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PERÚ EN LA ENCRUCIJADA: CRECIMIENTO ECONÓMICO SIN CONFIANZA POLÍTICA

Escribe: Bagner Salazar Salazar(*)
Edición N° 1438

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El Perú, una economía que evidencia signos evidentes de recuperación y estabilidad a nivel macroeconómico se encuentra con una crisis grave en cuanto a la confianza política e institucional, se crea una paradoja alarmante con esta dualidad: la legitimidad del sistema político se va debilitando a medida que los indicadores económicos progresan. De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la nación alcanzó un aumento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,4 % en 2025, lo que representa más de dos años seguidos de crecimiento económico; a esto se añade una inflación anual del 1,51 %, que es de las más reducidas en América Latina, debido a la política monetaria cautelosa del Banco Central de Reserva del Perú, además, las exportaciones aumentaron en más del 23 %, gracias sobre todo al sector agroexportador y minero, lo que a su vez consolidó la estabilidad cambiaria y las reservas internacionales.

No obstante, estos progresos chocan con un ambiente político caracterizado por enfrentamientos entre los poderes del Estado, una gran rotación de ministros, una fragmentación de partidos y niveles reducidos de aprobación ciudadana hacia las instituciones democráticas, múltiples encuestas a nivel nacional indican que el Congreso y los partidos políticos tienen índices de desaprobación por encima del 80 %, lo cual muestra una creciente división entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. La pregunta principal es ineludible: ¿Es posible que un país mantenga el crecimiento económico si la confianza política se desgasta de forma constante? La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, aunque no suficiente, para un desarrollo sostenible, como lo evidencian los casos internacionales, la economía puede desacelerarse debido a cualquier tipo de choque, interno o externo, si no hay instituciones sólidas, predictibilidad normativa y legitimidad política.

Hoy en día, Perú está en una verdadera encrucijada histórica antes de un nuevo proceso electoral en 2026: consolidar su crecimiento sobre cimientos institucionales sólidos o volver a experimentar un ciclo de expansión económica que sea susceptible a la inestabilidad política.

Estabilidad económica con crecimiento moderado

La economía de Perú mostró un incremento del 3,4 % en el año 2025, continuando con una racha de expansión que suma 21 meses seguidos de crecimiento real del Producto Bruto Interno (PBI), según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado revela, además de la resiliencia ante un contexto global complicado, que se ha consolidado la recuperación económica tras los efectos de la pandemia y los recientes golpes externos.

La inflación en 2025 fue de 1,51 %, la más baja entre los países latinoamericanos más importantes, lo que demuestra la eficacia de la política monetaria coordinada con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); asimismo, se registró un notable incremento en las exportaciones, con un alza del 23,7 %, estableciendo así un récord de valor, esto ayuda a robustecer las reservas y la capacidad de crecimiento en el futuro. Las proyecciones oficiales y de organizaciones internacionales también son moderadamente optimistas: se estima que el crecimiento del PIB para 2026 sea alrededor del 3,0 % o el 3,2 %, superando la media regional, gracias a la inversión, al consumo interno y al sector exportador.

Incertidumbre política persistente

Pese a estos progresos en términos macroeconómicos, la situación de gobernabilidad en Perú es una crisis crónica, en menos de medio año, el país ha experimentado la destitución de más de un presidente debido a vacancias y sustituciones interinas, lo cual crea incertidumbre en las instituciones; el Congreso ha nombrado recientemente a José María Balcázar como presidente interino; es el octavo mandatario en menos de diez años, y el país se alista para las elecciones generales que tendrán lugar en abril del 2026.

Esta inestabilidad en el ámbito político impacta de manera directa sobre lo que los inversores piensan y sobre cómo perciben el riesgo país; además, restringe la habilidad del Estado para poner en marcha reformas estructurales significativas y políticas a largo plazo.

Impacto de la brecha entre economía y política

El desbalance entre los indicadores económicos favorables y la crisis política tiene efectos tangibles:

Inversión privada: a pesar de que las expectativas de las empresas han sido optimistas, la incertidumbre política puede obstaculizar decisiones de inversión a gran escala, que son indispensables para sostener el ritmo de crecimiento e innovación.

Confianza ciudadana: la legitimidad del sistema político se ve disminuida por los continuos cambios de liderazgo y gabinete, lo cual impacta la participación en democracia y la cohesión social.

Agenda de reformas: la implementación efectiva de temas fundamentales, como la formalización productiva, la inversión en infraestructura y la optimización del clima empresarial, necesita estabilidad política.

En la actualidad, Perú no atraviesa una crisis económica estructural, sus fundamentos macroeconómicos reflejan resiliencia, control de la inflación, disciplina fiscal relativa y capacidad exportadora dinámica, el hecho de que el país conserve significativas ventajas en la agroindustria, la minería y la estabilidad monetaria se evidencia a través de las proyecciones de crecimiento del 3 % para 2026. La institucionalidad, no los números, es el verdadero riesgo hoy en día, la continua confrontación política, la fragilidad de los partidos, la elevada inestabilidad en el ejecutivo y la sensación de ineficiencia y corrupción entre los ciudadanos crean un ambiente incierto que podría obstaculizar las inversiones privadas y restringir el potencial del crecimiento a medio plazo; la historia más reciente de Perú evidencia que cada crisis política tiene consecuencias económicas acumulativas: aplazamiento de proyectos, disminución de la confianza empresarial y empeoramiento de las expectativas.

La falta de conexión entre la confianza política y el crecimiento económico muestra una debilidad a nivel estructural: el país ha conseguido sostener la disciplina macroeconómica, pero no ha podido establecer una estabilidad política duradera, la asimetría es peligrosa porque el desarrollo no solo se mide en términos de PIB, sino también en la legitimidad democrática, la calidad institucional y la cohesión social. Si la gobernabilidad no se robustece, el crecimiento actual podría ser solo un episodio temporal más en un ciclo de avances y retrocesos, sin embargo, si el país consigue convertir la estabilidad económica en reformas políticas e institucionales significativas, Perú podría entrar a un periodo de desarrollo más firme, sostenible e inclusivo.

En resumen, Perú no solo requiere crecer; también necesita tener confianza, la confianza no se decreta desde el mercado o el Estado, sino que se forma a través de una ciudadanía atenta, instituciones robustas y un liderazgo responsable.

Para salir de este dilema, se requiere una perspectiva dual que no descuide ni la economía ni la política:

  1. Fortalecer las instituciones democráticas: reformas que fomenten la gobernabilidad y la estabilidad política, disminuyendo el cambio de líderes y consolidando los sistemas de rendición de cuentas.
  2. Promover un consenso nacional por el desarrollo: un acuerdo de múltiples sectores que haga más sencillo que el Estado, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil se pongan de acuerdo para llevar a cabo reformas a largo plazo.
  3. Mejorar el clima de inversiones: normas transparentes y predecibles que fomenten la inversión privada y foránea, sobre todo en áreas clave como la infraestructura, la energía y la tecnología.
  4. Transparencia y lucha contra la corrupción: medidas específicas para disminuir la percepción de corrupción, la cual impacta la confianza tanto interna como externa en el país.
  5. Educación cívica y participación ciudadana: fomentar una ciudadanía más informada y activa capaz de demandar más responsabilidad política y resultados institucionales óptimos.

 

(*) esalazars@usmp.pe

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