Hasta el momento, los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán han realizado nueve marchas en Chiclayo hacia la sede del Ministerio Público. Su objetivo es llamar la atención de los operadores fiscales ante la evidente lentitud con la que se tramitan las carpetas abiertas contra los exadministradores judiciales de la azucarera, a quienes responsabilizan de la crisis que esta enfrenta, afectando a más de dos mil familias.

“El Ministerio Público sigue mostrando su indiferencia con el drama que viven miles de familias en Tumán, a quienes hace ocho años se les quitó el sustento diario, cuando la empresa fue tomada por asalto por verdaderas organizaciones criminales que lo único que han hecho es despilfarrar el patrimonio de nuestra agroindustrial. Hay trabajadores que en ocho años no han recibido ni un solo sueldo, mientras los que han usurpado el control de la empresa se han enriquecido a vista y paciencia de las fiscalías”, señala Vicente Castillo Nicolás, dirigente de los trabajadores.

La crisis en la azucarera inició en el 2015, con la instalación de la irregular administración liderada por Marcelino Llontop Suyón. Desde entonces, la capacidad productiva de la empresa empezó a reducirse hasta desaparecer.

“Lo que pedimos es que la Fiscalía de Crimen Organizado avance con las denuncias que se han presentado contra los exadministradores Marcelino Llontop, Daniel Rioja, Leoncio Egúsquiza, Alejandro Zevallos, César Sandoval y todos los que han tenido responsabilidad en el daño patrimonial a Tumán”, asevera.

Se estima que las pérdidas ocasionadas por las exadministraciones judiciales instaladas desde el 2015 en adelante, superan los 200 millones de soles. Dicho monto se desprende de la pericia contable y financiera que ha sido alcanzada al Ministerio Público.

Las carpetas

Son en total cinco carpetas fiscales las que existen en el Ministerio Público de Lambayeque, siendo la primera, la 18-2018, la que mayor avance ha tenido al pasar a la etapa de formalización de la investigación preparatoria, a cargo del fiscal José Jaramillo Cubas. Esta comprende a César Sandoval Lozada, Paquita Pérez Vásquez, Euler Zuñe Montalvo, Alex Neira Guerrero y Helen Gonzales Sánchez, esto por la gestión que desempeñaron en la empresa Tumán como parte de una administración judicial en el año 2015, cuando se inició el proceso de crisis en la azucarera. Uno de los delitos imputados es organización criminal.

Otras carpetas son: la 2016-2021, en la que se encuentra Marcelino Llontop Suyón, Diomedes Bocanegra Irigoín, Jorge Paredes Delgado, Fernando O’phelan Pérez, Sergio Gavilán Montesinos y otras personas más (un total de 32 imputados), por los delitos de lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado; la 7-2022, en la que se involucra a Leoncio Egúsquiza Sánchez y otros, así como la carpeta 20-2022, donde se investiga a Daniel Riojas Sánchez, Martín Martínez Valdiviezo y Salatiel Marrufo Valcárcel por hechos sucedidos en la administración judicial comprendida desde el 21 de marzo del 2017 al 24 de septiembre del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 30 de enero del 2018.

En la quinta carpeta es la 34-2022 se investiga a Erick Benavides y otros.

Protestas seguirán

Los trabajadores advirtieron que seguirán protestando ante la inacción del Ministerio Público y anunciaron que organizan una marcha de sacrificio desde Tumán a Chiclayo, con similar convocatoria a la marcha realizada hace semanas en el distrito, donde más de cuatro mil personas salieron a las calles exigiendo una salida definitiva a la crisis en la empresa.

“Tumán está en completo abandono y lo que nos resulta inconcebible es que el Ministerio Público ahora haga las veces de Poder Judicial, al haber emitido disposiciones que le permiten a Alejandro Zevallos disponer de las tierras. Están alquilando y vendiendo el patrimonio de Tumán sin tener ninguna facultad para hacerlo”, denunció. 

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