Son la voz de la experiencia. Así define Max Santolaya Silva a la Asociación Civil Integración Lambayeque – ACIL, grupo conformado por connotados representantes de la sociedad civil, quienes buscan ser puentes de diálogo entre las autoridades, ante la difícil situación por la que atraviesa el departamento, golpeado no solo por la pandemia del COVID-19, sino por la falta de obras de real impacto social.
“Nacimos como una asociación para ponerle paños fríos a las controversias y los enfrentamientos. Esta cuarentena nos ha puesto muy agresivos y lo único que sabemos hacer bien es pelear, enfrentarnos, obstaculizarnos y el desarrollo no nos importa nada. Por esos personalismos, por esa indiferencia, hemos descuidado el desarrollo de nuestra región”, sostiene.
Santolaya Silva, quien ha sido congresista y también presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, apunta que otro de los objetivos de ACIL es compartir la experiencia adquirida por sus miembros a lo largo de los años, para así aportar en la formación de mejores decisores públicos.
“Esta es la respuesta que damos quienes nos hemos integrado. Somos una especie de club de la experiencia, donde todos hemos ocupado cargos públicos o trabajos de gran responsabilidad. Esa experiencia queremos transmitírsela también a los chicos que salen de las universidades con mucha teoría, con muchos títulos, pero han dejado de lado la práctica”, indica.
AGUA
Manifiesta que, producto de los enfrentamientos, en Lambayeque se han dejado de hacer muchos proyectos. Por ello, refiere que una de sus consignas como asociación es que toda crítica debe ir acompañada de una alternativa de solución, a fin de no ser solo un grupo que cuestione, sino que sea propositivo.
En ese sentido, refiere que ACIL postula una solución para que la gran mayoría de lambayecanos cuente con agua potable las 24 horas del día y libre de metales pesados: traer por gravedad el recurso hídrico directamente desde el Reservorio de Tinajones.
“A grandes problemas, grandes soluciones. En el 90 sustenté un proyecto de ley para darle agua de Tinajones a todo Lambayeque por gravedad, entubada. Me dijeron que estaba loco, que no se podía, que no había dinero. Yo demostré que sí, porque si le añadimos 10 soles a cada recibo de agua que se factura, en tres años pagaríamos la obra. Así tendríamos agua las 24 horas del día y los 365 días del año en todos los centros poblados de Lambayeque, menos Olmos, que por la altura no podríamos llegar, pero si tendríamos desde Zaña hasta Motupe”, asevera.
Señala que el agua de la laguna Boró es cancerígena, ya que contiene los residuos de los herbicidas usados para los cultivos de arroz y caña de azúcar.
“EPSEL está intervenida por OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento), pero ¿qué se ha hecho? Nada. Trajeron directivos de Lima que no conocen la realidad, mientras nosotros seguimos tomando agua de Boró, laguna donde tú metes la mano y sacas medio metro de barro podrido, cancerígeno”, anota.
OTROS PROYECTOS
Asimismo, indica que como ACIL también lucharán por la construcción de un verdadero terminal pesquero para Lambayeque, pues el de San José lleva ocho años en construcción y hasta ahora no se culmina; mientras que otros departamentos vecinos, como Piura, cuentan con 14 desembarcaderos.
De igual forma, refiere que trabajarán por la concretización del Terminal Marítimo de Puerto Eten, pues han pasado cuatro gestiones regionales (dos de Yehude Simon Munaro y dos de Humberto Acuña Peralta), pero no se ha avanzado lo suficiente.
“Hay una anarquía gubernamental en Lambayeque, donde los líderes son incapaces de sentarse en una mesa de diálogo para ponerse de acuerdo. Que peleen en su casa todo lo que quieran, pero en las cosas de la ciudad obligatoriamente tienen que ponerse de acuerdo, porque para eso se les eligió. Esta vez el gobernador y el alcalde eran del mismo partido, pero no lograron ponerse de acuerdo en nada. Yo de nota les pongo un cinco, si es que no es menos”, apunta.
En tanto, advierte que ACIL también cumplirá un rol fiscalizador, pues considera que los órganos de control, tanto de las municipalidades, el gobierno regional, como la misma Contraloría, han fallado en su labor de supervisar el transparente uso de los recursos públicos.
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