio haya actuado la Contraloría y fiscalía para investigar a tanto funcionarios y empresarios que hicieron mal las cosas. Si se determinan responsabilidades después de una investigación y hay una denuncia de la Fiscalía, se tiene que encausar a través del Poder Judicial para determinar si hay pedidos de prisión efectiva o no”.

Concluyó su respuesta de una manera certera, señalando sería una manera de resarcir el daño ocasionado a la región y el país; es decir, el decano estaría de acuerdo que los funcionarios vayan a la cárcel.

¿Quiénes serían los apresados?

Es bueno señalar que los funcionarios que serían sometidos al rigor de la justicia y podrían ir presos son en su mayoría ingenieros, al ser quienes han tenido o tienen la responsabilidad de ejecutar las acciones técnicas a nombre de la ARCC.

Burgos Montenegro, debe y tiene que saber que los ingenieros, a quien representa en esta parte del país, juegan un rol preponderante en la gesta de obras, en este caso públicas. Por lo tanto, conocer que desde la elaboración del perfil del proyecto que se pretende ejecutar está presente el profesional de la ingeniería en sus diferentes especialidades.

Continúa la labor de sus colegas ingenieros

La aprobación del expediente técnico, por cierto, es realizada por el titular de la Entidad o quien haga sus veces, claro está, previo a los informes de aceptación por parte de los responsables de las áreas técnicas del ente ejecutor, quienes previamente elaboran los famosos Términos de Referencia – TDR, que juegan un rol preponderante para determinar los requisitos en las bases del proceso de contratación determinantes para su adjudicación.

Según la norma procesal de las Contrataciones del Estado, el comité de selección encargado de admitir, evaluar, calificar y adjudicar la buena pro de un proceso de selección, debe estar integrado, por lo menos, por un ingeniero del área usuaria. En el caso de los procesos que se convocan bajo la normativa de la ARCC, el cuerpo normativo exige como obligación que los comités deben estar integrados por no menos dos ingenieros, incluso uno de ellos lo debe presidir y un tercero, del área de logística, quienes asumen la responsabilidad de conducir el procedimiento especial de contratación hasta la adjudicación de la buena pro.

La dirección y la supervisión de la ejecución

Sería ilógico pensar que los ingenieros no deberían realizar la labor de dirección y supervisión de una obra. Lo primero lo realiza un ingeniero residente y lo segundo un jefe de Supervisión, quienes en ambos casos lideran un staff de profesionales en ingeniería en las especialidades que el proyecto demanda, a través del expediente técnico, que igualmente fue confeccionado, aceptado y aprobado por los ingenieros del área técnica de la entidad. Es decir, en todos estos momentos, los ingenieros asumen la responsabilidad de concluir con la ejecución del proyecto en óptimas condiciones y en el tiempo previsto.

También recepcionan y liquidan obras

SÍ pues. Al concluir la ejecución de una obra, los ingenieros nombrados para recepcionarla, juegan un rol preponderante para advertir algunas deficiencias en el proceso constructivo, que bien podrían ser subsanadas bajo la dirección del ingeniero residente y el supervisor, para luego, proceder a liquidar la obra en sus aspectos netamente técnicos, que permita al titular de la entidad - previo a los informes de las áreas administrativas – emitir la resolución de liquidación técnica y financiera del proyecto.

Da la impresión que el decano no quiere referirse directamente a su pares ingenieriles, limitándose a decir que son los funcionarios los que deben ir presos. En todo Colegio de Ingenieros están habilitados profesionales que se encargan de ejecutar y supervisar las obras públicas, otros que se encargan de conformar los comités de selección y son responsables de elegir a quienes deben ejecutar y supervisar, recibir o liquidar.

En este punto sería importante que el decano de los ingenieros informe cuántos de los colegiados han sido sometidos al Tribunal de Ética por faltar a los principios de la profesión, defraudar al Estado y ser responsables de la deficiente obra pública que tenemos en Lambayeque. Eso también debería decirlo con claridad.

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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

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