Para el periodista y analista político Fernando Noblecilla Merino, la problemática del sector azucarero, concentrada principalmente en la situación que atraviesan las excooperativas Tumán y Pucalá, debe ser abordada con un diálogo amplio y permanente, en el que participen todas las partes involucradas sin distinción algunas.
Noblecilla Merino, quien participó como panelista en el fórum: Tumán: problema y posibles soluciones, realizado por el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE, indicó que la situación de crisis en el caso de la azucarera Tumán responde a los diferentes intereses que se han antepuesto al beneficio común, principalmente de los trabajadores.
“Pocos logran entender la complejidad de Tumán, donde se tiene una empresa al 100 % vinculada con la comunidad, donde toda la economía local gira en torno al funcionamiento de la azucarera, pero de qué economía podemos hablar si la empresa está en crisis hace ocho años. Esto lleva a reflexionar sobre los caminos que se deben seguir para devolver el orden y la productividad a la azucarera, siendo el diálogo el punto de partida”, señala.
En su análisis, Fernando Noblecilla considera que para el diálogo deben participar los actores públicos, como autoridades nacionales, regionales y locales; los trabajadores, representados en sus diferentes organizaciones debidamente reconocidas y legalizadas; los accionistas, que tienen autoridad societaria sobre la empresa; los jubilados, viudas y herederos, y los acreedores.
“Hubo en algún momento el esfuerzo de convocar a una mesa de diálogo, pero el esfuerzo se diluyó precisamente por falta de respaldo desde los actores políticos, que son los primeros llamados a insistir en una solución, porque aquí no se trata de un problema aislado de una empresa cualquiera; se trata de un problema social que a la vez afecta directamente a la economía regional. Son más de dos mil trabajadores que no gozan de ningún beneficio laboral desde hace más de ocho años. ¿Qué está haciendo el Estado por resolver el problema de Tumán? Nada”, cuestiona.
Presencia judicial
Añade que otro factor determinante en el problema azucarero es la participación del sistema de justicia, no sólo del Poder Judicial, a través de los juzgados que han instalado administraciones judiciales, sino también del Ministerio Público, “cuyo deber es investigar y buscar sanción”.
“Por décadas el Poder Judicial se ha impuesto como árbitro de un asunto eminentemente societario y en base a resoluciones unas más cuestionables que otras hizo de la instalación de auxilios judiciales, como las administraciones, una situación recurrente, sin considerar que cada decisión generaba más convulsión. ¿Cuántos jueces han sido sancionados o destituidos por emitir resoluciones sobre las azucareras? ¿Cuántos miles de soles se han destinado al pago de asesoramiento jurídico? ¿Alguien ha investigado sobre el millonario negocio que para ciertos abogados representa el lío en las azucareras?”, remarca Fernando Noblecilla.
Siguiente paso
En ese sentido, el periodista considera que la apertura al diálogo puede ser liderada por la sociedad civil. “El diálogo sin distinción alguna, pero con un objetivo claro de buscar soluciones al problema”.
“El esfuerzo del CONREDE, de convocar al primer panel para tratar el tema, puede no haber sido del agrado de algunos, sobre todo de quienes han sido parte del origen de la crisis. Algunos han dicho que los especialistas convocados no representan al sector azucarero, que no son dirigentes ni trabajadores, y claro se valen de eso para desacreditar la trascendencia del panel. No logran comprender que los colegios profesionales necesitan nutrirse de argumentos técnicos y razonables que le permitan tener una visión amplia del problema porque su nivel de coordinación es justamente en el plano académico. Ojalá que el esfuerzo vaya más allá y sea CONREDE el impulsor de una mesa de diálogo sobre el sector”, manifiesta.
respuesta de ORLANDO JESÚS ESPINOZA SALCEDO el 2024-06-26.
ESTARÍA DE ACUERDO CON LA OPINION DEL OCI, ES SERVIDOR DOCENTE DE LA LEY 24029 Y 29944 Y LA FUNCIÓN DE DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA EN FORMA ESPECIAL ES FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y NO TIENE TÍTULO PROFESIONAL AL 2019. ATENTAMENTE, CONTESTAR 932965798-WHATSAPP.
respuesta de OSCAR DÃAZ CASTRO el 2019-05-27.
LA OCI NO HA TOMADO EN CUENTA LA LEY N°.29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL LO QUE PRESCRIBE EL ART. N°.6 . ArtÃculo 6 FORMACIÓN INICIAL La formación inicial de los profesores se realiza en institutos y escuelas de formación docente de educación superior y en las facultades o escuelas de educación de las universidades, en no menos de diez semestres académicos, acreditadas por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), considerando las orientaciones del Proyecto Educativo Nacional, con una visión integral e intercultural, que contribuye a una sólida formación en la especialidad y a una adecuada formación general pedagógica. Los estudios efectuados en los institutos y escuelas de formación docente son convalidables en las universidades para realizar cualquier otro estudio. Los estudios de complementación para obtener el grado de bachiller tienen una duración mÃnima de dos semestres académicos. Los tÃtulos profesionales otorgados por ambas instituciones son equivalentes para el ejercicio profesional y para el desarrollo en la Carrera Pública Magisterial. Los criterios e indicadores que el Ministerio de Educación apruebe para las evaluaciones establecidas en la presente Ley son coordinados con el SINEACE, a efectos de que sirvan como un elemento vinculante para la formulación de estándares de acreditación de las instituciones de formación docente y la certificación de competencias profesionales para la docencia.
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