Dos funcionarios de la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas están sentenciados. Se trata del gerente general del municipio, Cristian Rosenthal Ninpaytan, y el gerente de Fiscalización, Mario García Martínez. Pese a la comunicación enviada por el Órgano de Control Interno – OCI, el burgomaestre se niega a cesarlos, sobre todo porque sobre ellos también pesa la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
Como salida, la administración Gasco, en defensa de sus funcionarios, señala que se esperará el pronunciamiento de la Corte Suprema de la República al recurso de casación que ambos funcionarios han presentado contra la sentencia emitida a fines de enero en el caso de la Galería Nicolini, en Lima, en el que fueron hallados responsables del delito de omisión de funciones.
Sin embargo, la casación es procedente solo en dos circunstancias: de manera ordinaria cuando la condena establecida es superior a los seis años, figura inaplicable para el presente caso, o, de manera extraordinaria, cuando el proceso pueda significar aportes para la mejora jurisprudencial.
LA SENTENCIA
El 31 de enero pasado la Cuarta Sala Especializada en los Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, emitió su fallo en el Expediente N° 04686-2017, confirmando la sentencia del 30 de julio del 2018 contra Cristian Rosenthal Ninpaytan, Mario García Martínez y otros.
A los ahora funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo se les halló como autores del delito contra la administración pública en su figura de omisión en cumplimiento de sus funciones en agravio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por lo que fueron condenados a un año de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución y condicionada por el mismo período al cumplimiento de reglas de conducta.
Además, ambos quedaron inhabilitados por la autoridad judicial conforme al inciso 1 y 2 del Artículo 36 del Código Penal por el término que dure la sentencia.
Fijó, además, 50 días multa con razón de tres soles diarios de su renta equivalente al 25 % de su ingreso diario que abonarán los sentenciados a favor del Tesoro Público, así como el pago de una reparación civil a favor del Estado ascendente en 30 mil soles.
HECHOS IMPUTADOS
A Rosenthal Ninpaytan y García Martínez se les imputó haber omitido y retardado, ilegalmente, actos y funciones correspondientes a sus cargos, en sus condiciones de Gerente de Fiscalización y Control y Subgerente de Operaciones y Fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respectivamente, trasgrediendo con ello las disposiciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la comuna, aprobado por la Ordenanza N° 812-MML y sus modificatorias (Ordenanza N° 2041), funciones prescritas en los artículos 163 (Gerencia de Fiscalización).
Estas disposiciones estaban relacionadas a las operaciones de fiscalización, control, detección de infracciones, imposición de sanciones, visitas de seguridad, inspecciones técnicas de seguridad, medidas de defensa civil, entre otros, del Centro Comercial Nicolini, ubicado en el Jirón Huarochirí 424 del cercado de Lima.
Como se recuerda, el incendio ocurrido en junio del 2017 en la galería Nicolini dejó como saldo dos jóvenes trabajadores muertos y más de mil comerciantes perjudicados. Los bomberos tardaron siete días en rescatar los cuerpos de las víctimas de siniestro, que develó las condiciones en las que trabajaban.
El contralor de la República, Nelson Shack Yalta, ha señalado que la institución de control esperará el pronunciamiento judicial para determinar qué acciones tomar.
“El funcionario ha sido sentenciado en segunda instancia, pero el caso se encuentra en casación y por lo tanto no ha terminado. Cuando ya se tenga una sentencia firme recién deberá procederse a la separación del funcionario, porque lo contrario el alcalde incurriría en una irregularidad”, aseveró el jefe máximo de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, especialistas en derecho penal refieren que la suerte de los funcionarios de Gasco Arrobas está echada, pues son amplias las posibilidades de que el recurso de casación sea declarado improcedente.
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