La política de estado 1 del Acuerdo Nacional Peruano titula “Fortalecimiento del régimen democrático y Estado de derecho”, en este contexto afirmo que el arbitrario accionar en los últimos meses de la Junta Nacional de Justicia – JNJ, está orientado a debilitar la institucionalidad del país y sus compromisos internacionales, aspectos que demostraré en las siguientes líneas.
Escenario Interno
Se han pronunciado con firmeza en diferentes medios, columnistas y miembros de la academia, así, en POLIDATOS del diario Expreso (12-01-24) bajo el titulo “Bien Jorge del Castillo”, dice: “Hasta en esta sección pobre pero honrada pensábamos que fue un error de Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, haber nominado al ex congresista Jorge del Castillo como uno de sus abogados. Nos equivocamos. Del Castillo probó, peritaje en mano, que los WhatsApp utilizados para incriminar a la Dra. Benavides como jefa de una “organización criminal” y suspenderla en sus funciones fueron manipulados y adulterados, nunca tuvieron un celular madre o un código fuente, menos una cadena de custodia. Felicitaciones Jorge”.
..Luego Víctor Raúl Urviola Hani en su columna Al Punto-Correo-Tacna( 14-01-24), bajo el título “La JNJ y la suspensión flash a la fiscal Patricia Benavides”, afirma: “El Dr. Jorge del Castillo, defensa legal de Benavides, desmenuzó uno a uno los considerandos que contiene el expediente que dio lugar a la suspensión, basados todos en suposiciones, sin pruebas o pruebas falsas, con pantallazos truchos de WhatsApp y declaraciones de un colaborador eficaz que antes de ir a prisión prefirió inventar hechos que dañaban la trayectoria de una fiscal que sirve al país hace 28 años. Muy acertada la intervención de Del Castillo al documentarse correctamente con la finalidad que la población se entere de la patraña que daña a una fiscal que posibilitó la captura del corrupto Pedro Castillo y que ahora como venganza sectores caviares y ultras pretenden inhabilitarla”.
Seguidamente el Dr. Buenaventura Ríos Ríos, en su columna del Diario Voces-Tarapoto(15-01-24) “JNJ y Estado Constitucional de Derecho”, dice textualmente : “La Fiscal de la Nación Patricia Benavides fue suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sin que haya sido denunciada formalmente por un fiscal supremo como manda la ley, y, lo que es más grave, sin que se le haya permitido ejercer su derecho a la defensa, condición sine quanon que caracteriza a un Estado Constitucional de Derecho que rige en las democracias modernas”.
Como autor del presente artículo, resalto el estratégico accionar de Jorge del Castillo en defensa de la institucionalidad política, como hombre de estado y demócrata a carta cabal. Jorge implícitamente usó fundamentos constitucionales clave, por un lado: La Constitución como un pacto de límites al ejercicio del poder, para asegurar una esfera de derechos y libertades a los ciudadanos (Curso de Derecho Constitucional, Carlos Hackansson Nieto, pag 81, Universidad de Piura-Colección Jurídica. Tercera edición.2019) y por otro el Art 2-Inc 23-CPP: Toda persona tiene derecho a la legítima defensa, que consiste objetivamente en el empleo de la fuerza material para repeler una agresión ilegitima contra determinados derechos. (La Constitución de 1993, Enrique Bernales Ballesteros, pag 168.Sexta edición.2012).
JNJ debilita compromisos PNUD
Pasado el segundo semestre del 2023, la CEPAL publicó un Informe de 99 páginas titulado “La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible: En la mitad del camino hacia el 2030”.
En la tercera parte de su introducción precisa lo siguiente: “Transcurrida la mitad del período de 15 años acordado para alcanzar los ODS, la CEPAL estima que sólo el 25 % de las metas sobre las que se cuenta con información muestra un comportamiento que permite prever su cumplimiento en 2030; el 48 % de las metas sigue una tendencia correcta, pero insuficiente para alcanzarlas, y el restante 27 % exhibe una trayectoria de retroceso”.
