Entre muchos proyectos, el otro sueño del gobernador Anselmo Lozano Centurión es la realización del Terminal Portuario para Lambayeque.
Comenzó precisamente al inicio de su gestión, en enero de 2019 y continúa hasta hoy en que, durante el reciente foro organizado por la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria, recordó las acciones adoptadas en favor del proyecto y su intervención incluso ante el Tribunal Constitucional para que las tierras del proyecto no sean arrebatadas al puerto.
Ese año, 2019, el gobernardor Lozano Centurión, supo que las 5,500 has del área de influencia del Terminal Marítimo de Eten no estaban saneadas, por lo que se planteó que a través del Gobierno Regional se buscara financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas para revertir tal situación.
Incluso hubo un acuerdo al respecto en la reunión de trabajo que sostuvieron los equipos técnicos de la región y del Grupo Aéreo N° 06, presidido entonces por el coronel FAP, Gustavo Orbegoso Schuler. Allí se precisó que dicha área había sido tasada en 30 millones de soles por lo que se requería buscar el financiamiento ante el Gobierno Nacional a fin de sanear la propiedad del futuro terminal portuario.
Un mes después, la autoridad regional se reunió con el presidente de la República, Martín Vizcarra, a quien le demandó, entre otros proyectos para Lambayeque, la realización del terminal marítimo de Puerto Eten, “proyecto que dinamizará la economía regional”, dijo. Entonces, el mismo presidente Vizcarra enfatizó de la gran oportunidad en Puerto Eten, que venía siendo impulsada desde un tiempo y que a partir de enero de ese año pasó a Pro Inversión.
En marzo, durante su exposición ante el Consejo Regional de Lambayeque, el gobernador precisó que el Estado no puede invertir ni un sol en lo que no está saneado y afirmó su deber de garantizar los intereses públicos y ponía de conocimiento al pleno que no existía el saneamiento físico legal del Terminal Portuario; por lo que, dijo, era necesario sincerar la situación actual del proyecto donde hasta esa fecha ya se había invertido 5 millones de soles.
"Soy un soñador de estos proyectos de impacto y espero se logre ejecutar; sea con fondos públicos o privados, pero primero debe garantizarse desde el inicio la inversión y la seguridad jurídica", remarcó entonces, el 2019, señalando que la gestión anterior había suscrito convenios marcos y específicos con la Fuerza Aérea del Perú para la cesión de 5,000 hectáreas; pero, no obstante, indicó, en estos no se habían detallado los costos de los compromisos asumidos.
Frente a las dificultades
Ahí se conoció los problemas de superposición de terrenos, correspondiente a 26,375 has de la FAP y 763.30 has inscritas a nombre del Gobierno Regional de Lambayeque. También, sobre los problemas judiciales que rondaban al proyecto del terminal marítimo de Puerto Eten, como el proceso de reivindicación de 77.33 has sobre el área inscrita por el Gobierno Regional de Lambayeque; y la acción de amparo de Inversiones Stop por la cesión del derecho de superficie cedido a esa empresa por la Municipalidad de Puerto Eten por un período de 60 años, ascendente a 1,368.48 has.
En efecto, en esa oportunidad, la empresa Inversiones Stop reclamaba la concesión de 1,300 hectáreas otorgada por la Municipalidad de Puerto Eten. No obstante, el Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, falló a favor del Gobierno Regional de Lambayeque argumentando que el Concejo Distrital nunca sesionó para tomar tal decisión, sino que fue una adjudicación hecha directamente por el exalcalde, Pedro Abelardo Sánchez Chima, en el año 1998.
Finalmente, en marzo de ese año y por mayoría, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de amparo presentada por Inversiones Stop en su último intento por recuperar las 1,368 hectáreas. La decisión fue saludada por el gobernador, considerando que quedaba allanado el camino para promover la ejecución de este anhelo lambayecano.
El máximo órgano de Garantías Constitucionales concluyó que las resoluciones materia de cuestionamiento y que favorecían al terminal marítimo, se encontraban debidamente motivadas, pues contaban con los fundamentos fácticos y jurídicos que justificaban las decisiones en ellas contenidas, “no habiéndose afectado por tanto ninguno de los derechos cuya tutela demandó Inversiones Stop”.
Para recordar, cabe señalar que el fallo favorable del Tribunal Constitucional por mayoría fue suscrito por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa y Ramos Núñez; en tanto que el magistrado Ernesto Blume Fortini se había pronunciado con un voto singular declarando fundada la demanda.
Los antecedentes de Inversiones Stop
La empresa Inversiones Stop había interpuesto demanda de amparo ante el TC contra el Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y el procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial.
En ese contexto, pretendía la nulidad de la Resolución Nº 42 del 3 de abril del 2007 mediante la cual se declaró fundada la demanda sobre la nulidad de acto jurídico de la concesión, la resolución de vista del 31 de julio del 2007 que confirmó la sentencia de primera instancia y la casación N°4433-2007 del 12 de octubre del 2007 que declaró improcedente el recurso de casación interpuesto.
