Durante su participación en el foro: “Tumán: 3000 trabajadores impagos hace 10 años”, organizado por el Conrede Lambayeque, el decano del Ilustre Colegio de Abogados, Enrique Rodas Ramírez, explicó – tomando como base su experiencia de juez superior de la corte local – que una solución posible es la instalación de un juzgado ad hoc en el que se revisen todos los procesos vinculados a las empresas azucareras, sobre todo los de la agroindustrial Tumán.
“Hay muchas posibilidades y propuestas que se pueden hacer frente al problema de Tumán, pero hay que analizar el tema. Si el problema legal no se resuelve ningún inversionista va a venir, se necesita seguridad jurídica. Por eso yo propongo que políticamente se cree un juzgado ad hoc para tratar exclusivamente los casos de las excooperativas. Lo mismo debe hacerse en el Ministerio Público, una fiscalía a exclusividad. No podemos permitir que se siga repitiendo la historia de procesos y denuncias presentados, investigaciones eternas que nunca terminan, y los responsables de la crisis siguen impunes. Los jueces y los fiscales se caen en la noticia”, señaló Enrique Rodas.
El exmagistrado dijo que los jueces aplican las leyes existentes, por lo tanto es necesario que también se genere consciencia a nivel legislativo, pues es en ese ámbito donde se aprueban las normas que rigen el ordenamiento jurídico del país.
“Si el juez no aplica la ley, prevaricato. ¿Y si la ley está mal dada? Necesitamos que el Congreso tome al toro por las astas y permita que se dé este espacio especial para resolver el asunto de las excooperativas, que como lo dije hace diez años, pasa por concentrar en juzgados ad hoc, con jueces que no sean de Lambayeque, todos los casos y de esta manera garantizar justicia de verdad. Si no se hace eso no habrá seguridad jurídica que ofrecer a ningún inversionista”, manifestó.
Proteger la inversión
El decano del ICAL refirió que si bien es necesario buscar inversión responsable y sostenida para lograr el reflotamiento de la azucarera Tumán, también es importante resolver las controversias judiciales, precisamente para evitar que en el futuro nuevos mecanismos se activen y desestabilicen el orden recuperado.
“Las empresas deben tener inversión, producción y rentabilidad, y eso está bien. ¿De quién depende darle estabilidad jurídica a Tumán? Si no se le da estabilidad jurídica, nadie va a invertir y eso es lo que debe buscarse. Los que dan estabilidad jurídica son las instituciones del Estado. ¿Cuánto debe Tumán a la Sunat, a EsSalud, a la ONP? ¿Podría el Estado intervenir a través mecanismos como la protección patrimonial? Sí. Lo que propongo es que se resuelva el problema judicial, que es lo único que garantizará seguridad jurídica. Todos los papeles en manos de un solo juez, pero que no debe ser ni de Lambayeque, ni de Piura ni de La Libertad, para evitar que se contamine”, aseveró.
Representación legal
Dijo también que ante el problema de invasión de tierras propiedad de la empresa es imposible establecer una estrategia de defensa, pues legalmente la azucarera se encuentra acéfala.
“¿Quién tiene la representación legal de la empresa para denunciar la usurpación o pedir el desalojo? ¿Los trabajadores tienen dinero para el costo logístico que representa movilizar a cientos de policías para expulsar a los invasores? ¿Acaso no se dice que quienes tiene el control de facto de la empresa y los invasores hay un nexo, y usan testaferros para usurpar las tierras? ¿Quién está en poder de la empresa va a invertir para desalojar a sus propios aliados?”, precisó el decano del ICAL.
Recomendó que se inicien las gestiones ante el Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, a fin de encontrar una salida institucional al problema de la azucarera.
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