Con la fuga carcelaria de alias Fito, el cabecilla top de las bandas criminales ecuatorianas, el vecino país del norte inició “oficialmente” una crisis que en realidad se remonta bastante atrás. Lo que aparentemente arrancó el primer fin de semana del año, siguió con la toma de una estación de TV y la incursión en un centro comercial de Guayaquil, la declaración por parte del gobierno central de estado de excepción y -un día después- estado de conflicto interno, cierre de fronteras y varias muertes de civiles. Una tensa atmósfera asola a Ecuador… los pronósticos son reservados.
Que al norteño vecino le vaya mal afecta a toda la región. Básicamente porque todo apunta a que tras los problemas acontecidos se agazapa un narcotráfico y una criminalidad que es transnacional: opera al menos entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los estados sucesivos de estos países -opinan los entendidos- no han sabido responder a una creciente inseguridad ciudadana (en ranking lo ocupa el país en cuestión). A Perú, nos ha salpicado la crisis de un modo que aviva un conflicto histórico que habíamos dado por superado hace buen tiempo: las armas requisadas a los delincuentes alzados provienen de las Fuerzas Armadas peruanas…
Medidas tomadas
Por lo pronto el gobierno ecuatoriano dirigido por el presidente Daniel Noboa Azín, aparte de las declaratorias político – sociales anunciadas, ha dicho que destinará 1.200 millones de dólares para combatir la inseguridad, fortalecerá el sistema carcelario e incorporará 30.000 policías al combate contra la criminalidad. Ecuador alberga 20 bandas criminales relacionadas con el almacenamiento, procesamiento y distribución de drogas para otros puntos del continente. Las bandas están conectadas a los cárteles de México y Colombia.
Para Teddy Enrique Ramos Ramos, ex funcionario público, asesor jurídico en empresas de seguridad y abogado litigante en materia penal, “la seguridad ciudadana requiere una respuesta integral que involucre a todos los actores, desde el gobierno nacional, gobiernos locales hasta la sociedad civil. Por lo tanto, es crucial que todos los ecuatorianos estemos unidos y participemos activamente en la búsqueda de soluciones a esta crisis”, nos dijo.
Una historia crítica
Por su parte, Pamela J. Cruz-Páez, coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos (OIME) y docente universitaria observa que los actuales acontecimientos en Ecuador encierran “una advertencia para hablar de una crisis humanitaria que ya está presente en la región andina, con lo que vive desde hace algunos años Venezuela. Como en una crisis, hay desplazados y eso se mira al interior del país desde las fronteras; pero, también, la salida de un número considerable de compatriotas quienes no ven que el Estado pueda asegurar bienestar en términos de salud, empleo y seguridad”.
Cruz – Páez anota que sobre esto último y que ha sido lo más visible en estos días, los orígenes no son nuevos: ya hubo un caso de narcopolítica en el gobierno de León Febrero Cordero en 1990, con el caso Ran Gazit. “Desde ahí cada gobierno no miró las dimensiones que podrían alcanzar esos nexos entre política y narcotráfico. Y el caso "Metástasis" es quizá el más importante porque deja ver que Ecuador es un narcoestado donde el narcotráfico financia pandillas, controla cárceles y ha sobornado a jueces, fiscales, políticos, policías y militares.”
Tras conversar con nosotros sobre esa triste historia, añade en esa línea Diego Quezada Arcentales, ex viceministro y asesor del ex ministro de Inclusión Económica y Social: “Hasta ahora no se ha podido romper el nexo directo entre las prisiones y la violencia que cada día se recrudece en las calles ecuatorianas. Desde ahí los cabecillas de las bandas criminales dirigen y ordenan sicariatos, atentados, extorsiones y mueven la logística para el tráfico de drogas, bajo la protección del Estado”.
Y sella: “El país —en niveles históricos de inseguridad, con 40 homicidios por cada 100.000 personas— estaba a la espera de que se concretase el proyecto del nuevo mandatario para atajar la violencia y lograr el control de los centros penitenciarios. Que el Estado tome el control de las cárceles, donde hay 31.300 personas presas, es parte de las estrategias de seguridad que los últimos tres gobiernos han prometido sin éxito.”
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(*) Colaborador y articulista.
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