No estoy a favor de la impunidad que algunos sectores políticos pretenden imponer para salvarse de las investigaciones, tampoco de la burda manera en la que varios se han hechos los ciegos para permitir que un pillo de tamaño mayúsculo, como César Hinostroza Pariachi, cuyo accionar ilegal ha quedado probado en los audios del caso “Lava juez”, se escape cual roedor y aparezca en España pidiendo asilo político.

Mucho menos apoyo o creo en las versiones del fujimorismo respecto de los millonarios aportes a la campaña presidencial del 2011 que no pueden sustentar, máxime si la fiscalía halló una doble contabilidad y varios de los supuestos aportantes han confesados que fueron utilizados para consignar montos a su nombre y con ello pasar la fiscalización de la ONPE.

Tampoco creo que resulta saludable para el Ministerio Público la continuidad de Pedro Chávarry Vallejos como Fiscal de la Nacional, ni la manera en la que intenta desbaratar al equipo de los fiscales Vela y Pérez que tienen importantes investigaciones por presunto lavado de activos a su cargo.

Sin embargo, ninguna de esas posiciones me permite admitir la manera en la que la judicatura en el país sigue haciendo uso y abuso de las detenciones y mandatos de prisión. Lo sucedido en el caso de Keiko Fujimori, como lo fue en el de los esposos Humala Heredia, es una prueba más. Algo está fallando y es peligroso.

Peligroso porque se cumple aquello que hace bastante tiempo algunos magistrados han advertido: “El Poder Judicial se ha vuelto mesa de partes de los fiscales”.

Sí pues, aunque resulte duro admitirlo y a veces choque con nuestras posiciones justicieras y anticorrupción, muchos de los requerimientos fiscales presentados, sobre todo a los juzgados de Investigación Preparatoria, donde están los jueces de garantías, terminan pasando tal cual, sin ningún tipo de revisión o constatación por parte del magistrado, que resulta siendo – cuesta decirlo – sorprendido.

Ejemplos hay. En Lambayeque, en el sonado caso “Los limpios de la corrupción”, ha quedado demostrado que la fiscalía presentó su requerimiento con una serie de datos inexactos para lograr la detención y posterior prisión preventiva de los investigados. Se dijo que hubo un trabajo interinstitucional y multidiscplinario previo, lo cual es falso, e incluso se presentó un supuesto informe de inteligencia firmado por agentes policiales que no pertenecían a dicha unidad. También se allanó una vivienda para cual los fiscales no tenían orden y así, otras irregularidades más.

El miércoles por la noche, cuando el país escuchaba expectante lo que decía el presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, César Sahuanay, algo llamó la atención: “Copia y pega”, se oyó en la lectura de la resolución que le devolvió la libertad a Keiko Fujimori y a los otros investigados del caso “Cocteles”.

La frase tampoco es nueva en los fueros judiciales. Como dijo el juez Sahuanay, se ha hecho ya una mala costumbre que varios escritos de la fiscalía o los juzgados sean copia literal y se admitan sin el mayor análisis. Nosotros, en Expresión, denunciamos hace algún tiempo que un “abanderado contra la corrupción” y mediático fiscal había copiado un recurso de apelación, incluso con los mismos errores, de lo formulado por el abogado de la parte civil. El caso no se siguió investigando porque los fiscales encargados de la investigación en el órgano de control sencillamente lo dejaron prescribir.

Lo sucedido en el país en los últimos días debe motivar profundas reflexiones sobre lo que pasa en la administración judicial, donde, cierto es, hay jueces que se prestan a jugarretas, negocios y favores, lo que es sucio y condenable, pero también están aquellos que no realizan un trabajo diligente y se limitan a pasar y a admitir de todo, haciéndole más daño aún a la alicaída imagen del Poder Judicial y a los principios constitucionales que en una correcta administración de justicia deben respetarse.

Ojalá y lo sucedido sirva de lección y en adelante los magistrados se aboquen a revisar con minuciosidad los requerimientos que reciben, pero, sobre todo, motiven de manera correcta sus resoluciones.