En las tres instancias se había fallado a favor de la nulidad del contrato de concesión del derecho de superficie otorgado por la Municipalidad Distrital de Puerto Eten a favor de Inversiones Stop SA, por el que se cedió por espacio de 60 años prorrogables 1,368 hectáreas del área de influencia del Terminal Marítimo de Puerto Eten, así como la nulidad y la cancelación de los asientos registrales respectivos. Tales actos jurídicos datan del 5 de octubre de 1998 y fueron suscritos por el entonces alcalde de Puerto Eten y el gerente general de Inversiones Stop.
El 22 de enero del 2019, el Tribunal Constitucional admitió la intervención de la Municipalidad de Puerto Eten en calidad de litisconsorte pasivo debiendo ser notificada con la demanda para que pueda formular las alegaciones y ofrecer los medios probatorios que a su derecho convengan. En abril de ese año se anunció que el gobernador Anselmo Lozano participaría en la audiencia de vista de causa del amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por Inversiones Stop por la concesión de 1,300 hectáreas.
La autoridad regional acompañó al procurador público regional, Abog. Edouard Marino Mera Samamé, quien expuso los fundamentos de defensa del área inscrita a nombre del Gobierno Regional y que fue adjudicada irregularmente por la municipalidad a la referida empresa.
En su intervención, Lozano Centurión instó a los magistrados a resolver en favor del desarrollo de Lambayeque. “Nos interesa nuestra región; y hoy está en sus manos, señores magistrados, el desarrollo de Lambayeque”, expresó ante el pleno.
“Cuando expuse el informe de hechos ante el Tribunal Constitucional, lo hice teniendo como sustento la Ley Orgánica de Gobiernos Locales”, señaló en referencia a que el entonces alcalde entregó la concesión sin considerar el acuerdo de Concejo, es decir, lo hizo a título personal. “Dije entonces que esto tenía que ser desechado por el Tribunal Constitucional y darle la razón a la región; no se podía crear un mal precedente e ir contra los derechos y desarrollo de Lambayeque", remarcó entonces el mandatario regional.
Una vez más. el gobernador demostró su compromiso e interés de que el anhelado proyecto del Terminal Marítimo sea una realidad. Así, se mantenía la esperanza que la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional sea en favor de Lambayeque y su desarrollo.
Proyecto para las 5 regiones
Ahora, al recordar todos estos antecedentes, el mismo gobernador regional ha anunciado que su despacho convocará a los gobernadores de Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto para trabajar acciones conjuntas que deriven en la consecución del Terminal Portuario de esta parte del país, en Puerto Eten, “porque entendemos la importancia de este como un megaproyecto, porque grandes empresarios, nacionales e internacionales, se interesarían por la inversión no solo en Lambayeque sino en la macrorregión", dijo Lozano.
Tal versión la dio durante el Foro Terminal Portuario Regional, organizado por la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio de Lambayeque, en el que dio a conocer las líneas de acción próximas a desarrollarse por la entidad que preside.
El titular del GORE dijo que la región se adhiere a los lineamientos estratégicos nacionales referidos al tema y que en tal sentido desde aquí se implementarán hasta cuatro líneas de acción para el desarrollo portuario.
Según el gobernador, dentro de las líneas de acción consideradas, se buscará promover el fortalecimiento del marco institucional del Sistema Portuario Regional; se potenciará la modernización de la infraestructura y conectividad portuaria; se fomentará la competitividad de las actividades y servicios productivos que dinamicen el comercio exterior regional y se buscará integrar, de manera sostenible, la relación puerto-ciudad, minimizando los impactos ambientales.
El único medio
A manera de anécdota periodística, cabe recordar que el Semanario Expresión, fue el único medio que dio a conocer en calidad de primicia, la concesión de la Municipalidad de Puerto Eten en 1998, de más de 1,368 hectáreas por 60 años a Inversiones Stop.
Nuestro trabajo periodístico ameritó la intervención de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que con su informe N° 324-2003 aprobó que se declare nula la concesión, pero además que el Ministerio Público denuncie a los implicados por colusión, cohecho propio, aprovechamiento indebido del cargo, encubrimiento real, omisión de denuncia y corrupción de funcionarios.
El proceso de nulidad de acto jurídico fue iniciado por el Gobierno Regional de Lambayeque, que a través de su Procuraduría Pública entabló la acción judicial en salvaguarda de los intereses del Estado y porque de acuerdo a la Ley de Descentralización y su Ley Orgánica, es de su competencia la administración de terreros de propiedad estatal dentro de su jurisdicción.
Preocupaba además a Expresión el hecho público de la promoción que, EL 2015 hacía Raúl Diez Canseco Hartinger, hijo del ex vicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco Terry, quien, a nombre de Inversiones Stop, llevaba por el mundo la propuesta de construcción del proyecto Megapuerto Eten, amparándose en la aún irresuelta legalidad de la concesión de 1998. Así, hubo de registrarse una serie de recursos legales interpuestos por esa empresa que se arrogaba la propiedad de las tierras donde se construirá el megapuerto lambayecano. Hasta que, tras varios años en disputa, el Tribunal Constitucional decidió la ilegal concesión de dichos terrenos.
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