Más de tres mil trabajadores salen constantemente a protestar, a llamar la atención de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, pues asegura que no atienden sus denuncias para aplicar todo el peso de la ley a los dirigentes que llevaron a la empresa a la quiebra.

La Empresa Agroindustrial Tumán poseía 7,500 hectáreas de caña y parte de ellas se han perdido, pues han sido invadidas, alquiladas o embargadas por supuestas deudas. La empresa facturaba por venta de azúcar al año 150 millones de soles, hoy en día “cero”.

Tumán tenía una producción de azúcar de 2 millones de bolsas de 50 kilos anuales.

Los sembradores de caña, que antes utilizaban el ingenio tumaneño para moler, hoy recurren hasta ingenios de La Libertad, haciendo más de 200 kilómetros de recorrido de Chiclayo a Trujillo o hasta Olmos, al ingenio de Agrolmos, empresa del Grupo Gloria. El cierre del ingenio de Tumán también ha afectado a los sembradores lambayecanos.

Hace una semana aproximadamente 500 personas, entre trabajadores, jubilados y amas de casa del distrito de Tumán, marcharon nuevamente hacia el Ministerio Público, indignados por la indiferencia de las autoridades fiscales y judiciales.

Denuncian que su proceder es estéril para poner alto a la ola de robos en su planta industrial,  hechos en los que estarían involucrados dos administraciones de hecho, dirigidas, según afirmaron los manifestantes, por Jesús Moreno, Alejandro Zevallos y Leoncio Egúsquiza, quienes no sólo se disputan el control de la azucarera, sino además permitirían sustraer y venden a diario equipos valiosísimos de la fábrica.

Pérdidas millonarias

El presidente del Frente de Defensa de los Trabajadores, Vicente Castillo Nicolás, denunció que las administraciones judiciales fraudulentas que tomaron la dirección de la empresa a partir del año 2015, han reconocido deudas inexistentes, una de tres millones 300 soles, pagando el 120 % anual de intereses y una Letra de Cambio firmada por el cuestionado Salatiel Marrufo por un millón 800 mil soles, que dio origen a una administración judicial de Bongará, región Amazonas, que luego de un año de vigencia fue anulada por ilegal.

Señala también que se han encontrado contratos con obligaciones que comprometen el futuro de la empresa, también en la azucarera Pucalá, se utilizó las mismas modalidades con grave afectación de su patrimonio, dando lugar a una crisis que cercenó parte de su área agrícola y lo condujo a un proceso concursal ante Indecopi.

“Estas acciones concertadas se realizaron para provocar el caos social y económico tanto en Pucalá como en Tumán, con el predestinado propósito de propiciar el cierre de sus plantas industriales, perjudicando la economía de miles de trabajadores y de cientos de cañicultores que no tienen más opción de vender su materia prima al precio de hambre que les imponen estos grupos económicos, dejando en la intemperie social a miles de familias de Pucalá y de Tumán”, dijo.

Los manifestantes esperan que las autoridades del departamento de Lambayeque, ante la flagrancia de los hechos, adopten medidas para evitar un mayor perjuicio social y económico en los cañicultores y trabajadores de estas agroindustriales.

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