En el Perú no siempre falta información. A veces el problema comienza después de obtenerla. El país cuenta con investigadores, laboratorios y sistemas de vigilancia capaces de detectar enfermedades, identificar zonas vulnerables y advertir problemas antes de que alcancen mayores dimensiones.

Pero producir información no garantiza que esta se convierta en una buena decisión. La pregunta es: ¿qué ocurre después de que aparece la evidencia? Porque un resultado de laboratorio no es solo un número. Un indicador epidemiológico no debería ser una cifra más en una ficha. Una alerta no debería terminar archivada o circulando entre oficinas. Su utilidad depende de que pueda ser interpretada y transformada, cuando corresponde, en una respuesta. Así, la pandemia de COVID-19 ofreció ejemplos de lo que ocurre cuando esa cadena presenta problemas.

En abril de 2021, la Contraloría informó que había generado más de 12 000 informes de control y advertido 21 400 situaciones de riesgo relacionadas con el manejo de recursos públicos durante la pandemia. En 13 007 de ellas, equivalentes al 61 %, se señaló que no se habían tomado acciones correctivas. El dato no permite afirmar que todas esas situaciones hayan producido daños concretos. Sí permite observar una brecha: identificar un riesgo no garantiza que la institución responsable actúe oportunamente sobre él.

El dengue

El dengue ofrece ejemplos más recientes. En 2024, la Contraloría detectó que el Hospital Nacional Sergio E. Bernales había recibido S/162 000 para acciones contra el dengue, pero durante 35 días hábiles esos recursos no fueron ejecutados por problemas en el registro de requerimientos. Aunque la situación fue solucionada, la Contraloría advirtió que podía afectar la ejecución oportuna del plan. También identificó insuficiencia de profesionales e insumos. El caso muestra que tener un plan y disponer de recursos no significa necesariamente tener capacidad operativa para utilizarlos cuando se necesitan.

En San Francisco, Ayacucho, la Contraloría reportó en mayo de 2024 una ejecución nula de determinados recursos destinados a la prevención y control de enfermedades metaxénicas. Además, encontró que el laboratorio del Hospital de Apoyo San Francisco no realizaba el diagnóstico confirmatorio de dengue porque los equipos necesarios requerían mantenimiento o reposición.

Aquí aparece otro eslabón de la cadena. La vigilancia necesita datos. Los datos necesitan sistemas capaces de producirlos. Y la respuesta sanitaria necesita que esa información llegue a quienes deben decidir y que existan recursos, personal y capacidad para actuar. Por eso, el problema de la ciencia en las políticas públicas no se reduce a cuánto se investiga. También importa qué sucede con el conocimiento una vez producido.

En enero de 2026, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica preventiva por dengue y presentó el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026, que contempla inteligencia sanitaria, alertas tempranas, vigilancia, investigación de brotes, control vectorial y atención de pacientes. La existencia del plan no demuestra por sí misma que la respuesta sanitaria sea eficaz. Pero muestra que el propio sistema reconoce que vigilar, anticiparse, responder y corregir forman parte de una misma estrategia.

Alertas y resultados

Una política pública basada en evidencia debería cambiar cuando sus resultados no son los esperados, revisar prioridades ante riesgos crecientes y evaluar qué resultados producen sus decisiones. La ciencia no es infalible. Tiene incertidumbres y debe interpretarse dentro de un contexto. Pero esas limitaciones no vuelven prescindible a la evidencia. No utilizar la evidencia no significa dejar de decidir. Significa decidir sin aprovechar todo lo que ya sabemos.

Por eso, deberíamos preguntar: ¿la información llega a tiempo? ¿Quién la interpreta? ¿Quién puede actuar? ¿Los recursos llegan cuando se necesitan? ¿Se evalúan los resultados? ¿Se corrige aquello que no funciona?

Una política pública no termina cuando se publica una norma, se emite una alerta o se asigna un presupuesto. Ahí comienza otra etapa: convertir la información en acción y comprobar si esa acción funciona. Los casos documentados muestran que esa transición puede presentar obstáculos. No se trata de afirmar que el Estado carece de ciencia o información, sino de reconocer los eslabones que pueden fallar entre conocimiento y gestión.

Un Estado que solo recopila datos está observando. Un Estado que los utiliza para anticiparse, actuar, evaluar y corregir está aprendiendo. La ciencia puede identificar riesgos, detectar cambios, orientar intervenciones y evaluar resultados. Pero no puede decidir en lugar de quienes gobiernan.

A veces el Perú no llega tarde porque carecía de información. Llega tarde porque la información disponible no se convirtió oportunamente en decisiones. Y cuando una advertencia que pudo orientar una respuesta termina documentando lo que salió mal, la evidencia ya no está previniendo el problema. Está documentando una oportunidad que no se aprovechó. Ese también es el costo de no usar la ciencia.

(*) Biólogo, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

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