El Perú es país miembro del PNUD y sus decisiones políticas son vinculantes, por lo tanto, las “acciones arbitrarias” de la JNJ nos están afectando sensiblemente como país en el escenario de A. Latina al vulnerar en particular el cumplimiento del ODS 16 tanto en su diagnóstico, relevancia y metas al 2030.
Veamos: Para el ODS 16(Paz, Justicia e Instituciones sólidas) 2023, la CEPAL en su “diagnóstico”, precisa: “Las instituciones de la región no logran mejorar su eficiencia, lo que se refleja en una baja confianza de la población… Continúan las barreras en el acceso a la justicia y servicios y garantías jurídicas básicas”.
A nivel de “relevancia”, indica: “Un entramado institucional sólido y el Estado de derecho permiten brindar solidez a las políticas públicas para alcanzar el desarrollo sostenible, garantizando la justicia mediante un accionar transparente, participativo y eficiente que salvaguarde derechos y libertades fundamentales”.
En tanto la “meta 16.3” del Ods 16, dice: “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.
Como podrá comprenderse el accionar de la JNJ en este caso singular de la Dra. Patricia Benavides muestra una imagen de país que no cumple sus compromisos internacionales.
JNJ debilita posición peruana en el Ranking de Competitividad Global
Cada año el Foro Económico Mundial publica el Índice o Ranking de Competitividad Global, para nuestro caso nos interesa el pilar 1 (Instituciones). El marco institucional tiene una fuerte influencia sobre la competitividad y el crecimiento (Cámara de industrias de Tungurahua-2016).
Se puede observar en el pilar 1 que Uruguay es el país sudamericano mejor ubicado entre 140 economías a nivel mundial ocupando el puesto 30 con un puntaje valorado en 4.7, mientras que Perú está ubicado en el puesto 116 con un puntaje de 3.3, lo que quiere decir que falta un marco institucional eficiente para su crecimiento y competitividad. La importancia de las instituciones se analiza a través de diversos indicadores, uno de ellos es la independencia judicial en donde el Perú se ubica en el puesto 112 de 140, en contraposición tenemos a Uruguay que se ubica en el puesto 20 de 140 convirtiéndose en un país con ventaja competitiva notable. Estos números indican que somos un país débil en institucionalidad, estamos casi en el tercio inferior de la última década.
En esta línea le consultaron alguna vez al premio nobel de economía Douglas North (2002-2003) ¿Qué significaba para él la institucionalidad? Su respuesta fue sencilla: “El respeto a las reglas de juego, en contraste la JNJ no está respetando estas reglas, con la ‘vulneración del debido proceso y sus acciones arbitrarias’ nos están llevando a los últimos lugares del Ranking de competitividad global, es decir un país sin ventaja competitiva institucional y ello es muy grave”.
Finalmente cobra relevancia citar la obra “Por qué fracasan los países” de Daron Acemoglu y James Robinson, los autores (economistas) precisan que la Teoría Institucional si explica el fracaso de los países, para ello concluyen afirmando: No se trata solo de la economía, sino también de la política, de los efectos de las instituciones en el éxito y el fracaso de los países y, en consecuencia en la economía de la pobreza y la prosperidad, es decir cuando se coadyuva a construir Instituciones Políticas Inclusivas la consecuencia será virtuosa y tendremos Instituciones Económicas Solidas, muy por el contrario… las acciones dictatoriales de la JNJ socaban la Institucionalidad Política y Económica de nuestro país, la debilitan de manera tal que en el campo económico al generar mayor incertidumbre política aumenta el riesgo en materia de alejamiento de inversiones privadas, es decir la JNJ ha ingresado al círculo vicioso de las instituciones “espantacapitales y extractivas” como Corea del norte, Nicaragua y Venezuela.
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(*) Catedrático universitario, economista y especialista en Gobernabilidad.
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